Palestina. Las bandas organizadas están tomando el control de Gaza
Por Mahmoud Mushtaha. Resumen Medio Oriente, 22 de agosto de 2026.
Israel ha creado un vacío de poder en la Franja. En ausencia de un gobierno civil que sustituya a Hamás, grupos armados saquean la escasa ayuda humanitaria y secuestran y agreden a ciudadanos palestinos que no tienen a quién recurrir
Casi todos los días me suena el teléfono desde un número de Gaza. He aprendido a contestar de pie, preparándome para salir corriendo incluso antes de saber lo que voy a oír. A veces, la persona al otro lado de la línea solo llama para decir que sigue viva. Pero con la misma frecuencia me piden algo que no puedo darles: una farmacia que aún tenga insulina para mi joven prima Marah; una forma de enviar dinero que realmente llegue a su destino; cualquier información sobre cuándo podría abrirse un paso fronterizo. O quieren saber quién ha sido asesinado, ha desaparecido o se ha perdido bajo otra capa de catástrofe –y, más recientemente, quién ha sido secuestrado por las bandas.
Estas conversaciones rara vez tratan sobre política, y mucho menos sobre el futuro de Gaza. Tratan sobre la próxima hora: si es seguro caminar por una calle concreta, dónde encontrar medicinas, si la Línea Amarilla –la frontera del territorio ocupado por las fuerzas israelíes desde el alto el fuego de octubre, que se ha ampliado del 50 al casi 70 % del enclave– se ha desplazado de nuevo. Miles de millas separan Londres de Gaza, pero en estas llamadas la distancia que siento con mayor intensidad es la que existe entre quien escucha a alguien que ama pidiendo ayuda y quien está al otro lado sabiendo que no puede ayudarle.
Entonces cuelgo y abro las noticias. Los titulares hablan de conferencias de reconstrucción, estrategias de recuperación y las instituciones que supuestamente gobernarán Gaza “el día después.” El vocabulario es refinado: estabilización, reconstrucción, recuperación, incluso una “Riviera de Gaza.” El mundo ya está debatiendo en qué debería convertirse Gaza, mientras que los palestinos siguen lidiando con lo que se ha convertido.
Para más de dos millones de palestinos no ha habido una transición clara de una guerra genocida a la recuperación
Para más de dos millones de palestinos, muchos de los cuales siguen viviendo en tiendas de campaña, no ha habido una transición clara de una guerra genocida a la recuperación. La vida cotidiana sigue girando en torno al desplazamiento, a la búsqueda de comida y a la supervivencia. Se trata de una sociedad que sigue siendo desmantelada, ladrillo a ladrillo, institución a institución, hábito a hábito, aunque ahora lo hace con más lentitud y menos público.
Y cuando escucho lo que piden las familias de Gaza, la comida y el agua son solo una parte. Cada vez más, y en voz más baja, oigo otra serie de preguntas: ¿Quién tiene realmente el control? ¿Quién puede protegernos si pasa algo? ¿Y si un grupo armado llega al barrio? ¿A quién llamamos si alguien nos roba, nos amenaza o se aprovecha de nosotros? ¿Cuándo habrá un gobierno al que podamos recurrir de verdad?
La seguridad se ha convertido en una necesidad propia e independiente –distinta del hambre y el refugio–, pero está entrelazada con algo más amplio. La gente no solo teme lo que pueda sucederles, sino no tener a quién recurrir cuando suceda. Esto se debe a que parte de lo que está desmantelando Gaza en este momento no es visible en absoluto desde una conferencia de donantes: la desaparición de la gobernanza y el colapso de cualquier autoridad funcional.
Un vacío de gobierno
Los debates internacionales sobre Gaza giran cada vez más en torno a quién administrará el enclave tras la salida de Hamás, partiendo de la premisa de que el grupo debe ser apartado del gobierno y desarmado antes de que puedan comenzar la reconstrucción y un nuevo orden político. En enero se creó el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), supervisado por la Junta de Paz del presidente de EEUU, Donald Trump, para suceder a Hamás y, en última instancia, dar paso a una administración tecnocrática palestina.
Ese proceso ha eludido en gran medida la cuestión de si Hamás debería gobernar Gaza, una cuestión política que, en última instancia, deben decidir los propios palestinos. Pero otra cuestión más inmediata es: ¿quién gobierna Gaza ahora?
Hamás no ha desaparecido, pero su capacidad para gobernar se ha visto gravemente debilitada. En julio, el Gobierno dirigido por Hamás disolvió el Comité de Emergencia que había administrado el enclave desde octubre de 2023, anunciando que transferiría sus responsabilidades al NCAG. Esta era, formalmente, la condición que se venía exigiendo desde hacía tiempo: que Hamás se disolviera como partido gobernante de Gaza. Hamás hizo precisamente eso. Pero Israel ha impedido que el nuevo comité entre en Gaza. En lugar de que una autoridad sustituyera a otra, los palestinos se han quedado sin ninguna.
Los padres tienen dificultades para inscribir a los recién nacidos. No es posible renovar los documentos de identidad de forma fiable
Las consecuencias se notan en los aspectos más cotidianos de la vida. Los padres tienen dificultades para inscribir a los recién nacidos. No es posible renovar los documentos de identidad de forma fiable, mientras que los documentos expedidos en Gaza pueden no ser reconocidos en otros lugares. Los empleados públicos pueden pasar meses sin cobrar su salario, aunque sigan siendo, nominalmente, responsables de sus puestos de trabajo. El registro civil, los servicios públicos, los registros oficiales y otras funciones administrativas básicas se han fragmentado o, sencillamente, se han vuelto imposibles de gestionar.
En ese vacío han entrado grupos armados, clanes e intermediarios cuyo poder varía de un barrio a otro. En torno a la Línea Amarilla, varios informes han descrito secuestros y redadas armadas por parte de bandas locales que reciben apoyo israelí. En otros lugares, las Fuerzas Populares –una facción armada cuyo respaldo ha reconocido Israel como parte de su campaña contra Hamás– han sido acusadas de saquear la ayuda humanitaria y de atacar a palestinos sospechosos de tener vínculos con Hamás. Las organizaciones de seguimiento del conflicto y los periodistas han documentado cómo grupos respaldados por Israel llevan a cabo detenciones, secuestros y asesinatos de civiles.
Al mismo tiempo, están resurgiendo antiguas fuentes de violencia –rivalidades entre clanes, venganzas personales y acusaciones de colaboración– en medio del colapso de las instituciones que en su día podrían haberlas contenido. El 18 de julio, Qasam Youssef Al-Khawaja, de 28 años, fue hallado muerto en el interior de su estudio de arte en la zona de Abu Hasira, al oeste de la ciudad de Gaza. Posteriormente, su familia acusó a personas a las que describieron como colaboradoras con Israel de haberlo asesinado, aunque las circunstancias de su muerte y la identidad de los responsables siguen sin estar claras.
La policía de Gaza anunció una investigación. Pero lo que puede significar una investigación en las condiciones actuales es, en sí mismo, incierto. Las comisarías apenas funcionan, la capacidad forense ha quedado devastada, los agentes han sido blanco repetido de ataques israelíes y no existe una cadena de mando fiable a través de la cual las familias puedan buscar respuestas. Por lo tanto, el anuncio de una investigación puede ofrecer pocas garantías de que realmente se exija responsabilidades a alguien.
La geografía de estos incidentes ayuda a explicar lo que está sucediendo. Un secuestro cerca de la Línea Amarilla, actos de violencia en un refugio para desplazados, un asesinato en un estudio de arte en el oeste de Gaza: nada de esto sugiere que una única organización haya sustituido a Hamás, ni que una red criminal haya tomado el control. Por el contrario, el poder se ha dispersado y se ha vuelto intensamente local, ejercido por diferentes actores en distintos lugares sin una autoridad fiable por encima de ellos.
Incluso repartir un cigarrillo se convierte en una forma de demostrar quién detenta el poder
Ese poder también puede manifestarse en encuentros aparentemente cotidianos. Los vídeos que circulan por Internet han mostrado a hombres armados enfrentándose a civiles mientras reparten cigarrillos y otros bienes escasos. Pero se trata de escenas intimidatorias y humillantes, en las que se obliga a los civiles a permanecer de pie y esperar ante hombres armados que deciden quién recibe qué. En un lugar donde tantos sistemas habituales de distribución y autoridad se han derrumbado, incluso repartir un cigarrillo se convierte en una forma de demostrar quién detenta el poder.
¿A quién llamas cuando alguien desaparece?
Estas historias no son algo abstracto para mí. El 16 de julio me desperté con una notificación en nuestro grupo familiar de WhatsApp: unos hombres armados habían cruzado la Línea Amarilla hacia Shuja’iya y se habían dirigido a la casa de mi pariente de 66 años, Mamdouh Jamal Mushtaha. Entraron en su casa y se lo llevaron. No se ha sabido nada de él desde entonces.
El pasado 16 de julio entraron en casa de mi pariente y se lo llevaron. No se ha sabido nada de él desde entonces
Mushtaha, conocido por su kunya, Abu Mu’taz, ya había perdido a su hijo, Mu’tasem, el 2 de diciembre de 2023, y había soportado largos períodos de desplazamiento. En enero de 2026, regresó a casa y se negó a marcharse de nuevo. Su familia le instó a alejarse más de la Línea Amarilla, pero no había ningún lugar claro al que ir. No era un combatiente. Era un hombre de 66 años que quería quedarse en el hogar que conocía.
No dejo de pensar en él. ¿Dónde estará? ¿Estará vivo? ¿Quién se lo ha llevado y qué le han hecho? Su familia lleva semanas llamando a gente, preguntando a los vecinos, siguiendo rumores, esperando algún mensaje que les indique dónde se encuentra.
Pero no hay ninguna institución clara a la que dirigirse, ninguna cadena de responsabilidad fiable que comience con la denuncia de una desaparición y termine con que, al menos, se obligue a alguien a buscarlo.
También pienso en mi padre, mis hermanos, mis tíos y mis primos que siguen en Gaza. Durante la mayor parte de la guerra, los peligros que temía por ellos ya eran más que suficientes: los bombardeos, el desplazamiento, el hambre, morir en un ataque. Antes nunca me preguntaba si una banda armada podría llamar a su puerta. Ahora sí.
Eso es lo que más me asusta del secuestro de Abu Mu’taz. Ha puesto de manifiesto que el peligro ya no proviene solo del ejército israelí o de las penurias de la guerra. Ya no se puede distinguir quién es un vecino y quién una amenaza.
Esta es una de las consecuencias del colapso institucional prolongado. Remodela la sociedad subyacente a la crisis, cambiando no solo quién ejerce el poder, sino también cómo se protege la gente cuando fallan los sistemas formales. Me resisto a describir esto simplemente como un “aumento de la delincuencia”, porque la delincuencia presupone una distinción funcional entre quien infringe las normas y la autoridad encargada de hacerlas cumplir. En la Gaza actual, esas líneas son cada vez más difíciles de trazar.
Nada de esto significa que los palestinos hayan dejado de cuidarse unos a otros o de distinguir el bien del mal. Los vecinos comparten la comida de la que apenas disponen. Los médicos siguen atendiendo a los pacientes sin saber si se les pagará. Los voluntarios transportan ayuda para desconocidos. Estas relaciones han mantenido con vida a la gente durante casi tres años de guerra. Pero la solidaridad no puede expedir un documento de identidad, investigar una desaparición ni obligar a alguien a responder por un asesinato.
Y la violencia israelí que contribuyó a provocar este colapso no ha cesado. Incluso mientras los palestinos se enfrentan a secuestros y a grupos armados, Israel sigue bombardeando y matando a personas en toda Gaza.
1.254 palestinos han perdido la vida y 4.121 han resultado heridos por disparos israelíes desde que se anunciara el alto el fuego en octubre de 2025
Según el Ministerio de Sanidad palestino, 1.254 palestinos han perdido la vida y 4.121 han resultado heridos por disparos israelíes desde que se anunciara el alto el fuego en octubre de 2025. En la madrugada del 30 de julio, un ataque aéreo israelí alcanzó el campo de refugiados de Al-Shati, en el norte de Gaza, destruyendo las tiendas y los refugios de 35 familias y obligándolas a volver a sufrir la agonía del desplazamiento.
En esas mismas horas, otro ataque israelí alcanzó una tienda para desplazados en Al-Mawasi, en Jan Yunis, y también fue alcanzada una vivienda en el campo de refugiados de Bureij. Dos personas perdieron la vida, entre ellas un niño, y otras diez resultaron heridas. En 2023, ataques como estos podrían haber acaparado la cobertura informativa internacional. Ahora apenas se registran, si es que se registran, como una línea más en el recuento diario de víctimas de Gaza: un nivel de violencia al que el mundo se ha acostumbrado, pero al que las personas que lo viven nunca podrían acostumbrarse.
La ficción del “día después”
Calificar a Gaza de “posguerra” hace mucho más que describir una supuesta etapa del conflicto. Cambia las preguntas que se plantean. En lugar de preguntarse cómo detener la matanza, la conversación gira en torno a quién administrará la ayuda, quién gobernará Gaza, cuánto costará la reconstrucción y quién la pagará. Esas preguntas son importantes: Gaza tendrá que reconstruirse. Pero el peligro es que la reconstrucción se convierta en una forma de hablar de Gaza sin tener que afrontar por qué los palestinos siguen sin poder vivir allí con seguridad.
La ficción del “día después” resulta útil para casi todos los que participan en su diseño. La Junta de Paz adquiere un propósito y un futuro que planificar desde fuera de Gaza. La Autoridad Palestina puede presentarse como la alternativa palestina definitiva sin tener que rendir cuentas por su ausencia de casi dos décadas en Gaza, ni por sus fracasos en Cisjordania.
Hamás, por su parte, puede señalar el fin formal de su función administrativa y el acuerdo que ha firmado recientemente, en el que se compromete, en principio, a desarmarse y a entregar sus armas a la NCAG. Trump lo calificó de “un paso monumental hacia la paz y la seguridad”. Pero los negociadores de Hamás matizaron inmediatamente su compromiso: no cumplirían su parte a menos que Israel cumpliera sus propias obligaciones de retirada.
Israel ni siquiera firmó públicamente el acuerdo. A los pocos días de su anuncio, el propio enviado de la Junta se encontraba en Jerusalén presionando a Netanyahu simplemente para que detuviera los ataques israelíes. Desde entonces, Israel ha persuadido a la Junta para que cambie los términos, exigiendo que Hamás desmantele por completo sus armas antes de que las fuerzas israelíes se retiren.
El acuerdo, por lo tanto, formaliza un proceso que no se ha materializado sobre el terreno. El camino más probable a partir de ahora no es ni el colapso ni la plena aplicación, sino uno progresivo: un acuerdo que se mantiene formalmente intacto mientras se va desgastando a través de retrasos, reinterpretaciones y acusaciones mutuas de incumplimiento, convirtiéndose el tiempo en un motivo más de conflicto. También conviene ser sinceros sobre lo que realmente significa el “desarme” tras casi tres años de guerra. Israel ha desmantelado gran parte de la estructura de batallones de Hamás y ha eliminado a un comandante tras otro, mientras que el bloqueo vigente desde 2007 ha controlado estrictamente lo que entra en Gaza. Lo que queda son armas ligeras: armas que no han impedido que Israel entre en Gaza, ni han protegido a los palestinos de las bandas armadas que operan allí.
Poner esas armas bajo autoridad civil seguiría teniendo importancia, pero las preguntas siguen sin respuesta: ¿Quién las recogerá, en virtud de qué autoridad, y cómo responderán los combatientes sobre el terreno a una nueva administración creada bajo el patrocinio estadounidense?
El acuerdo codifica en gran medida una realidad militar que Israel ya había impuesto. Se exige a Hamás que renuncie a lo que queda de su capacidad armada antes de que Israel renuncie a su poder, mucho mayor, sobre Gaza. Se exige el desarme a la parte que ya se encuentra militarmente derrotada. Se exige la retirada y el fin de los bombardeos a la parte que mantiene un control abrumador sobre si cualquiera de ambas cosas llega a producirse.
Por eso es más fácil hablar del futuro de Gaza que de su presente. El presente nos remite obstinadamente a las cuestiones más difíciles en materia de responsabilidad, incluido el control continuado de Israel sobre aspectos clave del territorio y la circulación en Gaza.
El afianzamiento de la división entre Gaza y Cisjordania
Para los palestinos, la reconstrucción no puede comenzar con un nuevo organigrama. Nombrar a una autoridad para supervisar un hospital no reconstruye el hospital. El equipamiento aún tiene que entrar en Gaza; los médicos tienen que estar vivos, cobrar su salario y poder acudir al trabajo; los pacientes tienen que poder llegar hasta ellos. Una escuela necesita profesores, alumnos y un barrio que funcione a su alrededor.
El Gobierno funciona más o menos de la misma manera. Más que un logotipo o una lista de ministerios, lo que importa es si alguien puede inscribir un nacimiento, expedir un documento de identidad, pagar a un profesor, mantener el suministro de agua, abastecer a un hospital, recoger la basura o proteger a una persona que denuncia un delito.
Gaza ya ha experimentado antes la brecha entre un traspaso político y una transferencia real del poder. En octubre de 2017, Hamás disolvió su comité administrativo en Gaza y acordó, en virtud de un acuerdo de reconciliación negociado en El Cairo, transferir el pleno control civil a la Autoridad Palestina antes de diciembre.
El traspaso nunca se produjo. En cuestión de semanas, Hamás y Fatah se acusaban públicamente mutuamente de no cumplir el acuerdo. El plazo se pospuso y, finalmente, se abandonó. A principios de 2018, las negociaciones se habían estancado en cuestiones que siguen sin resolverse hoy en día: Hamás se negó a desarmar a ninguna de sus facciones, y el presidente de la Autoridad Palestina y líder de Fatah, Mahmud Abás, se negó a aceptar nada que no fuera el control total de la Autoridad Palestina sobre la seguridad de Gaza.
La Autoridad Palestina nunca asumió de forma significativa el control de los ministerios, el aparato de seguridad ni los pasos fronterizos de Gaza –Hamás siguió gobernando en la práctica, mientras que el acuerdo establecía que dicha autoridad se había transferido a otra instancia. Eso podría constituir un precedente más útil para 2026 que la transición ordenada prevista por la Junta de Paz, ya que la actual transferencia al órgano tecnocrático de la Junta de Paz corre el riesgo de correr la misma suerte.
Sin embargo, incluso si el traspaso actual tiene éxito donde fracasó el acuerdo de 2017, plantea un problema diferente. La NCAG no se limita a sustituir a la administración de Hamás. También crea un centro alternativo de gobierno palestino al margen de la Autoridad Palestina. Según el propio plan de la Junta de Paz, la Autoridad Palestina solo podrá regresar a Gaza una vez que haya “completado satisfactoriamente su programa de reformas” –un umbral que nadie ha definido y que nadie está obligado a certificar jamás que se haya cumplido–. Tanto Trump como Netanyahu han afirmado que la Autoridad Palestina no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza hasta que “complete un programa de reformas”, mientras que el Gobierno de Israel ha rechazado repetidamente que la Autoridad Palestina desempeñe un papel significativo en Gaza “de ninguna manera”.
En la práctica, la Junta está despojando a la Autoridad Palestina de la escasa legitimidad que le quedaba para gobernar allí, mientras que la propia Autoridad Palestina sigue siendo demasiado débil –institucional y políticamente– para hacer valer su propio derecho sobre el territorio mientras tanto. Respaldada por Washington y responsable ante este, la Junta de Paz carece de cualquier mandato democrático por parte de los palestinos. Está presidida de forma indefinida por Donald Trump, quien ostenta el poder de elegir a su propio sucesor. Sin embargo, a la Junta se le está otorgando una enorme influencia sobre el futuro de Gaza: cómo será la reconstrucción, quién habla en nombre de los habitantes de Gaza y, cada vez más, dónde se sitúan realmente sus fronteras con el resto de la vida política palestina.
Este mismo proceso conlleva una consecuencia política más amplia. Se está tratando a Gaza como un territorio independiente cuyas instituciones y futuro político pueden rediseñarse al margen de los de Cisjordania. Cuanto más se convierte Gaza en un proyecto tecnocrático autónomo, gobernado a través de un organismo patrocinado desde el exterior y sin relación institucional con Ramala, más se aleja la perspectiva de una única entidad política palestina –el resultado que persiguen tanto Washington como el actual Gobierno de Israel–.
FUENTE: CTXT
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