La operación que quedó en nada
Se pincha el globo de la actuación antiyihadista contra dos reclusos comunes de Martutene
La única gran operación llevada a cabo en los últimos meses en el País Vasco por las fuerzas de seguridad contra presuntos yihadistas «ha quedado en nada», según han confirmado a EL MUNDO diversas fuentes de la lucha antiterrorista. Las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha indican que no hay elementos suficientes que vinculen a las dos personas detenidas por la Policía Nacional el pasado mes de diciembre con el entorno de Daesh, el autoproclamado Estado Islámico, como informó en primera persona en su día el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Ambos eran presos de la cárcel de Martutene condenados por delitos comunes, pero aparentemente nada más.
Desde Bruselas, donde participaba en una cumbre de la Unión Europea, Fernández Díaz habló de la importancia de haber arrestado a dos «terroristas informáticos» que habían publicado contenidos vinculados con el islamismo radical en Internet y que además frecuentaban locales en Gipuzkoa objeto de especial vigilancia policial. Era justo el viernes en el que se iniciaba la campaña electoral de cara a las generales que se celebraron el 20 de ese mes y fue la primera y última comunicación oficial al respecto.
Los protagonistas de la operación policial eran M.M., un joven de 24 años de origen marroquí que había participado hace varios años en reportajes periodísticos como ejemplo de integración y que tenía en Facebook un selfie en el interior de una comisaría de la Ertzaintza, y M.C.M., de 32 años, natural de Zumarraga y que en los últimos años se habría acercado al mundo musulmán. Ambos, según la acusación policial, habrían aprovechado los permisos penitenciarios a los que tenían derecho para hacer proselitismo del yihadismo en redes sociales, como demostraría un vídeo de M.M. en el que aparecía quemando su pasaporte del Reino de Marruecos. Desde su entorno familiar, sin embargo, se descartaba con rotundidad todo aquello.
Sin embargo, los presuntos «terroristas informáticos» ni siquiera fueron trasladados a Madrid, a la Audiencia Nacional, tribunal que investiga todos los delitos de terrorismo cometidos en España y adonde suelen ser llevados los sospechosos. Prestaron declaración ante el juez por videoconferencia dada la escasa relevancia de las acusaciones que pesaban sobre ellos, extremo que causó sorpresa incluso en la propia Policía Nacional, que ha reforzado en los últimos meses sus grupos especializados en yihadismo, que ya llevan más de una década operando en suelo vasco.
Como medida preventiva, eso sí, al menos uno de los implicados ha sido trasladado ya a una cárcel fuera de su entorno social, en concreto a Valladolid. Al igual que sucede en el caso de los reclusos de ETA, el Gobierno aplica con el yihadismo una estricta política de dispersión penitenciaria para evitar la concentración de presos potencialmente peligrosos y para evitar también que utilicen sus permisos con fines ilícitos. En total, a diciembre de 2015 unas 180 personas estaban sometidas a seguimiento especial en las cárceles de toda España.
Pocos días después de que se conociera la noticia, el 9 de diciembre, la Ertzaintza ya cuestionó el alcance de esa operación. Por boca del portavoz del Gobierno,Josu Erkoreka, se informó de que a los servicios de información autonómicos no les constaba la radicalización de los dos detenidos, que además ya cumplían condena en la cárcel donostiarra de Martutene por otros delitos comunes. «Era una información que no acreditaba de manera fehaciente que fuera una persona fuertemente vinculada [a Daesh]», señaló Erkoreka sobre los informes sobre M.M. que manejaba la Policía autonómica.
El País Vasco se encuentra en alerta antiterrorista 4 de 5 desde el pasado verano. Es un nivel establecido para toda España. La Ertzaintza, en cambio, apuesta por rebajar el nivel de riesgo a 3 de 5.
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