Esto es lo que podría pasar con la economía de EE. UU. al etiquetar de ‘terroristas’ a los cárteles
Desvincular las operaciones de los cárteles de los intereses estadounidenses en México podría ser complicado. Las empresas de EE. UU. podrían verse atrapadas por pagos hechos a sus contrapartes mexicanas sin conocer sus vínculos con un cártel.
La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que designa a los cárteles mexicanos y otras organizaciones criminales como terroristas extranjeros podría obligar a algunas empresas estadounidenses a renunciar a hacer negocios en México en lugar de arriesgarse a sanciones estadounidenses, según exfuncionarios del gobierno y analistas, un resultado que podría tener un efecto importante en ambos países dada su profunda interdependencia económica.
La orden ejecutiva, que Trump firmó el lunes, tiene por objeto aplicar la máxima presión sobre México para frenar su peligroso comercio de drogas. La designación, en términos más generales, también da a su gobierno más poder para imponer sanciones económicas y restricciones de viaje, y potencialmente incluso para emprender acciones militares en países extranjeros.
Sin embargo, desvincular las operaciones de los cárteles de los intereses estadounidenses en México podría ser inmensamente complicado. México es el mayor socio comercial de bienes de Estados Unidos, y muchas empresas estadounidenses tienen operaciones de fabricación.
Y se torna más complicado, estas redes criminales han extendido sus operaciones mucho más allá del tráfico de drogas y el contrabando de personas. Ahora están incrustadas en una amplia franja de la economía legal, desde el cultivo del aguacate hasta la multimillonaria industria turística del país, lo que hace difícil tener la certeza absoluta de que las empresas estadounidenses están aisladas de las actividades de los cárteles.
“Esto ha surgido en administraciones anteriores de todo el espectro político y de miembros del Congreso que han querido hacerlo”, dijo Samantha Sultoon, asesora principal sobre política de sanciones y financiación de amenazas en los gobiernos de Trump y Joe Biden.
“Pero nadie lo ha hecho porque han analizado cuáles serían las implicaciones en las relaciones comerciales, económicas y financieras entre México y Estados Unidos”, agregó. “Todos han salido pensando que tal designación en realidad sería supermiope y poco considerada, aunque las administraciones anteriores veían la relación México-Estados Unidos de manera muy diferente a como parece hacerlo la administración entrante de Trump”.
La designación de terrorista extranjero podría acarrear graves sanciones —incluidas multas sustanciales, confiscación de bienes y cargos penales— a las empresas y particulares que paguen rescates o extorsiones. Las empresas estadounidenses también podrían verse atrapadas por pagos estándar realizados a empresas mexicanas que un cártel controla sin el conocimiento de las empresas estadounidenses.
Algunos pagos de extorsión, aunque se realicen bajo coacción, podrían considerarse “apoyo material” a los cárteles, afirmó Pablo Zárate, director gerente de FTI Consulting, una empresa estadounidense que publicó un informe en el que se exponen algunos de los riesgos de la designación terrorista.
Antiguos funcionarios y analistas estadounidenses señalaron que sería casi imposible identificar qué empresas pueden emplear a miembros de un cártel o estar afiliadas a ellos, dadas las decenas de miles de personas implicadas y que operan en diversas industrias, incluidos los sectores hotelero y agrícola. Los cárteles utilizan la economía legal para blanquear dinero, lo que podría significar que empleados involuntarios que trabajan en un complejo turístico o en una empresa de empaquetado de aguacates podrían estar técnicamente en nómina del cártel sin saberlo.
Como resultado, las empresas del sector financiero estadounidense, reacias al riesgo, pueden simplemente negarse a transferir dinero a una fábrica mexicana, por ejemplo, para facilitar la producción y el comercio transfronterizos, o a transferir dinero entre cuentas personales.
“Los bancos pueden rechazar a los clientes, porque pueden pensar que no vale la pena correr el riesgo si tienen vínculos con México”, dijo Eric Jacobstein, exfuncionario del Departamento de Estado en el gobierno Biden.
En última instancia, los bancos podrían decidir evitar sectores enteros percibidos como de alto riesgo, dijo Fabian Teichmann, abogado suizo y experto en financiación del terrorismo. Teichmann señaló el comercio de aguacates en México, donde los cárteles han ampliado drásticamente sus operaciones, como un área que podría ser objeto de un mayor escrutinio.
“Los bancos podrían decir: ‘No queremos estar cerca de quienes son considerados terroristas, así que queremos evitar ese riesgo’”, dijo Teichmann. “Desde una perspectiva bancaria, será una decisión muy razonable”.
Otro tipo de instituciones financieras que facilitan los pagos entre Estados Unidos y México también podrían verse afectadas, como Venmo o PayPal, que Elon Musk, íntimo confidente de Trump, ayudó a fundar.
La etiqueta de terrorista también podría empujar grandes partes de la economía de México más hacia lo informal, donde se utiliza dinero en efectivo en lugar de transacciones electrónicamente rastreables, lo que hace más difícil para los investigadores examinar las estructuras financieras de los cárteles, dijo Teichmann.
“Si la gente no puede realizar operaciones bancarias legítimamente, recurre a los llamados sistemas bancarios clandestinos”, dijo Teichmann.
En 2024, la Cámara de Comercio de Estados Unidos encuestó a 218 empresas y descubrió que el 12% de los encuestados afirmaba que “el crimen organizado ha tomado el control parcial de las ventas, la distribución y/o la fijación de precios de sus productos”.
La multinacional bananera Chiquita Brands fue declarada responsable en 2024 de los asesinatos cometidos por un grupo paramilitar colombiano de derecha que fue designado como organización terrorista. Chiquita Brands afirmó que había sido extorsionada por el grupo paramilitar y obligada a realizar pagos para proteger a sus empleados colombianos. Los demandantes, sin embargo, argumentaron que la empresa había pagado al grupo paramilitar para echar a los residentes y comprar tierras a valores más bajos.
La designación terrorista también perjudicaría a las empresas estadounidenses que están firmemente asentadas al norte de la frontera pero dependen de la mano de obra mexicana. La designación es tan amplia y vaga que los ranchos de Texas o las granjas de California podrían verse afectados por las sanciones si sus empleados envían remesas a familiares en México implicados en el crimen organizado.
Si las empresas de transferencia de dinero, como Western Union, también detienen las transacciones a México por la preocupación de investigar adecuadamente a los clientes mexicanos, podría afectar a las remesas de las que depende el país. Eso sería devastador para la economía mexicana, que recibió 63.300 millones de dólares en remesas en 2023, casi el 5 por ciento del producto interior bruto del país.
La designación de terrorista extranjero también podría allanar el camino para que Estados Unidos despliegue fuerzas dentro de México contra organizaciones criminales sin el consentimiento del gobierno mexicano, como lo hizo en Afganistán y Siria.
Pero Afganistán estaba ocupado por Estados Unidos y el gobierno de Siria perdió el control sobre gran parte de su territorio en los últimos años. Eso dio a Washington cierta cobertura bajo el derecho internacional para que el ejército estadounidense desplegara tropas y lanzara operaciones de fuerzas especiales para matar o capturar a líderes terroristas en esos países.
México, sin embargo, lleva más de 30 años cooperando con Estados Unidos para hacer frente a los cárteles. México podría amenazar con poner fin a la cooperación si se considera que Estados Unidos está violando la soberanía de México. Cuando la fiscalía federal de Estados Unidos detuvo al ex secretario de Defensa de México durante la primera administración de Trump, el gobierno mexicano interrumpió toda cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.
“Una acción unilateral sería catastrófica”, dijo Craig Deare, ex agregado militar estadounidense en la embajada de Estados Unidos en México en la década de 1990.
“Desmantelaría cualquier colaboración y décadas de esfuerzos republicanos y demócratas para construir una relación de defensa con México”, dijo, y añadió: “Si no les gusta la cooperación ahora, esperen a que México corte todos los lazos”.
El martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó una severa advertencia a Trump durante su conferencia de prensa diaria. “Siempre vamos a defender nuestra soberanía”, dijo Sheinbaum. “Todos queremos combatir a los cárteles de la droga, eso es evidente. Entonces, ¿qué hay que hacer?, hay que coordinar esfuerzos, hay que colaborar”, dijo.
“Y que sepan que la presidenta de la República siempre va a defender a México por encima de todo”, agregó la mandataria mexicana.
Simon Romero
es corresponsal del Times en México, Centroamérica y el Caribe. Reside en Ciudad de México. Más de Simon Romero
Maria Abi-Habib
es corresponsal de investigación con sede en Ciudad de México y cubre América Latina. Más de Maria Abi-Habib
c. 2025 The New York Times Company
No hay comentarios:
Publicar un comentario