Desaparecer por defender el territorio
Carolina Robledo Silvestre / CIESAS – GIASF*
Foto: Eber Huitzil
Durante más de una década hemos asistido a la masificación del crimen de la desaparición forzada en México en un contexto de múltiples intencionalidades y actores que han configurado un régimen de desaparición heterogéneo y mutante. En este paisaje sembrado de fosas y familias en búsqueda, la desaparición se ha distanciado de sus orígenes marcados por regímenes dictatoriales y de conflicto armado, para ubicarse en un contexto neoliberal fundamentado en la violencia.
La expansión extractivista de este modelo ha producido en México un número importante de conflictos socioambientales con manifestaciones de violencias extremas como la desaparición de defensores de la tierra e integrantes de comunidades en resistencia.
La violencia tiene lugar en el choque entre un modelo de desarrollo de hiper-explotación de los recursos naturales, ocupación extensiva del territorio y acaparamiento de tierras, con los movimientos de defensa del medio ambiente, las comunidades campesinas e indígenas que defienden el territorio, movimientos ecofeministas, entre otros.
El Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana, presentado el pasado 2 de marzo, ha documentado 596 megaproyectos asentados en todo el territorio nacional entre el 1 enero de 2017 y el 30 de marzo de 2020, frente a los cuales se han interpuesto 469 acciones colectivas. Es decir, comunidades organizadas están resistiendo al 78% de los megaproyectos, ya sea a través de acciones directas, simbólicas, jurídicas o de movilización pública. Esta resistencia ha sido castigada.
Según los datos del OCSA hay al menos 27 conflictos socioambientales en los que han habido asesinatos de personas defensoras del territorio. Entre estos, uno de los más emblemáticos es el de Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos. Del mismo modo se han documentado desapariciones forzadas, como el caso de la defensora Irma Galindo, en Oaxaca o de Sergio Rivera en Puebla, nombres que han quedado sepultados entre la ignominiosa cifra que cuenta cerca de 84 mil personas desaparecidas en México, la mayoría en la última década.
Irma Galindo, defensora de los derechos humanos, de la tierra y del territorio del municipio de San Esteban Atatlahuca en la mixteca oaxaqueña, fue desaparecida el 10 de noviembre de 2019 después de que quemaran su casa. Diez días después fue liberada y resguardada por la Red de Defensoras de los Derechos Humanos, en medio de la negligencia sistemática de las autoridades por investigar el caso.
Sergio Rivera Hernández fue desaparecido el 23 de agosto de 2018, cuando transitaba en su motocicleta por la municipalidad de San Pablo Zoquitlán, Puebla. Sergio, que continúa desaparecido, es defensor indígena del Pueblo Nahua y miembro del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), y al momento de su desaparición denunciaba activamente las violaciones de derechos humanos como consecuencia de la construcción del sistema hidroeléctrico Coyolapa-Atzatlán en la región de la Sierra Negra, Puebla.
El OCSA documenta otros casos de desaparición menos visibilizados en los medios, con la advertencia de que se trata únicamente de una primera aproximación a este fenómeno basada en información de prensa. Para quienes investigamos la desaparición forzada de personas en México esta herramienta resulta muy útil para entender las lógicas de violencia que subyacen al proyecto desarrollista neoliberal, entendiéndolo como el origen de las violencias extremas desplegadas en los territorios.
Será muy importante empezar a cruzar estas geografías extractivistas con los datos disponibles sobre desaparición de personas, pues si bien este crimen se ejerce como un método directo de castigo selectivo contra líderes y defensores de los territorios, como en el caso de Irma y de Sergio, sabemos también que es utilizado de forma masiva contra poblaciones asentadas en territorios de interés económico.
Por ejemplo, en nuestro trabajo etnográfico realizado en el norte de Sinaloa observamos un patrón de desapariciones de jóvenes perpetradas por la policía local, en una dinámica de control territorial para el trasiego y el narcomenudeo de drogas.[1] En Coahuila existe una relación entre la ocupación del territorio por parte de ejércitos (oficiales y privados) y las violencias extremas contra la población. Los intereses económicos sobre los recursos carboníferos y la frontera con Estados Unidos tienen relación con las masacres, las desapariciones y los asesinatos selectivos. En Chihuahua, durante el inicio de la llamada “Guerra contra las Drogas” observamos un patrón de prácticas de represión militar que incluía la desaparición forzada para el control territorial.[2]
En Veracruz se ha documentado la relación entre la franja este del tráfico ilegal de combustible, que va de Amozoc hasta Esperanza, y la desaparición de personas. Pensemos también en la desaparición de migrantes, que ocurre en una compleja dinámica de violencias extractivistas que encadenan aquellas perpetradas sobre los cuerpos con las ejercidas contra los territorios, incluyendo la extorsión, el secuestro, la esclavitud, la violencia sexual, la masacre, el desmembramiento y la desaparición forzada con técnicas sanguinarias.
El proyecto neoliberal expresado en los megaproyectos y en otras formas de despojo de la vida se ejerce a través de la privación y la desposesión de algo que se quita o que se ocupa: la existencia, la libertad, el alimento, la salud, el cuerpo, lo común, la protección, el futuro. Por ello, para pensar la desaparición será necesario pensar también el modelo económico que acaba con la vida y desde allí imaginar qué significa entonces justicia, qué debe repararse cuando los cimientos sobre los que se sostienen nuestras sociedades están manchados de sangre.
[1] Aída Hernández y Carolina Robledo (eds) (2020): “Nadie detiene el amor: historias de vida de familiares de personas desaparecidas en el norte de Sinaloa”.
[2] Carolina Robledo, Liliana López, May-ek Querales y Aída Hernández (2019). Peritaje socioantropológico sobre el contexto de militarización y graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército en el marco del operativo Conjunto Chihuahua.
*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.
Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos
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