Abogados acusan a Segob de presentar pruebas falsas contra militares por caso Ayotzinapa; denunciarán a Encinas
La defensa legal de los cuatro militares vinculados a proceso por el caso Ayotzinapa acusó a la Secretaría de Gobernación (Segob) de presentar pruebas falsas en su contra, por lo que adelantó que presentará una denuncia penal contra el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
“Pedimos al subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (Covaj), deje de politizar las investigaciones, para que los padres de los estudiantes desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y tener acceso a la justicia sin sesgos ni manipulaciones”, dijo el abogado César Omar Gómez Hernández.
El anuncio de una probable denuncia contra Encinas coincide con la renuncia de Omar Gómez Trejo, fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, quien después de tres años se retiró del cargo debido a que no estuvo de acuerdo con los procedimientos para aprobar la cancelación de otras 16 órdenes de aprehensión que se presentaron contra mandos militares.
Foto: Cuartoscuro
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Desde el 18 de agosto, el gobierno federal dio a conocer la posible participación en el caso del general José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, quien presuntamente mandó a asesinar a seis de los 43 normalistas.
También informó sobre la implicación de los militares José Martínez Crespo, Fabián Alejandro Pirita Ochoa y Eduardo Mota Esquivel, razón por la cual fueron detenidos el 14 de septiembre y vinculados a proceso días después.
Ahora, la defensa de los militares afirmó que las acusaciones se sustentan únicamente en la versión de un testigo protegido identificado como “Juan”, que pertenece al grupo criminal Guerreros Unidos y en cuya versión “refiere datos falsos”.
Sobre el informe de la Comisión de la Verdad, los abogados aseguraron que este “se encuentra plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones, como la afirmación de que toda la información y productos obtenidos los han entregado a la fiscalía especial para el caso y al GIEI, lo que fue desmentido por este”.
Órdenes de aprehensión contra militares canceladas
La Fiscalía General de la República (FGR) canceló 21 órdenes de aprehensión, que había solicitado en agosto, contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes.
De acuerdo con el diario El País, de las 21 órdenes, 16 corresponden a las de militares acusados de delincuencia organizada, entre ellos, Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes en septiembre de 2014.
Esto significa que la fiscalía se arrepintió de haber presentado cargos criminales contra la cuarta parte de los acusados en la causa penal 15/2022, el último expediente que llevó ante tribunales por el caso Ayotzinapa.
Foto: Cuartoscuro
Por su parte, el abogado de las familias de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales, señaló que hay presiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la cancelación de órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del caso.
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La filtración sobre Ayotzinapa que podría beneficiar a los nuevos acusados del crimen
El pasado fin de semana Peniley Ramírez, del periódico Reforma, publicó una “filtración” en la que revela los datos confidenciales contenidos en el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que aparecían testados, es decir, ocultos en la versión que hizo pública, el 8 de agosto, el subsecretario Alejandro Encinas, sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace ocho años.
La versión sin censura, proporcionada por “una fuente que tenía acceso al informe sin testar”, aporta datos sobre las diferentes maneras cómo fueron asesinados los estudiantes. Cuestiona la “Verdad Histórica” presentada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, que indicaba que los 43 normalistas habrían sido quemados y sus cenizas arrojadas al río Cocula.
El documento filtrado a la reportera aporta datos que no habían sido divulgados.
“Casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche. Los criminales de Guerreros Unidos pensaron en quemarlos, pero eran muchos cadáveres y cambiaron de opinión. Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo […] A partir del 29 de septiembre, comenzó el encubrimiento. En los chats donde antes habían coordinado los asesinatos, criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterraban cuerpos para llevarlos al 27 Batallón de Infantería. Allí no entraría nadie. A mediados de noviembre, seguían desenterrando y moviendo cuerpos”. (Reforma, 25 de septiembre de 2022)
La filtración de los “nuevos datos”, en el contexto del octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, impacta los procesos judiciales en marcha, al revelar la identidad de los inculpados, con lo que se violenta el debido proceso de los presuntos involucrados.
El subsecretario Alejandro Encinas condenó la información publicada por Peniley Ramírez y manifestó que procederá legalmente. Al respecto comentó en Twitter:
"Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la @FGRMexico por la Comisión de #Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos".
"En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad. Solicito a la @FGRMexico que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración".
En su conferencia mañanera López Obrador se refirió a la filtración. Dijo que habría sido hecha “de mala fe” con el propósito de “manchar la investigación” e impedir la justicia.
“A lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, pero nada más que este no es un asunto nada más jurídico, es un asunto de justicia y de Estado”.
Con alguna intención, hace algunas semanas, una “fuente” buscó a Peniley Ramírez y le entregó una copia sin testar del informe de Encinas. Ese hecho lleva a las preguntas ¿Quiénes tuvieron acceso al informe sin testar de Alejandro Encinas? ¿Quiénes se benefician con la filtración del informe sin censuras?
El contexto de la filtración y su intención, entre otros, está en la confrontación que el informe de Encinas provocó con el Ejercito, cuando responsabilizó a los mandos que estuvieron al frente del 27 batallón, en 2014, con sede en Iguala, algunos promovidos de grado en años recientes y se encuentran en activo, lo que generó protestas en contra del subsecretario.
Los militares señalados en el informe se presentaron voluntariamente ante la justicia militar y argumentan su inocencia. No obstante, para los padres de los estudiantes desaparecidos los oficiales del ejército son los responsables de la ausencia de sus hijos y les permite continuar con su demanda de justicia y da vigencia a su exigencia “Vivos se los Llevaron, Vivos los Queremos”.
En su discurso López Obrador dice con frecuencia que existen intereses que no quieren que se aclare este asunto y no desean que se haga justicia. En este momento, la “fuente” solo podría ser catalogada como “fuego amigo”, como “puente hacia la impunidad” y la podrían encontrar en Palacio Nacional, Gobernación, Defensa Nacional o Fiscalía General de la Republica. Hasta podría ser explicada con la recomendación de Maquiavelo “que no sepa tu mano izquierda lo que hace la mano derecha”.
Posiblemente, de los cien compromisos de campaña de López Obrador, el de hacer justicia y encontrar la verdad sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, va a quedar pendiente y entrará a la historia como una deuda más del Estado. No están dispuestos a hacer justicia a costa de las alianzas políticas y de poder. Finalmente, los de antes son los de ahora. Por eso no se puede. Prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila.
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El fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia
El fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia luego de que la FGR canceló 21 órdenes de aprehensión, que había solicitado en agosto pasado, contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los normalistas.
La dimisión de Gómez Trejo se hará efectiva a partir del próximo viernes 30 de septiembre, según información proporcionada por la FGR a Animal Político.
De acuerdo con Proceso, la Unidad Especial de Investigación fue pasada por alto por la FGR y por un juez federal, en la cancelación de estas órdenes de aprehensión.
La renuncia ocurre también bajo un contexto de tensión con el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien ha dejado sin policías ministeriales a la unidad de la dependencia que investiga el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con el diario El País, hasta mediados de agosto, la Unidad Especial contaba con 13 agentes como apoyo de los fiscales para realizar su trabajo, pero a finales de mes ya no tenía ninguno.
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“Hay diferencias”, dice AMLO
El presidente Andrés Manuel López confirmó este martes la renuncia de Gómez Trejo debido a que no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.
“El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las ordenes de aprensión, ósea, hubo diferencias en eso y yo apoyo el que haya sacado las ordenes de aprensión de acuerdo con lo que establece el documento que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo”, dijo.
López Obrador dijo que su administración está recibiendo muchas presiones, de todo tipo, en la investigación del caso y pidió a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos confiar en que la indagatoria seguirá.
A quienes encubrieron a los responsables de esta desaparición de 2016 les dijo: “No estén pensando de que van a descarrilar la investigación. Vamos a seguir adelante, sin limitaciones, sin presiones. Viene otras denuncias, porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación, no lo van a lograr”.
¿De qué se encarga la unidad especial?
En junio de 2019, la FGR nombró a Gómez Trejo, exconsultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Iguala.
Su renuncia ocurre a ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La Unidad Especial de Investigación es la responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales vinculados con los eventos de la desaparición de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
También tiene a su cargo el conocimiento, trámite y resolución de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo, u otros que se encuentren relacionados con el caso.
Foto: Cuartoscuro
Las autoridades de seguridad y justicia del país reportan cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de aprehensión canceladas, 121 absoluciones y todavía ninguna sentencia, lo que ha provocado nuevas protestas en torno al caso.
Las críticas de las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de sus compañeros, se intensificaron a raíz de que el pasado 18 de agosto el gobierno federal presentó los resultados preliminares del informe de la Comisión de la Verdad para estos hechos, en el que se concluyó que la desaparición “constituyó un crimen de Estado” y que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”.
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