aborto en el mundo islamico

La Comunidad de Madrid se oponía a que una joven marroquí abortara
La joven ha pedido abortar y el islam lo permite

MUNDO ARABE.ORG 18/08/2007

A lo largo del mes de agosto la Comunidad de Madrid declaró que pondrá todos los medios que estén a su alcance para evitar que una joven tutelada de 17 años y de nacionalidad marroquí aborte, pese a que la adolescente así lo ha solicitado y que su religión, el islam, lo permite. La joven se encontraba embarazada de dos meses. La Comunidad gobernada por el derechista Partido Popular dedica enormes subvenciones a grupos fundamentalistas y organizaciones católicas antiabortistas que pretenden acabar con el derecho al aborto. El PSOE ha denunciado la actitud del Gobierno regional que intenta "mediatizar la voluntad de la mujer" ante la presión de los grupos provida. Mientras, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales se limitó a decir que se ha seguido el protocolo de actuación para estos casos y que se ha pasado todo el expediente a la Seguridad Social.

La secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, criticó la actitud del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), dependiente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, ya que estaba tratando de convencer a la menor "por todos los medios" de que no abortara. "La misión de los responsables de este instituto no es convencer de ese aspecto, sino de informar de todas las posibilidades con que cuenta la madre, entre las que se encuentra, por supuesto, el aborto", criticó Álvarez. La socialista acusó a la Comunidad de Madrid de actuar de forma temerosa ante los grupos de presión y recordó que la interrupción del embarazo es "un derecho reconocido por las leyes". "La joven debería tomar la decisión que quiera, sin estar sometida a chantajes. Están intentando mediatizar a la mujer con todo lo que tienen a su alcance. Tendremos que reconvenirles y recordarles cuál es su función", añadió la secretaria del PSOE.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Matilde Fernández, también criticó al Gobierno regional, a quien acusó de someterse a "la presión fundamentalista" de los grupos antiabortistas. "Habrá que recordar la labor del anterior consejero Luis Peral y de la mala política de prevención e información en materia de hábitos sanos en la vida sexual. Lo hemos denunciado por activa y por pasiva en los últimos años. No se puede gastar tanto dinero en actividades fundamentalistas", concluyó.

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid negó a medios de comunicación el poder hablar con los responsables del IMMF. Una portavoz de la consejería se amparó en que el caso estaba abierto para no facilitar información. Se limitó a decir que la joven fue informada en todo momento de las opciones de que disponía, entre las que se incluye el aborto. Acto seguido, remitió un comunicado sin membrete oficial en el que reiteró que todas las medidas que se adoptan en el ejercicio de tutela y guarda de menores "están orientadas en beneficio e interés del menor".

El director de Fundación Vida, Manuel Cruz, declaró a Europa Press que no se estaba permitiendo dar información a la niña "sobre las consecuencias y secuelas de abortar". "De forma habitual, se le piden los exámenes psicológicos a la clínica Dator, cuyo interés es facturar, por lo que no se garantiza la objetividad", añadió Cruz.

Las entidades provida, entre las que se encuentra organizaciones religiosas católicas o ligadas a movimientos antiabortistas, incluida la Fundación Vida, recibieron el 72% de 600.000 euros con que cuentan los fondos de la Red de Madres (433.382 euros). Su objetivo es "financiar proyectos realizados por entidades sin ánimo de lucro dirigidos a atender las necesidades de las jóvenes embarazadas y de las madres y padres sin recursos", según su web. Eso sí, con tintes provida.

La joven había solicitado abortar, ya que se encontraba embarazada de dos meses. Cuando llegó la noticia al Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), dependiente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, ése le remitió a la clínica Dator (especializada en la interrupción legal del embarazo) en lo que parecía ser un intento para obstaculizar la posibilidad de abortar. Allí fue sometida a una evaluación psicológica para saber si entraba dentro del llamado tercer supuesto, que permite el aborto en caso de que haya problemas para la salud de la madre, lo que significaría que no fueron contemplados otros supuestos que obligan a respetar la voluntad de la madre y su deseo de abortar. finalmente la joven abortó de forma natural y espontánea antes de que la Comunidad de Madrid, gobernada por Esperanza Aguirre, decidiera por ella.