Israel: barbarie legalizada

 Israel: barbarie legalizada
El Parlamento de Israel (Knesset)
ha dado un paso sin precedente
al aprobar una legislación que
establece la pena de muerte por
defecto para los palestinos de Cis-
jordania reocupada que resulten convictos
de matar a ciudadanos israelíes. La medida,
impulsada por los sectores más extremistas
de la coalición de gobierno, formaliza un
sistema punitivo diferenciado que se aplicará
exclusivamente bajo criterios de naciona-
lidad y origen étnico. Aunque el Ejecutivo
presenta esta norma como un instrumento
de disuasión frente a la resistencia armada en
los territorios ocupados, su implementación
fractura los mínimos estándares de justicia
internacional al imponer el castigo capital de
manera automática. Esta decisión profundiza
el régimen de segregación que impera en la
región y consolida una estructura legal donde
la vida de las personas tiene un valor distinto
dependiendo de su origen, lo que anula cual-
quier pretensión de equidad ante la ley.
La instauración de la pena de muerte es
en sí misma una regresión civilizatoria que
equipara al Estado con los perpetradores de
la violencia que dice combatir. Desde la pers-
pectiva de los derechos humanos, la práctica
es intrínsecamente bárbara y anacrónica,
pues anula el derecho fundamental a la vida y
elimina cualquier posibilidad de reinserción
social o enmienda jurídica. El hecho de que la
ejecución se contemple mediante el ahorca-
miento acentúa el carácter medieval de una
práctica que el mundo moderno ha buscado
erradicar de forma definitiva. Además de su
naturaleza cruel e inhumana, la pena capital
conlleva el riesgo perenne e ineludible de
aplicar un castigo irreversible a personas ino-
centes; una falla inaceptable para cualquier
sociedad que se pretenda civilizada.
Más allá del rechazo ético a la privación de
la vida por vía institucional, la nueva norma-
tiva destaca por un doble rasero al dirigirse
exclusivamente contra la población palestina,
mientras los colonos y soldados israelíes gozan
de una impunidad prácticamente total frente a
sus actos de violencia contra civiles. No se trata
de una percepción subjetiva, sino de un hecho
sustentado en la realidad de los tribunales:
desde el inicio de la presente década, no se ha
procesado judicialmente a un solo ciudadano
israelí por el asesinato de palestinos en Cisjor-
dania reocupada. Esta disparidad refleja una
política de Estado donde el terrorismo ejercido
por los ocupantes es tolerado y, en muchos ca-
sos, directamente alentado por las estructuras
de poder que deberían prevenirlo.
Las cifras de la violencia estatal y paraes-
tatal son elocuentes respecto a este desequi-
librio y al sesgo supremacista de la medida.
Tan sólo en el primer mes de la guerra contra
Irán, una comisión palestina cifró en 443 los
ataques de colonos contra comunidades lo-
cales, una ofensiva que ocurre con la compli-
cidad de la policía y el ejército de Tel Aviv. La
Organización de Naciones Unidas ha emitido
alertas urgentes sobre una oleada de asesina-
tos ilegales en Gaza y Cisjordania, advirtiendo
que estas acciones forman parte de un proce-
so de limpieza étnica que afecta con especial
saña a los niños. Ante este escenario, voces
como el ex primer ministro Ehud Olmert
han demandado una intervención de la Corte
Penal Internacional para salvar “tanto a pa-
lestinos como a israelíes de una violencia de
Estado respaldada por el gobierno, la cual es
ejecutada por colonos con el apoyo logístico y
operativo de las fuerzas armadas”.
En última instancia, la aprobación de esta
legislación de corte abiertamente racista
representa un recrudecimiento de la política
de exterminio perpetrada por el régimen
sionista. Al legalizar la ejecución selectiva y
automática, Tel Aviv otorga un marco de le-
galidad al genocidio en curso contra el pueblo
palestino. Este avance del autoritarismo y la
deshumanización no sería posible sin la com-
plicidad activa de Washington y casi todo Oc-
cidente, que continúan proveyendo el apoyo
político y militar necesario para sostener un
régimen de ocupación que ha hecho del atro-
pello sistemático su principal razón de se