Las políticas antimigrantes del pre-
sidente de Estados Unidos, Donald
Trump, giran de las redadas masi-
vas y de alta visibilidad pública con
miles de agentes hacia medidas más
discretas de detenciones en hogares
y sitios de trabajo de extranjeros sin
documentos ubicados mediante es-
pionaje digital, el uso de inteligencia
artificial para búsquedas en bancos
de datos públicos o mediante la coo-
peración con la policía y funciona-
rios locales. El gobierno asegura
que se aceleró el ritmo de estos
operativos de arresto.
“El Servicio de Control de Inmi-
gración y Aduanas (ICE, por sus
siglas en inglés) tuvo un número
sin precedente de arrestos en los
pasados cinco días, rompió todos
los récord. Diez mil detenciones”,
afirmó el zar fronterizo Tom Ho-
man. En entrevista con Fox News
el lunes, agregó: “tenemos mucho
trabajo por hacer, tenemos más
recursos con que hacerlo, verán
que estos números de capturas se
incrementarán”.
El reciente fallo de la Suprema
Corte que permite al Poder Ejecuti-
vo anular el estatuto de protección
legal temporal de haitianos y sirios
ayuda a este esfuerzo, resaltó Ho-
man. Dejó claro que el enfoque no
es –como antes aseguraba el gobier-
no– detener sólo a inmigrantes con
historial criminal. “Tenemos que
encontrar a los delincuentes y a los
que no lo son”, argumentó después
del fracaso de las redadas a gran
escala. Además, ante la oposición
y resistencia masiva en grandes
ciudades, como Mineápolis, Chica-
go y Los Ángeles, se reportó que el
subjefe de gabinete y arquitecto de
la política antimigrante, Stephen Mi-
ller, exigió al ICE usar otros métodos
para incrementar las detenciones.
Markwayne Mullen, secretario del
Departamento de Seguridad In-
terna, aseguró al medio derechista
Breitbart que para fines de agosto,
Estados Unidos logrará deportar
más personas que el total de 2025.
Documentos internos del gobier-
no revisados por The New York Ti-
mes sugieren que por lo menos en
un periodo de cinco días, a fines de
junio, esta táctica funcionó y que el
ritmo de arrestos de inmigrantes se
incrementó de mil a más de 2 mil
por día.
Pero evaluar estas estadísticas
por periodos más extensos es com-
plicado. Trump continúa emplean-
do como parte integral de su men-
saje político que los inmigrantes
“ilegales” son una amenaza al país.
Esta semana subió a sus redes so-
ciales viejas fotos de inmigrantes
negros detenidos en la zona limí-
trofe con México, con la frase: “la
frontera Biden”, y poco después pu-
blicó imágenes de niños de kinder
en Mineápolis que usan hiyabs. El
gobierno también ha buscado cul-
par a inmigrantes del incremento
en los costos de vivienda, a pesar de
que expertos señalan que no existe
evidencia de esta afirmación.
Desde el inicio de su gobierno,
una de las tácticas de Trump ha sido
generar condiciones de crueldad,
temor e incertidumbre para con-
vencer a inmigrantes indocumen-
tados a abandonar Estados Unidos
para evitar la detención, separación
de sus hijos y la pérdida de bienes.
La Casa Blanca afirma que como
resultado de estos esfuerzos más
de 2 millones de extranjeros se han
“autodeportado”. Sin embargo, ex-
pertos concluyen que las cifras son
mucho más bajas. Pero la táctica
está teniendo efectos.
“Sólo porque hay más detencio-
nes no necesariamente implica que
habrá más deportaciónes”, comen-
tó Ariel Ruiz Soto, analista de polí-
ticas del Migration Policy Institute
en Washington. En entrevista con
La Jornada, estima que parte del
incremento en los arrestos podría
ser resultado de mayor cooperación
entre el ICE y autoridades locales
en estados gobernados por republi-
canos o en áreas rurales.
El gobierno de Trump ha am-
pliado de manera dramática el nú-
mero de acuerdos bajo los cuales
gobiernos locales se comprometen
a trabajar con ICE para detener
a inmigrantes indocumentados.
Había mil 130 de estos pactos fir-
mados en 2025 y para julio de 2026
ese número se incrementó a 2 mil
78. “Pero si le damos seguimiento
a las tendencias de lo que ocurrió el
año pasado, aún quedarán cortos
del millón de deportaciones que de-
seaban”, agregó Ruiz Soto. Wash-
ington hasta ahora se ha rehusado
a ofrecer datos consistentes sobre
expulsiones.
Las nuevas tácticas están más en-
focadas a usar datos públicos para
ubicar a inmigrantes sin documen-
tos y después rastrear y arrestarlos.
El gobierno también ha ampliado
la cooperación con policías y otras
autoridades locales para capturar a
individuos que cometen infraccio-
nes de tránsito y otras violaciones
menores de la ley para ver si son
indocumentados.
Un nuevo grupo de trabajo fede-
ral, que incluye a los departamen-
tos de Seguridad Interna y Justicia
ampliaron las investigaciones a
empresas y realizado redadas en
sitios de trabajo para detener a
indocumentados.
Pero esta estrategia tiene con-
secuencias económicas locales.
“Granjas enfrentan carencia de
trabajadores al continuar las re-
dadas del ICE”, fue la cabeza de un
periódico en Virginia a finales de
junio. Un informe de la Brookings
Institution encontró que el arresto
de inmigrantes indocumentados
frecuentemente lleva al cierre de
empresas y comercios, con lo cual
se eliminan empleos de ciudadanos
estadunidenses. Pero los de línea
dura del gobierno tratan de ampliar
esos esfuerzos con los cuales “no se
llegarán a los niveles necesarios” de
detención y deportación, comentó
un funcionario federal a CNN.
Homan y Miller han indicado que
habrá una ampliación significativa
de detenciones como resultado del
fallo de la Suprema Corte que per-
mite anular el programa de protec-
ción de deportación temporal (TPS,
por sus siglas en inglés) de unos 350
mil haitianos y sirios, a quienes se
les otorgó esa condición por la vio-
lencia en sus países. Pero Ruiz Soto
duda que las expulsiones de los cari-
beños se lleven a cabo rápidamente,
al señalar que cuando esas mismas
protecciones fueron eliminadas
para venezolanos no hubo un gran
incremento de deportados.
Se ha reportado un incremento
de detenciones de inmigrantes que
llegan a tribunales para cumplir
con las citas en sus casos.
Estas medidas han provocado
disidencia entre las bases políticas
de Trump. “Pienso que deportar a
haitianos que cuentan con TPS de
regreso a su país sería un enorme
error”, afirmó el diputado federal
derechista Carlos Giménez en en-
trevista con CBS News el domingo.
“De los 350 mil haitianos legales
con TPS, aproximadamente un ter-
cio trabaja en el sistema de salud.
Acabar de inmediato con la protec-
ción creará una crisis en hospitales,
asilos y otros centros de atención
médica”, afirmó el legislador fede-
ral republicano Mike Lawler en sus
redes sociales.
Estas voces se suman a las de
otros políticos y bases republica-
nas, desde granjeros en lecherías
hasta el gobernador de Ohio, que
expresan preocupaciones similares
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miércoles, 8 de julio de 2026
Con uso de IA y espionaje, ICE rompe récord en detención de inmigrantes
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