COMUNICADO sobre la venta de armas y corbetas de guerra al
régimen saudí. PLATAFORMA DE SEVILLA CONTRA LA GUERRA.
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Gonzalez de la Blanca
17 sep a las 13:49
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Ojos para la Paz
Comunicado sobre la venta de
armas y corbetas de guerra al régimen saudí. Rogamos difusión.
Habría que agregar que, en el caso de Navantia (Astilleros),
la venta de corbetas se hace muy por debajo del precio de su construcción, por
lo que el estado (es decir, todos los españoles) está financiando estas
corbetas que ahora se venden a Arabia Saudí, lo que es inadmisible.
Por otra parte, personalmente no estoy a
favor de los parques eólicos marinos, que apuntan aquí como alternativa de
trabajo en Navantia. Hemos llenado la tierra de artilugios, no sigamos
ahora con el mar, que ya lo tenemos bastante degradado con los plásticos,
vertidos, maniobras de la OTAN, tráfico marítimo, redes a la deriva...
Plataforma de Sevilla contra la guerra. Andalucía por
la paz La falsa disyuntiva entre desempleo y venta de armas Comunicado sobre la
venta de armas y corbetas de guerra al régimen saudí. La decisión del gobierno
de continuar con la venta de armas a Arabia saudí no sólo es inmoral sino que
constituye en sí misma un crimen. Está fuera de toda duda que el régimen cuasi
medieval, corrupto y sanguinario de Arabia Saudí utiliza las armas que les
vendemos (no sólo el Reino de España sino también USA, Reino Unido o Francia)
para masacrar niños, bombardear mercados, centros médicos y hasta celebraciones
de bodas y funerales en esa guerra casi silenciada de Yemen. La vigente
legalidad española señala expresamente la prohibición de autorizar las
exportaciones "cuando existan indicios racionales" de que las armas
puedan "ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o
la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o
conflictos latentes, puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto
debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o
en situaciones de violación de derechos humanos o tengan como destino países
con evidencia de desvíos de materiales transferidos". La ley es bien
clara: el gobierno tiene la obligación legal de prohibir la exportación de
cualquier tipo de armamento a países como Arabia Saudí. A pesar de ello, el
gobierno que presidía Rajoy, despreciando la ley, autorizó el año pasado ventas
por valor de unos 300 millones de euros. Y en la actualidad se siguen vendiendo
y fabricando para el país saudita. La dependencia de nuestra política exterior
del intervencionismo militar de la Otan en África y Oriente Próximo, y la
presencia de bases extranjeras en Andalucía fuerzan la connivencia del gobierno
andaluz y de la mayoría de las fuerzas políticas andaluzas con esta «cultura»
mortífera de venta de armas y de militarización creciente de Andalucía. El que
miles de trabajadores se crean en la encrucijada de tener que elegir entre
aceptar ser fabricantes de muerte, cerrando los ojos al uso criminal de lo que
producen, o verse abocados al desempleo con todo lo que ello supone en un país,
como Andalucía, y una provincia, la de Cádiz, con altísimas tasas de paro, es
una realidad dramática que no debería ser excusa para demagogias, oportunismos
y simplificaciones. No se trata de condenar, sin más, a esos trabajadores
--abocados a una elección diabólica-- pero tampoco, o menos aún, de defender
que los puestos de trabajo puedan justificar cualquier cosa incluso la
violación de los más elementales derechos humanos, empezando por el derecho a
la vida. Fue la Unión Europea y los sucesivos gobiernos de nuestro país, y no
los trabajadores, quienes organizaron la llamada "reconversión
naval", cerraron la inmensa mayoría de los astilleros civiles y les han
abocado finalmente a esta elección diabólica como si fuera inevitable y ajena a
la voluntad política de los gobernantes. Desde una perspectiva legal, el que
esa prohibición (que es obligatoria) ponga en riesgo puestos de trabajo en la
industria militar (en la industria de la muerte) no afecta a su obligatoriedad.
Ahora bien, como el cumplimiento de la ley afectaría, a nivel inmediato, a
miles de familias de la Bahía de Cádiz y de otros lugares del estado (Ferrol,
Cartagena...), las Administraciones públicas (el gobierno y la Junta de
Andalucía, en nuestro caso) están obligadas, política y moralmente, a
garantizar que las posibles consecuencias de su cumplimiento no afecten
negativamente a su situación económica y social. Cómo lograr esto, qué medidas
tomar a corto y medio plazo (dentro del proceso, tan cacareado como vacío de
contenidos hasta ahora, del "cambio del modelo productivo") es lo que
tendrían que estar planteando y debatiendo "nuestros" políticos, y exigiéndolo
los sindicatos, en lugar de dedicarse irresponsablemente a echar leña al fuego
y a hacer demagogia barata para aprovecharse electoralmente de la angustia de
tantos trabajadores. ¿No sería el momento, ahora que se están negociando los
Presupuestos para el 2019, de estudiar medidas que aseguren las cargas de
trabajo que reclaman los trabajadores de Puerto Real? Difícilmente estaríamos
en esta situación, ni tantos miles de andaluces se verían abocados hoy a ese
(falso) dilema, si Andalucía no sufriera de dependencia económica,
subalternidad política y alienación cultural. Si tantos andaluces no hubieran
sido convencidos, anestesiando sus mentes, de que no hay alternativas a lo que
existe y que cualquier cambio sería a peor (que es el mensaje implícito en toda
la propaganda del régimen que padecemos). Claro que hay soluciones para romper
el (falso) dilema: desde una reconversión y pluralización productiva a medio
plazo a la implantación a corto de una Renta Básica Universal e Incondicional
que no haga depender al cien por cien la supervivencia a tener un empleo
(cualquier empleo, sin poder analizar sus condiciones, contenido y
consecuencias).
Los medios de comunicación asimilados por el sistema
escamotean, por ejemplo, a la opinión pública la existencia de alternativas
económicas como la que preconiza el Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR) al
recomendar una oportunidad real de hacerse con un mercado casi virgen: el
reciclado ecológico de buques (deconstrucción naval), evitando achatarramientos
infames como ha perpetrado Turquía con el portaaviones Príncipe de Asturias.
Este desguace sin las debidas condiciones se ha adjudicado en 2,4 millones de
€, una cantidad que hubiera venido muy bien a las depauperadas arcas de
Navantia. Y en el caso de la energía eólica off shore, entraríamos a formar
parte de la cadena de valor de esta energía limpia: construcción, equipamiento,
instalación, mantenimiento, suministro, reparación… de aerogeneradores en el
mar, una oportunidad desaprovechada en Navantia, que sólo se limita a la
construcción de subestaciones y estructuras de soporte a los parques eólicos
marinos. Es este un tema que ningún andaluz partidario de la paz puede
soslayar, estén cerca o lejos las convocatorias electorales. Analizar cómo
hemos llegado a esta aparentemente insoluble contradicción entre ética y
derechos humanos, por una parte, y necesidad de supervivencia, por otra, es
algo imprescindible si no queremos seguir caminando hacia un futuro terrorífico
en el que desaparecerían, incluso, los mejores valores culturales de nuestra
propia cultura y hasta podríamos desaparecer como pueblo, disueltos en la
alienación más total. Y tras analizar, debemos actuar necesariamente si
queremos decidir qué queremos ser en el futuro, si un país soberano o un pais
intervenido, si un territorio plagado de bases militares extranjeras o una
nación dueña de su destino y preocupada por su propia población, si defensora
de la paz o instrumento de guerras ajenas y lejanas. Porque estos y no otros
son los verdaderos dilemas a los que tenemos que responder.
Andalucía por la Paz
Plataforma de Sevilla contra la guerra
14 de septiembre de 2018
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PDF Plataforma de Sevilla contra la guerra Sobre venta armas y corbetas
guerra al régimen saudà 14-9-2018. (1).pdf
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