El zar anti Cóvid del gobierno de la “4-T”, Hugo López-Gatell, pretende burlarse del Poder Judicial y hacer como que no se enteró de la orden expedida el pasado martes por un juez federal para que todos los menores de 18 años sean vacunados.
En un acuerdo publicado el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud ordenó al personal de la Oficialía de Partes abstenerse de recibir todo tipo de documentación, “ incluyendo la recepción de notificaciones que realicen las autoridades competentes de los niveles federal y local”.
Según el Acuerdo, en un periodo que va del 11 al 18 de este mes, “se ordena el cierre total de recepción de documentos en las Oficialías de Partes de las Oficinas Directas del Secretario, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Oficina del Abogado General”.
Para que no queden dudas, el artículo tercero del Acuerdo señala: “Se instruye a las Oficialías de Partes de las Oficinas Directas del Secretario, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Oficina del Abogado General, abstenerse de recibir promociones, demandas, juicios de amparo, emplazamientos, requerimientos judiciales, así como cualquier otra notificación proveniente de las autoridades jurisdiccionales, contencioso administrativas, administrativas y del trabajo en todos sus ámbitos de competencia cuya atención le corresponda”.
El motivo que esgrime la Ssa para dar estas instrucciones es que se detectó presencia del virus del Cóvid-19 en las oficinas del secretario y del subsecretario, lo que obligó a tomar medidas de sanidad.
La realidad es que López-Gatell, que es quien en realidad manda en la Ssa, tomó como pretexto el Cóvid para evitar ser notificado del amparo que el pasado martes concedió el titular del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Naucalpan, para que todos los menores de 18 años sean vacunados sin importar si padecen o no alguna enfermedad crónica.
López-Gatell sabía que venía el amparo y por eso desde el lunes hizo publicar un Acuerdo en el DOF en el que se instruye al personal a no recibir notificaciones de ningún tipo.
Con eso, que se conoce en el mundo de la abogacía como una “chicanada”, López-Gatell pretende argumentar que como no ha sido notificado, no aplicará la vacuna a todos los menores de edad.
JC
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