Nueve países europeos condenan allanamiento y cierre de oficinas de ONGs palestinas por el régimen israelí
Hasta nueve países europeos han expresado su alarma por el reciente allanamiento y cierre por parte del régimen israelí de las oficinas de muchas organizaciones palestinas de derechos humanos en la Cisjordania ocupada por Tel Aviv.
“Estamos profundamente preocupados por los allanamientos ocurridos en la mañana del 18 de agosto, como parte de una preocupante reducción del espacio para la sociedad civil” en todo el territorio, dijeron este viernes las cancillerías de los países.
“Estas acciones no son aceptables”, señalaron en un comunicado Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, España y Suecia.
La declaración se produjo un día después de que las fuerzas israelíes asaltaron, registraron y sellaron la sede de siete organizaciones de derechos humanos en Ramalá y la ciudad de las afueras de al-Bireh, marcando una gran escalada contra el tejido asociativo palestino.
Las organizaciones allanadas por las fuerzas de ocupación incluyen Al-Haq, Addameer, el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo, Defensa Internacional de los Niños Palestinos, la Unión de Comités del Trabajo Agrícola, la Unión de Comités del Trabajo de la Salud y la Unión de Mujeres Palestinas.
Al menos seis de las organizaciones habían sido calificadas como grupos “terroristas” por el régimen israelí en octubre pasado por sus supuestos vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
Todas las ONG han negado cualquier asociación con el FPLP. Los funcionarios israelíes tampoco han proporcionado ninguna prueba de los presuntos vínculos.
Los países europeos también calificaron de infundadas las acusaciones de “Israel” contra las ONGs.
Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina con sede en Ramalá describió la redada como ilegal.
Dijo que las fuerzas israelíes saquearon documentos y confiscaron equipos antes de cerrar las oficinas de las ONG.
El ministerio advirtió que la sociedad civil y los grupos de derechos humanos seguían siendo el objetivo principal del régimen porque documentan sus crímenes contra los palestinos.
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