El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió ayer que sus reservas de ayuda alimentaria en la franja de Gaza se limitan a “aproximadamente 5 mil 700 toneladas”, que se agotarán en un máximo de dos semanas, en momentos en que Tel Aviv intensifica sus operaciones militares en el enclave, donde 855 palestinos fueron asesinados desde el 18 de marzo. En un comunicado, el PMA denunció que la “expansión de la actividad militar” en el enclave palestino afectó gravemente la distribución de ayuda y “pone en peligro la vida de los trabajadores humanitarios a diario”. Lamentó que la organización “y sus socios llevan más de tres semanas haciendo frente a muchas dificultades a la hora de intentar entregar alimentos” a la población local. Hizo hincapié en que el programa necesita 265 millones de dólares de financiación de cara a los próximos seis meses para realizar operaciones que permitan “salvar vidas” y ayudar a 1.5 millones de personas en Gaza y Cisjordania reocupada. “A medida que la situación se deteriora en materia de seguridad y prosiguen los desplazamientos, las necesidades aumentan. El PMA está intentando distribuir tanta comida como sea posible lo más rápido posible”, expuso el documento, antes de apuntar que el plan incluye la distribución de alimentos a medio millón de personas. De igual manera, la agencia señaló que dos de las cocinas que cuentan con apoyo de Naciones Unidas se encuentran “inactivas” debido a las órdenes de evacuación del ejército israelí, que sigue adelante con su ofensiva contra Hamas en Gaza. En tanto, el ministerio de Sanidad gazatí sostuvo en un reporte que “el balance de la agresión israelí desde el 7 de octubre de 2023 ha aumentado a 50 mil 208 mártires y 113 mil 910 heridos”. Sin embargo, subrayó que “aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas” a causa de los incesantes ataques de las fuerzas de Israel, lo cual hace temer que la cifra de muertos y heridos sea mayor. El Parlamento de Israel aprobó una parte del proyecto de ley del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para reformar el sistema judicial y otorgar al gobierno una función más importante en el nombramiento de jueces. El precepto legal dará otros dos de los nueve asientos de la Comisión de Selección Judicial a abogados elegidos por el gobierno y la oposición, cuyos lugares están actualmente en manos de la Asociación de Abogados de Israel. De acuerdo con expertos, los nombramientos políticos tendrían el poder de vetar nominaciones a la Suprema Corte y a tribunales inferiores. El debate se prolongó durante la noche antes de que la propuesta fuera aprobada en las primeras horas de ayer, mientras, la mayor parte de la oposición boicoteó la votación final, donde la medida se acordó por 67 sufragios a uno. Los opositores prometieron derogarla de inmediato, diciendo en un comunicado que la ley “tenía un solo objetivo: asegurar que los jueces se sometan a la voluntad de los políticos”; por su parte, el ministro de Justicia Yariv Levin, autor de la reforma judicial, la calificó de “cambio histórico y necesario”.
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