México. “El Mundial es el pretexto”: comerciantes subterráneos de la Calzada de Tlalpan resisten ante el despojo
Por Axel Hernandez. Desinformemonos_Resumen Latinoamericano 24 de marzo 2026.
La llegada de la Copa Mundial de la FIFA a la Ciudad de México ha puesto en alerta a comerciantes de los pasos a desnivel de la Calzada de Tlalpan, una de las avenidas más importantes de la capital, que está siendo radicalmente transformada por las obras que impulsa el gobierno de Clara Brugada.
La renovación de estos espacios, habitados y cuidados durante décadas por las personas que en ellos han encontrado una fuente de sustento familiar, pone en riesgo cientos de negocios que abastecen de productos y servicios, a precios accesibles, a los peatones y vecinos de la zona. Ante el posible despojo, la organización comunitaria ha sido su respuesta frente a una empresa del Estado que con engaños y dádivas busca abrir camino al megaproyecto.
Un proceso de resistencia contra el despojo ha surgido en el subsuelo de la Ciudad de México. En la Calzada de Tlalpan, es la incertidumbre y no el agua la que inunda sus túneles peatonales.
La implementación del Proyecto integral para la construcción de la Calzada Elevada en Tlalpan se ha convertido en una nueva amenaza para cientos de familias, cuyo sustento económico depende directamente de los más de 300 locales comerciales ubicados en los 35 pasos a desnivel que permiten cruzar por el subsuelo la calzada. Además de la polémica ciclovía que ha desplazado a trabajadoras sexuales, y la construcción de un corredor elevado sobre la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuya construcción ha implicado la tala de árboles en los alrededores de la Plaza Tlaxcoaque, este megaproyecto contempla la “renovación y rehabilitación” de estos espacios y la transformación de algunos de ellos en “Pasos Utópicos” a través del programa Conectividad Subterránea: Pasos de la Utopía.
El inicio de este proyecto fue anunciado en un evento rodeado de parafernalia mundialista por la jefa de gobierno y otros funcionarios en noviembre de 2025, cuando dieron a conocer la intervención estatal en más de 3 mil 600 metros cuadrados y su intención de implementar módulos de acceso a otros programas sociales de su administración, integrando estos espacios al Sistema de Cuidados Públicos, una de sus principales políticas públicas.
Tras meses de organización y movilización en las calles, los comerciantes subterráneos lograron detener momentáneamente las obras en los pasos a desnivel localizadas mayoritariamente en la alcaldía Benito Juárez, logrando sentar a las autoridades del gobierno capitalino en una mesa de diálogo, de la cual ahora se teme que los funcionarios desconozcan o impongan acuerdos no consensuados, en detrimento de cientos de familias que durante décadas les han dado vida a estos lugares a través de actividades comerciales tan variadas como tiendas de abarrotes, talleres de reparación de ropa, celulares y electrodomésticos, cafeterías, cocinas económicas e incluso un taller de escultura artesanal que exporta figuras de ciencia ficción y fantasía a nivel internacional.
Reunidos en asamblea el pasado 14 de marzo, más de cincuenta personas externaron sus preocupaciones y plantaron con firmeza su posición de no firmar ningún acuerdo hasta que existan condiciones favorables para continuar con el trabajo que les da el sustento cotidiano, dejando en claro que no se oponen a la rehabilitación de estos espacios en beneficio de las personas que día con día los transitan.
El convenio que germinó la resistencia subterránea
Hojas con logotipos oficiales, pegadas en las cortinas de los comercios subterráneos, fueron el inicio de meses llenos de dudas y temor ante el riesgo de perder sus fuentes de trabajo. Así lo narró en entrevista Erick Contreras, sastre que durante años ha sostenido a su familia gracias a los ingresos que genera con su oficio. “Un día llegué a abrir los candados y me encontré una notificación de Servimet (Servicios Metropolitanos), donde dicen que estos espacios no se pueden comprar, no se pueden rentar y que teníamos que presentarnos a una junta”.
Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (Servimet) es una empresa propiedad del gobierno de la Ciudad de México dedicada a la gestión, comercialización y arrendamiento de inmuebles y espacios públicos, entre ellos 25 estacionamientos y alrededor de 4 mil parquímetros, además de centros comerciales, bodegas y locales ubicados en infraestructura y vías públicas; esta empresa estatal también tiene participación en el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
El relato del sastre coincide con lo compartido por Pedro Peralta, representante legal de los pasos de la calles Coruña y Napoleón, entrevistado al término de una protesta convocada el pasado 22 de enero al exterior de las oficinas de la dependencia: “Desde febrero del año pasado nos fueron a pegar un aviso diciendo que nos presentáramos a Servimet para que comentáramos la situación de los pasos. Nos presentamos y lo único que hicieron fue ponernos un PowerPoint con ocho diapositivas diciendo que se iban a pintar, que se iban a embellecer, que se iban a dignificar”. En esa ocasión, Peralta expresó la inconformidad generalizada de las y los comerciantes con las propuestas brindadas para convencerles de desalojar los locales para el inicio de la remodelación. “Lo que hicieron fue dividir a la gente, fue llamarlos uno por uno y ofrecerles una migaja. O sea, mil pesos de ayuda mensual no son suficientes para sostener una familia”, dijo el representante.
Esos mil pesos, que las y los comerciantes que acepten recibirán durante tres meses a través del Seguro de Desempleo, forman parte de los “beneficios” otorgados por Servicios Metropolitanos, establecidos en el Convenio de Liberación y Reubicación promovido por la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Jurídica y Normativa de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. En el documento obtenido por Desinformémonos, se ofrece también acceso a créditos del Fondo de Desarrollo Social de la Ciudad de México y la reubicación temporal en la plaza comercial de la calle Jose María Izazaga número 38, conocida por ser un espacio predominantemente de comercio mayoritario de productos de origen asiático, donde luego de tres meses de “renta gratuita” los comerciantes reubicados pagarían entre quinientos y mil pesos por el uso de los espacios.
Estos montos distan mucho de lo que actualmente pagan los locatarios del subsuelo, una aportación de cincuenta pesos semanales que les permite mantener modestos negocios familiares con bajos costos de operación, que no les brinda los recursos necesarios para pagar rentas en locales comerciales en la superficie. “Están carísimas las rentas aquí, están arriba de entre ocho, diez hasta dieciséis mil pesos, he preguntado y están carísimas las rentas. No, no, no. No podría pagar una renta de esa cantidad”, señala la señora Teresa Saavedra, quien durante 25 años ha sostenido un negocio de desayunos en el paso a desnivel Nevado, cercano a la línea 12 del metro Ermita.
Sobre este convenio, Desinformémonos entrevistó al director general de Servicios Metropolitanos, Carlos Mackinlay Grohmann, quien detalló el papel que tiene la dependencia en la implementación del Proyecto integral para la construcción de la Calzada Elevada en Tlalpan:
“A nosotros nos toca no la obra, sino el convencimiento a los locatarios de los pasos a desnivel para que se retiren momentáneamente y regresen después de terminada la obra. Servimet somos, entre comillas, los dueños de los pasos a desnivel y en ese sentido nosotros negociamos con los comerciantes”.
Antes de ser el titular de Servimet, Mackinlay Grohmann se desempeñó como Asesor de Negocios Turísticos y Especialista en Políticas de Promoción Turística durante la jefatura de gobierno de Miguel Ángel Mancera, quien impulsó y formalizó la candidatura para que la Ciudad de México fuera sede del Mundial. Al término del mandato del perredista, Mackinlay asumió la titularidad de la Secretaría de Turismo de la capital durante la administración de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Su perfil y trayectoria permiten ubicarlo como uno de los principales promotores y operadores de la celebración de la Copa del Mundo en la capital mexicana.
A pesar de que Mackinlay aseguró en entrevista que “no se pretende desalojar a nadie ni quitarle su fuente de trabajo, sino negociar con ellos una reubicación y un regreso”, el convenio antes referido lista como el octavo de sus “compromisos” que “los pasos a desnivel liberados podrán destinarse a distintos fines públicos, de carácter cultural o comercial según lo determine la autoridad competente”. Estas contradicciones entre el discurso de los funcionarios y la ambigua redacción de los documentos con los que buscan formalizar un desalojo, nombrado desde el lenguaje oficial como una “liberación”, mantienen encendidas las alertas en los túneles de la Calzada de Tlalpan.
Movilización en las calles y una minuta tramposa
Ante la incertidumbre generada por el convenio primigenio, los comerciantes soterraneos buscaron hacer visible su situación, por lo que en compañía de colectivos organizados en torno a la lucha contra el despojo y desabasto de agua, que se han profundizado con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA a la ciudad, impulsaron acciones como la Primera Caravana Mundialista, una rodada ciclista realizada en conjunto con la Asamblea contra las Megaconstrucciones de Tlalpan y Coyoacán. La rodada partió del bajopuente del Estadio Azteca y culminó en el paso a desnivel del metro Xola, donde activistas realizaron intervenciones gráficas en la ciclovía y en la infraestructura aledaña.
Las y los comerciantes del subsuelo también participaron en la Rueda de Prensa Contra el Mundial del Despojo, ofrecida el 23 de enero frente al reloj que marca la cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026. La atención mediática recibida tras estos dos eventos fueron determinantes para conseguir una reunión con el secretario de Gobierno, César Cravioto.
Ante la cancelación de último momento del esperado encuentro, decenas de comerciantes se manifestaron la mañana del 5 de febrero en el Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno de la Ciudad de México, y lograron arrancar una reunión con Mackinlay Grohmann y Adolfo Llubere Sevilla, quien se desempeña como subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. La “minuta” emanada de ese primer encuentro les fue entregada en formato de tríptico —del cual Desinformémonos también obtuvo un ejemplar— casi un mes después de haber sostenido la reunión. En él, se aclara que “todas las cuestiones técnicas” acerca de los trabajos referentes a los Pasos Utópicos “serán definidas exclusivamente por la Sobse (Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México)”.
Al respecto, Jari Torruco, quien a través de la Agrupación Popular Independiente de México representa legalmente a varios de los pasos a desnivel, brindó en entrevista detalles sobre lo que él considera un intento por agilizar y concretar el desalojo: “yo revisé ese documento y el compañero Peralta horas después lo revisó también, pero resulta que cuando lo entregan dos semanas después hay puntos ahí que no venían en la minuta que nosotros revisamos. No es justo. Es súper grave. Ellos ya toman eso como un acuerdo, pero no lo es”.
Torruco añadió también que, al momento de entregar la minuta, funcionarios de Servimet solicitaron a las y los locatarios firmar una hoja en blanco como supuesto comprobante de haber recibido dicha información, lo que ha generado aún más preocupación ante la posibilidad de que de esa manera se intente legitimar el despojo: “seguimos en la misma resistencia, hasta que no haya algo firmado que sea real, con sello y que realmente esté a favor de los comerciantes, no vamos a desistir en esta lucha. Seguimos en la misma hasta que se haya firmado algo real y a favor de los comerciantes. No hay más”.
Criminalización al servicio del megaproyecto
Tras la reunión sostenida entre comerciantes, sus representantes y Servimet, la reciente visita de personal de la Comisión Federal de Electricidad y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en los pasos a desnivel ha encendido otro foco de alarma.
Los pasos a desnivel de la Calzada de Tlalpan fueron abandonados por el gobierno capitalino y recuperados por comerciantes en la década de los setenta. Estas familias rehabilitaron los bajopuentes y a través de organizaciones como la Agrupación Popular Independiente de México lograron acuerdos de concesión sobre estos espacios.
A través de la ocupación, se volvieron lugares seguros para el cruce de transeúntes y con el paso de los años avanzó la construcción de infraestructura para el comercio y para el tránsito peatonal, financiada totalmente con recursos de los propios comerciantes. Esa autogestión del espacio público ha sido la forma en la que han respondido al abandono institucional, que mantiene en la irregularidad a estos centros de comercio peatonal, por lo que no cuentan con contratos ni medidores para el abasto de agua y electricidad.
Y aunque la disposición para formalizar su acceso a estos servicios siempre ha existido por parte de las familias comerciantes, no es así por el lado de las autoridades durante cada administración desde hace más de 40 años. El último trámite para conseguirlo fue presentado en 2020 y hasta la fecha sigue congelado en la burocracia institucional.
Al enterarse, hace un año, de que la Comisión Federal de Electricidad había presentado una denuncia ante la fiscalía capitalina por el robo de energía eléctrica, se encendieron de nueva cuenta las alarmas. Jair Torruco detalló que la denuncia no cuenta con un nombre a la cual esté dirigida y que, tras presentar los documentos que demuestran que han intentado regularizar esta situación, el proceso no avanzó. No obstante, tras la resistencia al megaproyecto de la Calzada de Tlalpan esa amenaza vuelve a sentirse latente. En palabras de Torruco: “lo que está pasando es que ya están pasando del jurídico de la CFE con los de la fiscalía a meter presión, justamente cuando en teoría ya tenemos acuerdos con el gobierno”.
La presencia de agentes del ministerio público en los pasos a desnivel es interpretada por los comerciantes como una medida traicionera para concretar el desalojo contra el que han resistido, en defensa de su sustento económico y del arraigo que tienen con estos pasadizos llenos de vida en el subsuelo de la Calzada de Tlalpan.
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