Carta abierta que solicita al Presidente Electo Enrique Peña Nieto la creación de la Comisión Nacional de Banda Ancha y TIC
Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos
Dr. Luis Videgaray Caso, Coordinador General para la Transición Gubernamental
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
Dip. Jesús Murrillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
A los líderes de las fracciones parlamentarias de los partidos políticos en el Congreso de la Unión[1]
Las telecomunicaciones constituyen uno de los principales factores de crecimiento y desarrollo rumbo a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Después de la industria petrolera, el sector de las telecomunicaciones realiza uno de los mayores aportes a la economía nacional y el PIB, de 3.11 por ciento en marzo de 2012.
Aunque relevante, esta contribución dista de ser la deseable respecto de experiencias en otras naciones como el Reino Unido, donde participa con el 5.7 por ciento. En el Índice de Desarrollo de Tecnologías de la Información y la Comunicación, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el estancamiento de México es evidente, pues en 2008 ocupó el lugar 78 y en la más reciente edición de 2011 ocupó la posición 79. Tal situación se atribuye a la ausencia de políticas públicas que busquen acelerar la digitalización, la creatividad y la innovación.
Actualmente, las telecomunicaciones constituyen un conjunto de tecnologías asociadas y convergentes que permiten la igualdad social. Por primera vez en la historia, la tecnología y los servicios de telecomunicaciones pueden estar al alcance de todos, constituyéndose en herramientas e insumos que reduzcan las brechas actualmente existentes: sociales, económicas, políticas, culturales y de servicios digitales. Además, México es un importante productor de contenidos y de expresiones culturales locales, lo que permite una mayor difusión de nuestra identidad, fomentar el desarrollo y generar negocios a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su alcance global.
Actualmente, la banda ancha consiste en una infraestructura de redes fijas y móviles en convergencia y en un conjunto de tecnologías que hacen posible el tráfico de datos a alta velocidad. Internet forma parte de estas redes de comunicación interconectadas y existe un consenso en el sentido de que el crecimiento de Internet contribuye a erradicar la pobreza y la desigualdad, por medio del acceso universal a la información y a los mercados, terminando con la autarquía y el aislamiento de núcleos poblacionales.
El potencial creciente de la banda ancha permite crear un ecosistema conectado que involucra espacios como el hogar, el trabajo, el gobierno y el entretenimiento, y donde conviven servicios de e-salud, teletrabajo, gobierno electrónico, educación a distancia y transporte en ciudades inteligentes, todo ello en beneficio de la economía, la productividad de las empresas, la eficiencia de la administración pública y el bienestar de los usuarios. Al respecto, el Banco Mundial ha estimado que un crecimiento de 10 por ciento en la penetración de banda ancha impacta 1.38 por ciento en el crecimiento del PIB.
Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios tangibles que actualmente se disfrutan en muchas naciones, México exhibe un considerable rezago en materia de despliegue de infraestructura, desarrollo de servicios de telecomunicaciones y creación de contenidos y aplicaciones digitales.
Durante los últimos años hizo falta liderazgo, planeación estratégica y visión de Estado en las telecomunicaciones, lo cual generó conflictos, judicialización y mediatización del sector, incertidumbre jurídica, discriminación de usuarios y un crecimiento modesto del sector respecto de otros países de América Latina. Además, se mantuvo un discurso, clima de confrontación y populismo regulatorio de las telecomunicaciones, fomentando un escenario polarizado de concesionarios “buenos” y “malos”. Debido a este maniqueísmo, la autoridad sectorial y el regulador asumieron un protagonismo que en todo caso sólo les corresponde a los operadores como inversionistas y a los usuarios como beneficiarios directos de las telecomunicaciones.
El sector careció de un conjunto de políticas públicas con objetivos, líneas de acción y estrategias precisas. Los desafíos son muchos y hoy en día México no lidera en ningún servicio de telecomunicaciones en América Latina (telefonía fija, móvil, banda ancha y televisión restringida) y las metas que se plantearon en 2007 no se cumplieron en su totalidad al final del periodo, según cifras oficiales. En penetración de telefonía móvil, por ejemplo, México sólo supera a países como Puerto Rico, Bolivia, Nicaragua y Cuba.
En telefonía fija se propuso como meta para 2012 contar 26.5 millones de líneas, pero sólo se alcanzaron 19.7.
En seis años no creció la cobertura de telefonía rural y se quedó en una cobertura de 24.1 millones de habitantes y 51 mil 396 localidades.
La meta a alcanzar de redes públicas de telecomunicaciones en 2012 que prestan servicios de voz, datos y video era de 230, pero sólo existen 120 redes públicas de telecomunicaciones al final del periodo.
El total de usuarios de Internet en 2012 se programó en 70 millones, pero sólo existen 41 millones.
Se cuentan alrededor de 22.8 millones de conexiones de banda ancha fija y móvil, en comparación con los 22 programados al inicio de la administración. Sin embargo, la meta gubernamental estaba concebida en la banda ancha fija y no se vislumbró el fuerte crecimiento del segmento móvil.
El Sistema Nacional e-México concluyó con 5 mil 692 Centros Comunitarios Digitales conectados, cuando en 2009 eran 8 mil 971.
Actualmente, la cobertura de servicios de telecomunicaciones no llega a los sectores y comunidades más desfavorecidos de la población; la convergencia no es universal y discrimina a una mayoría de usuarios y hogares que no pueden tener acceso a servicios de triple play; la competencia privilegia y protege a operadores y sólo procura tratamientos asimétricos entre ellos, en lugar de incentivar la inversión como escenario de rivalidad entre competidores.
A lo anterior se suma una regulación en materia de tarifas de interconexión que desincentivó la cobertura de redes en zonas rurales de alto costo de provisión de los servicios de telecomunicaciones redujo el ingreso de divisas al país en beneficio de empresas extranjeras, no fomentó el crecimiento de las redes y tiene al borde de la quiebra financiera a varias empresas. Asimismo, la política de transición a la Televisión Digital Terrestre se encuentra detenida, no se ha concretado la licitación de nuevas frecuencias para señales de televisión abierta, hace falta licitar el “dividendo digital” para servicios de banda ancha móvil, la explotación de la banda 2.5 GHz se encuentra en litigio, se requiere legislar en materia de inversión extranjera directa en redes fijas y radiodifusión, hace falta mayor apoyo a los medios públicos y se creó un Organismo Promotor de Medios Audiovisuales sin objetivos precisos y sectorizado a la Secretaría de Gobernación.
Asimismo, tardíamente se dio a conocer una Agenda Digital MX pero sin posibilidades ciertas de aplicación e instrumentación y, en general, los organismos sectoriales y de regulación se caracterizaron, entre otras cosas, por la inestabilidad, la falta de continuidad y la rotación de funcionarios. Sólo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvo tres titulares y la Subsecretaría de Comunicaciones cuatro responsables. Todas estas circunstancias impactaron en el desarrollo del sector generando descoordinación, duplicación de funciones y derroche de recursos públicos, como ocurrió con la adopción de tecnología WiMax para los programas Habilidades Digitales para Todos y aulas digitales a cargo de la SEP, y otros más de dudosa eficacia como CompuApoyo.
Debido a estos pendientes y desafíos llamamos al presidente electo Enrique Peña Nieto, a través de las facultades que le otorga la ley, a crear un organismo temporal denominado Comisión Nacional de Banda Ancha y TIC, encargado de coordinar, fomentar, socializar, divulgar e implementar políticas públicas en materia de banda ancha a través del uso, apropiación y alfabetización en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Una de sus primeras funciones será la de crear e instrumentar una Agenda Digital que incluya telecomunicaciones, TICs, contenidos y capacitación de los usuarios, con un calendario y objetivos medibles y calificables por sus resultados, además de un presupuesto asignado por el Congreso de la Unión, la cual se sujetará a la nueva normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Esta Comisión Nacional de Banda Ancha y TIC deberá tener carácter temporal y estar sujeta a un régimen estricto de rendición de cuentas, por lo que sus objetivos deben ser precisos, medibles, evaluables y sujetos al escrutinio público, evaluada por sus resultados. Asimismo, la Comisión deberá analizar rigurosamente los retos tecnológicos futuros y, sobre esa base, definir políticas públicas que privilegien un desarrollo acelerado de la infraestructura y de servicios en México. Sus atribuciones deberán ser flexibles en el sentido de adaptar rápidamente y de la mejor manera las innovaciones tecnológicas al desarrollo nacional.
Asimismo, su creación no debe fomentar una nueva burocracia ni anquilosar sus procedimientos y atribuciones. Por el contrario, debe saber responder a los desafíos de inversión, dinamismo e innovación propios de las telecomunicaciones. Tampoco debe dar lugar a su captura por parte de los actores regulados o los intereses políticos a corto plazo, por lo que su integración debe ser plural, transversal, multidimensional e incorporar a instituciones y dependencias que en el ámbito de sus competencias legales avancen en el camino de la digitalización del país y Sociedad de la Información y el Conocimiento, siempre con la obligación de llegar a acuerdos en el corto plazo.
Entre sus objetivos se encontrará la creación de un robusto ecosistema tecnológico y de servicios convergentes. El fomento al despliegue de redes de nueva generación debe ser una de sus prioridades, es decir, amplias redes de transporte de datos a través de fibra óptica y espectro radioeléctrico; el desarrollo de contenidos locales y aplicaciones digitales sin discriminación y, finalmente, el acceso de los usuarios a través de todas las tecnologías disponibles y dispositivos terminales como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras o receptores de radio y televisión digitales, etcétera. El objetivo del fomento de dicha infraestructura de nueva generación es garantizar la capacidad de transporte y rapidez en la transmisión de información, la proliferación de contenidos de cualquier productor y creador y la libertad del usuario de acceder a las redes y contenidos de su elección a través de una amplia gama de tecnologías terminales, garantizando su derecho a la información.
La tarea de coordinación implica que dicha Comisión cuente con un presupuesto multianual para la celebración de alianzas público-privadas destinadas al despliegue de infraestructura, cobertura y fondos de acceso universal que lleven servicios de telecomunicaciones a la base de la pirámide por ingreso y por dispersión geográfica. El acceso a la conectividad de banda ancha debe alcanzarse con el apoyo, colaboración y esfuerzo de todo el sector y la industria, incluidos los fabricantes de equipos, desarrolladores de tecnología y software, operadores de telecomunicaciones, empresas de radiodifusión, dependencias de la Administración Pública Federal, entidades de la República y municipios, organizaciones de defensa de los usuarios, universidades, sindicatos y especialistas. Asimismo, tendrá entre sus funciones la elaboración de estudios y diagnósticos objetivos, los procesos de licitación, la planeación y administración del espectro radioeléctrico, con absoluta transparencia y sujetos a los mejores estándares de desempeño internacionales.
Finalmente, entre sus atribuciones se encontrará la propuesta de iniciativas de ley ponderadas para modernizar el actual régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones en un entorno convergente, así como de legislación secundaria en materia de derechos de autor, audio y televisión restringidos, operadores móviles virtuales, inversión extranjera directa, etcétera.
El gobierno por iniciar su responsabilidad ante la Nación tiene la enorme oportunidad de conciliar a la industria, fomentar el crecimiento del sector y poner en el centro de las políticas públicas al usuario. Es por ello que los abajo firmantes le proponemos lo que consideramos el mejor diseño institucional para alcanzar el objetivo primordial de conducir a México hacia el horizonte de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, a través de la infraestructura y la conectividad de banda ancha.
Fernando Butler Silva
Economista, consultor y analista económico-financiero del sector telecomunicaciones
Aleida Calleja Gutiérrez
Especialista en derecho a la información y marcos legales de radiodifusión
Jorge Fernando Negrete P.
Director de Mediatelecom Policy & Law
Agustín Ramírez Ramírez
Abogado y consultor especialista en derecho de las telecomunicaciones
Gabriel Sosa Plata
Profesor y analista de medios de comunicación y telecomunicaciones
Ramiro Tovar Landa
Profesor numerario y economista especialista en regulación económica en telecomunicaciones
Raúl Trejo Delarbre
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
—————————
Comentario de Octavio Islas
En esta ocasión quedó fuera la AMEDI, más no algunos “AMEDIS”
About these ads
Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos
Dr. Luis Videgaray Caso, Coordinador General para la Transición Gubernamental
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
Dip. Jesús Murrillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
A los líderes de las fracciones parlamentarias de los partidos políticos en el Congreso de la Unión[1]
Las telecomunicaciones constituyen uno de los principales factores de crecimiento y desarrollo rumbo a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Después de la industria petrolera, el sector de las telecomunicaciones realiza uno de los mayores aportes a la economía nacional y el PIB, de 3.11 por ciento en marzo de 2012.
Aunque relevante, esta contribución dista de ser la deseable respecto de experiencias en otras naciones como el Reino Unido, donde participa con el 5.7 por ciento. En el Índice de Desarrollo de Tecnologías de la Información y la Comunicación, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el estancamiento de México es evidente, pues en 2008 ocupó el lugar 78 y en la más reciente edición de 2011 ocupó la posición 79. Tal situación se atribuye a la ausencia de políticas públicas que busquen acelerar la digitalización, la creatividad y la innovación.
Actualmente, las telecomunicaciones constituyen un conjunto de tecnologías asociadas y convergentes que permiten la igualdad social. Por primera vez en la historia, la tecnología y los servicios de telecomunicaciones pueden estar al alcance de todos, constituyéndose en herramientas e insumos que reduzcan las brechas actualmente existentes: sociales, económicas, políticas, culturales y de servicios digitales. Además, México es un importante productor de contenidos y de expresiones culturales locales, lo que permite una mayor difusión de nuestra identidad, fomentar el desarrollo y generar negocios a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su alcance global.
Actualmente, la banda ancha consiste en una infraestructura de redes fijas y móviles en convergencia y en un conjunto de tecnologías que hacen posible el tráfico de datos a alta velocidad. Internet forma parte de estas redes de comunicación interconectadas y existe un consenso en el sentido de que el crecimiento de Internet contribuye a erradicar la pobreza y la desigualdad, por medio del acceso universal a la información y a los mercados, terminando con la autarquía y el aislamiento de núcleos poblacionales.
El potencial creciente de la banda ancha permite crear un ecosistema conectado que involucra espacios como el hogar, el trabajo, el gobierno y el entretenimiento, y donde conviven servicios de e-salud, teletrabajo, gobierno electrónico, educación a distancia y transporte en ciudades inteligentes, todo ello en beneficio de la economía, la productividad de las empresas, la eficiencia de la administración pública y el bienestar de los usuarios. Al respecto, el Banco Mundial ha estimado que un crecimiento de 10 por ciento en la penetración de banda ancha impacta 1.38 por ciento en el crecimiento del PIB.
Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios tangibles que actualmente se disfrutan en muchas naciones, México exhibe un considerable rezago en materia de despliegue de infraestructura, desarrollo de servicios de telecomunicaciones y creación de contenidos y aplicaciones digitales.
Durante los últimos años hizo falta liderazgo, planeación estratégica y visión de Estado en las telecomunicaciones, lo cual generó conflictos, judicialización y mediatización del sector, incertidumbre jurídica, discriminación de usuarios y un crecimiento modesto del sector respecto de otros países de América Latina. Además, se mantuvo un discurso, clima de confrontación y populismo regulatorio de las telecomunicaciones, fomentando un escenario polarizado de concesionarios “buenos” y “malos”. Debido a este maniqueísmo, la autoridad sectorial y el regulador asumieron un protagonismo que en todo caso sólo les corresponde a los operadores como inversionistas y a los usuarios como beneficiarios directos de las telecomunicaciones.
El sector careció de un conjunto de políticas públicas con objetivos, líneas de acción y estrategias precisas. Los desafíos son muchos y hoy en día México no lidera en ningún servicio de telecomunicaciones en América Latina (telefonía fija, móvil, banda ancha y televisión restringida) y las metas que se plantearon en 2007 no se cumplieron en su totalidad al final del periodo, según cifras oficiales. En penetración de telefonía móvil, por ejemplo, México sólo supera a países como Puerto Rico, Bolivia, Nicaragua y Cuba.
En telefonía fija se propuso como meta para 2012 contar 26.5 millones de líneas, pero sólo se alcanzaron 19.7.
En seis años no creció la cobertura de telefonía rural y se quedó en una cobertura de 24.1 millones de habitantes y 51 mil 396 localidades.
La meta a alcanzar de redes públicas de telecomunicaciones en 2012 que prestan servicios de voz, datos y video era de 230, pero sólo existen 120 redes públicas de telecomunicaciones al final del periodo.
El total de usuarios de Internet en 2012 se programó en 70 millones, pero sólo existen 41 millones.
Se cuentan alrededor de 22.8 millones de conexiones de banda ancha fija y móvil, en comparación con los 22 programados al inicio de la administración. Sin embargo, la meta gubernamental estaba concebida en la banda ancha fija y no se vislumbró el fuerte crecimiento del segmento móvil.
El Sistema Nacional e-México concluyó con 5 mil 692 Centros Comunitarios Digitales conectados, cuando en 2009 eran 8 mil 971.
Actualmente, la cobertura de servicios de telecomunicaciones no llega a los sectores y comunidades más desfavorecidos de la población; la convergencia no es universal y discrimina a una mayoría de usuarios y hogares que no pueden tener acceso a servicios de triple play; la competencia privilegia y protege a operadores y sólo procura tratamientos asimétricos entre ellos, en lugar de incentivar la inversión como escenario de rivalidad entre competidores.
A lo anterior se suma una regulación en materia de tarifas de interconexión que desincentivó la cobertura de redes en zonas rurales de alto costo de provisión de los servicios de telecomunicaciones redujo el ingreso de divisas al país en beneficio de empresas extranjeras, no fomentó el crecimiento de las redes y tiene al borde de la quiebra financiera a varias empresas. Asimismo, la política de transición a la Televisión Digital Terrestre se encuentra detenida, no se ha concretado la licitación de nuevas frecuencias para señales de televisión abierta, hace falta licitar el “dividendo digital” para servicios de banda ancha móvil, la explotación de la banda 2.5 GHz se encuentra en litigio, se requiere legislar en materia de inversión extranjera directa en redes fijas y radiodifusión, hace falta mayor apoyo a los medios públicos y se creó un Organismo Promotor de Medios Audiovisuales sin objetivos precisos y sectorizado a la Secretaría de Gobernación.
Asimismo, tardíamente se dio a conocer una Agenda Digital MX pero sin posibilidades ciertas de aplicación e instrumentación y, en general, los organismos sectoriales y de regulación se caracterizaron, entre otras cosas, por la inestabilidad, la falta de continuidad y la rotación de funcionarios. Sólo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvo tres titulares y la Subsecretaría de Comunicaciones cuatro responsables. Todas estas circunstancias impactaron en el desarrollo del sector generando descoordinación, duplicación de funciones y derroche de recursos públicos, como ocurrió con la adopción de tecnología WiMax para los programas Habilidades Digitales para Todos y aulas digitales a cargo de la SEP, y otros más de dudosa eficacia como CompuApoyo.
Debido a estos pendientes y desafíos llamamos al presidente electo Enrique Peña Nieto, a través de las facultades que le otorga la ley, a crear un organismo temporal denominado Comisión Nacional de Banda Ancha y TIC, encargado de coordinar, fomentar, socializar, divulgar e implementar políticas públicas en materia de banda ancha a través del uso, apropiación y alfabetización en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Una de sus primeras funciones será la de crear e instrumentar una Agenda Digital que incluya telecomunicaciones, TICs, contenidos y capacitación de los usuarios, con un calendario y objetivos medibles y calificables por sus resultados, además de un presupuesto asignado por el Congreso de la Unión, la cual se sujetará a la nueva normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Esta Comisión Nacional de Banda Ancha y TIC deberá tener carácter temporal y estar sujeta a un régimen estricto de rendición de cuentas, por lo que sus objetivos deben ser precisos, medibles, evaluables y sujetos al escrutinio público, evaluada por sus resultados. Asimismo, la Comisión deberá analizar rigurosamente los retos tecnológicos futuros y, sobre esa base, definir políticas públicas que privilegien un desarrollo acelerado de la infraestructura y de servicios en México. Sus atribuciones deberán ser flexibles en el sentido de adaptar rápidamente y de la mejor manera las innovaciones tecnológicas al desarrollo nacional.
Asimismo, su creación no debe fomentar una nueva burocracia ni anquilosar sus procedimientos y atribuciones. Por el contrario, debe saber responder a los desafíos de inversión, dinamismo e innovación propios de las telecomunicaciones. Tampoco debe dar lugar a su captura por parte de los actores regulados o los intereses políticos a corto plazo, por lo que su integración debe ser plural, transversal, multidimensional e incorporar a instituciones y dependencias que en el ámbito de sus competencias legales avancen en el camino de la digitalización del país y Sociedad de la Información y el Conocimiento, siempre con la obligación de llegar a acuerdos en el corto plazo.
Entre sus objetivos se encontrará la creación de un robusto ecosistema tecnológico y de servicios convergentes. El fomento al despliegue de redes de nueva generación debe ser una de sus prioridades, es decir, amplias redes de transporte de datos a través de fibra óptica y espectro radioeléctrico; el desarrollo de contenidos locales y aplicaciones digitales sin discriminación y, finalmente, el acceso de los usuarios a través de todas las tecnologías disponibles y dispositivos terminales como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras o receptores de radio y televisión digitales, etcétera. El objetivo del fomento de dicha infraestructura de nueva generación es garantizar la capacidad de transporte y rapidez en la transmisión de información, la proliferación de contenidos de cualquier productor y creador y la libertad del usuario de acceder a las redes y contenidos de su elección a través de una amplia gama de tecnologías terminales, garantizando su derecho a la información.
La tarea de coordinación implica que dicha Comisión cuente con un presupuesto multianual para la celebración de alianzas público-privadas destinadas al despliegue de infraestructura, cobertura y fondos de acceso universal que lleven servicios de telecomunicaciones a la base de la pirámide por ingreso y por dispersión geográfica. El acceso a la conectividad de banda ancha debe alcanzarse con el apoyo, colaboración y esfuerzo de todo el sector y la industria, incluidos los fabricantes de equipos, desarrolladores de tecnología y software, operadores de telecomunicaciones, empresas de radiodifusión, dependencias de la Administración Pública Federal, entidades de la República y municipios, organizaciones de defensa de los usuarios, universidades, sindicatos y especialistas. Asimismo, tendrá entre sus funciones la elaboración de estudios y diagnósticos objetivos, los procesos de licitación, la planeación y administración del espectro radioeléctrico, con absoluta transparencia y sujetos a los mejores estándares de desempeño internacionales.
Finalmente, entre sus atribuciones se encontrará la propuesta de iniciativas de ley ponderadas para modernizar el actual régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones en un entorno convergente, así como de legislación secundaria en materia de derechos de autor, audio y televisión restringidos, operadores móviles virtuales, inversión extranjera directa, etcétera.
El gobierno por iniciar su responsabilidad ante la Nación tiene la enorme oportunidad de conciliar a la industria, fomentar el crecimiento del sector y poner en el centro de las políticas públicas al usuario. Es por ello que los abajo firmantes le proponemos lo que consideramos el mejor diseño institucional para alcanzar el objetivo primordial de conducir a México hacia el horizonte de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, a través de la infraestructura y la conectividad de banda ancha.
Fernando Butler Silva
Economista, consultor y analista económico-financiero del sector telecomunicaciones
Aleida Calleja Gutiérrez
Especialista en derecho a la información y marcos legales de radiodifusión
Jorge Fernando Negrete P.
Director de Mediatelecom Policy & Law
Agustín Ramírez Ramírez
Abogado y consultor especialista en derecho de las telecomunicaciones
Gabriel Sosa Plata
Profesor y analista de medios de comunicación y telecomunicaciones
Ramiro Tovar Landa
Profesor numerario y economista especialista en regulación económica en telecomunicaciones
Raúl Trejo Delarbre
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
—————————
Comentario de Octavio Islas
En esta ocasión quedó fuera la AMEDI, más no algunos “AMEDIS”
About these ads
No hay comentarios:
Publicar un comentario