Además de la expulsión directa y la colonización, Israel utiliza presiones financieras y legales avaladas para echar a los árabes de la ciudad.
Según publicó el pasado 2 de noviembre el periódico israelí Haaretz, en los últimos años ha avanzado sustancialmente la judaización de las zonas ocupadas ilegalmente en Jerusalén Oriental, en la que participan diferentes actores, como ONG y la policía.
El consejero del presidente palestino Abás, Ahmed Rueidi, opinó que este tipo de políticas de expulsión “tienen el objetivo claro de hacer imposible la solución política del conflicto” árabe-israelí y son activamente apoyadas y supervisadas por el gobierno de Israel.
El artículo cita el caso específico del barrio árabe Silwan, en donde la organización Ateret Cohamin —Corona de los Sacerdotes, en hebreo—, solventada por millonarios estadounidenses, ejerce una enorme presión legal y financiera sobre las familias palestinas que viven en la zona para obligarlas a dejar sus casas, con la colaboración activa de las autoridades que permiten que construya sin ningún tipo de autorización legal.
La ONG procura además cooptar a jóvenes árabes mediante dinero y beneficios, con el objetivo de que trabajen en conveniencia con sus planes, adquiriendo propiedades de sus propios familiares a favor de la organización. La Corte Suprema de Israel avala este comportamiento de forma directa, ya que protege mediante el anonimato al hombre a cargo de los manejos inmobiliarios de Ateret Cohamin —conocido solo por su inicial, M.—, a los palestinos que dejan sus casas tras firmar acuerdos económicos o ser expulsados, y también a los nuevos residentes israelíes.
El consejero para los asuntos de Jerusalén del presidente palestino Abás, Ahmed Rueidi, opinó que este tipo de políticas de expulsión “tienen el objetivo claro de hacer imposible la solución política del conflicto” árabe-israelí y son activamente apoyadas y supervisadas por el gobierno de Israel.
En este sentido, es notable la diferencia que se observa entre los sectores árabe y judío de la ciudad, donde en el primero escasean los servicios prestados por el municipio, mientras que en el segundo están sobredimensionados, a pesar de que los ciudadanos de ambos pagan sus impuestos con la misma regularidad. De acuerdo con Mohammed Hadieh, quien forma parte de una de las unidades de apoyo a quienes negocian con Israel, los palestinos constituyen aproximadamente el 35% de la población de Jersualén y reciben solo el 10% de los servicios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario