Contra el futuro de México (Artículo)
"El PVEM ha sido cómplice y actor de un uso dispendioso y destructor de los recursos naturales, a costa del bien común", escribe Leticia Merino.
Por Leticia Merino*
La decisión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de otorgar alPartido Verde Ecologista de México la presidencia de las Comisiones de Medio Ambiente, expresa además de un pragmatismo político escaso de valores, una visión ignorante de los graves problemas ambientales que enfrentan las distintas regiones del país. Se trata de una decisión que legitima la actuación del Partido Verde durante los periodos que ha presidido esa comisión y ha sido titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Una actuación caracterizada por la completa subordinación del cuidado de los ecosistemas, la salud pública, el derecho humano al agua y al medio ambiente, a los intereses de corporaciones mineras, de hidrocarburos, inmobiliarias, turísticas y agroindustriales, entre otras.
Varios “botones” que nos sirven de muestra de la complicidad del PVEM con la destrucción ambiental del país en favor del gran capital: durante el periodo 2015-2018, los legisladores del PVEM avalaron las iniciativas de reformar la Ley General de Aguas que presentaron, en 2015, el presidente Enrique Peña Nieto, que priorizaba la privatización y comercialización del agua e incluso criminalizaba el análisis independiente de la calidad del agua, y, en 2018, el diputado priista Antonio Pichardo, que fortalecía el sistema de concesiones, favoreciendo el acaparamiento, sobre-explotación y contaminación del agua, y obstaculizando el acceso de comunidades, pueblos y grupos vulnerables a ese recurso fundamental. En su momento ambas iniciativas fueron rechazadas gracias a la presión de grupos de la sociedad civil y comunidades, cuyas preocupaciones sobre el tema cuestionaban abiertamente la posición del PVEM.
En el contexto del Pacto por México y la Reforma Energética, en 2013, el PVEM impulsó desde el Congreso, la creación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que debilitó a la política ambiental en el tema de extracción y procesamiento de hidrocarburos, y restó capacidades a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A fines de 2017 los legisladores del PVEM se opusieron contundentemente a la propuesta de prohibir de la minería en Áreas Naturales Protegidas, que impulsaban distintos legisladores, en el contexto de la discusión de la iniciativa de Ley de Biodiversidad. Algunos de los miembros de la bancada del PVEM, que participaban en la Comisión de Medio Ambiente durante la legislación pasada, son propietarios de acciones de empresas mineras que buscan establecerse en zonas de interés para la conservación en la península de Baja California. El conflicto de intereses no fue un obstáculo para su participación en las decisiones legislativas en detrimento de la protección de la biodiversidad.
En el terreno del poder ejecutivo, la SEMARNAT fue la prenda política con que el PRI premió los favores del PVEM. Este arreglo tuvo altos costos para las condiciones ambientales de las ciudades, los territorios rurales y la calidad de vida de millones mexicanos. Durante estos años, los manglares, los bosques, los suelos, las costas y las cuencas hidrológicas se deterioraron crecientemente. La sobreexplotación de las pesquerías y el cambio de uso del suelo amenazan hoy la permanencia de los ecosistemas, el acceso al agua y a la alimentación de gran parte de la población del país, la responsabilidad del PVEM en esta situación no es menor (más al respecto en la Agenda Ambiental 2018 de la UNAM).
La omisión y acción del PVEM como parte del poder legislativo y ejecutivo en la administración que concluye, ha sido desencadenante de numerosos conflictos socio-ambientales que a lo ancho de la geografía nacional, enfrentan a colonos, comunidades rurales e indígenas, a las grandes corporaciones, y que resultan de violaciones reiteradas de los derechos humano y la conservación del patrimonio natural. Basta tener en mente las grandes afectaciones del derrame de Minera México en los ríos Bacanuchi y Sonora, ante los que la SEMARNAT, con el PVEM al frente, no sólo fue omisa, sino que incluso censuró la documentación de los daños que realizaron instituciones académicas.
Ante este panorama de deterioro creciente, opacidad e intereses cómplices, la búsqueda de legitimidad de Peña y el PVEM, presumiendo proteger 20 ejemplares sobrevivientes de la vaquita mariana, 150 parejas de águila real y un número creciente de Áreas Naturales Protegidas, expresan un profundo desconocimiento de las necesidades de una conservación eficiente, integral y respetuosa de los derechos de las comunidades locales.
En el contexto de la “cuarta transformación de México” en la que los ciudadanos anhelamos creer y participar, uno de los temas fundamentales es revertir la degradación de los ecosistemas; para ello la política de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad requieren también de una profunda revisión. El modelo de “conservación”, por llamarlo de algún modo, que el PVEM ha impulsado, en la realidad ha generado grandes extensiones –actualmente más del 15% del territorio nacional- de territorios, en los que los pobladores y dueños pierden derechos, se trata de áreas que carecen de presupuesto, son regidas por funcionarios designados desde el centro, ajenos a las regiones e incluso en conflicto con sus poblaciones; donde la minería no sólo es tolerada sino abiertamente incluida en los planes de manejo avalados por Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Asumiendo la necesidad imperiosa de protección de la biodiversidad en la que descansa la posibilidad futura de la vida, uno no puede dejar de constatar que esta política más que proteger, genera condiciones de conflictividad y deterioro crecientes.
En términos de protección de ecosistemas de gran valor, como los bosques cabe tener en cuenta que durante la gestión de la SEMARNAT del PVEM, la pérdida de superficies forestales se ha exacerbado en la Meseta Purépecha (en favor de las huertas de aguacate) y en Campeche y Chiapas, donde la selva tropical ha sido sustituida por plantaciones de palma africana y soya, entre otros cultivos; y más de 30% de la extensión de los bosques templados de México han sido concesionadas a empresas mineras.
El PVEM ha sido cómplice y actor de un uso dispendioso y destructor de los recursos naturales, a costa del bien común, de las necesidades básicas de los grupos más vulnerables y de la propia base de la vida: los ecosistemas que sostienen a las sociedades y sus actividades productivas.
Reconociendo la multiplicidad y complejidad de temas presentes en los cambios que hoy demanda el país, teniendo en cuenta lo desconocido, que no marginal de los temas ambientales, llamamos a los legisladores del cambio por los que votamos la mayoría de los ciudadanos, a asumir la gravedad e injusticia de los problemas ambientales que aquejan a los mexicanos, y a no dejar las comisiones legislativas sobre estos temas en manos de quienes en gran medida han coadyuvado a perpetrarlos. El país lo requiere y lo demanda.
*Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario sobre Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones y la Agenda ambiental 2018, en la UNAM.
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