GOBIERNODESPOJAAZAPATISTAS LA GUERRA INTERMINABLE

 La Asamblea de Gobiernos Autónomos Zapatistas del caracol de
Dolores Hidalgo han denunciado el despojo de una superficie de

tierra en el poblado Belén, de las que fueron recuperadas como con-
secuencia del levantamiento armado del EZLN en enero de 1994.

Estas tierras las han venido trabajando bases de apoyo zapatistas en-
cargadas del trabajo colectivo de la región y del cultivo de la milpa común,

junto con otros campesinos no zapatistas. Pero ahora resulta que el 22 de
septiembre, 30 personas llegaron al predio y se posesionaron, con apoyo

de dos camionetas del Ejército federal, tres camionetas de la policía mu-
nicipal de Ocosingo y cuatro de la fiscalía general del estado, destruyendo

y quemando las casas y robando los cultivos, diciendo que “el gobierno ya

les entregó formalmente las tierras” y “cuentan con los documentos le-
gales”, según la denuncia pública que han hecho los zapatistas.

Las acciones violentas de todo tipo por los gobiernos de los tres niveles
contra los Zapatistas, se han registrado constantemente desde 1994.
Las tierras recuperadas por los zapatistas en
1994 fueron pagadas por el gobierno federal a los
ganaderos y hacendados que se ostentaron en
aquel momento como propietarios de esas tierras.
Incluso los ganaderos vinieron a la Ciudad de

México y estuvieron en el Ángel de la Independ-
encia exigiendo el pago de sus tierras, pago que

el gobierno llevó a cabo.
Esta acción del gobierno federal no fue un

gesto bondadoso. No. Fue un acto de justicia orig-
inado por la lucha armada del EZLN, por lo que

esta compra de tierras y el pago que hizo el go-
bierno tiene pleno valor jurídico a favor de las comunidades zapatistas.

Esas tierras no pueden ni deben ser objeto de maniobras seudolegales
de gobiernos o de tribunales locales o federales para realizar despojos en
contra de quienes tienen décadas en posesión de dichas tierras y las han
trabajado y cultivado de forma pública, pacífica y continua, lo que les da

el derecho de posesión que ningún tribunal puede ignorar ni dictar senten-
cias (si las hay) que son un despojo liso y llano.

El derecho de posesión y de propiedad le corresponde a las comuni-
dades zapatistas sin lugar a dudas. Todos los juicios de prescripción o de

cualquier otro tipo o de “entrega de tierras” por parte de los gobiernos mu-
nicipal, estatal o federal a terceras personas son nulos de pleno derecho.

Las autoridades deben respetar cabalmente los derechos humanos de
los pueblos y comunidades indígenas reconocidos en la Carta Magna,
como la autonomía y libre

determinación en el ar-
tículo 2, así como el

derecho de los pueblos

originarios sobre las tier-
ras que poseen y les cor-
responden desde tiempo

inmemorial, reconocido
en el Convenio 169 de la

Organización Internac-
ional del Trabajo.

El gobierno debe considerar las
consecuencias políticas del despojo,
porque los zapatistas han afirmado
que ya no van a poner la otra mejilla.
Una de las principales demandas
del EZLN por las que se levantaron en
armas el primero de enero de 1994 fue

la tierra. Después de 30 años, el go-
bierno no sólo no ha resuelto el prob-
lema, sino que se empeña en tratar de

destruir lo que ellos han construido a
lo largo de estos años para resolver
este problema de la mejor manera.