México. Gobiernos federal y de Guerrero «siguen sin actuar» para proteger a comunidades desplazadas: CNI
Desinformemonos_Resumen Latinoamericano 13 de mayo 2026.
A pesar de «los cruentos bombardeos» en las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán por parte del grupo criminal Los Ardillos, «los gobiernos federal y del estado siguen sin actuar, sin otorgar protección a dichas comunidades pero simulando que lo hacen», denunció el Congreso Nacional Indígena, tras la prolongación de los ataques que desde el 6 de mayo han desplazado a miles de familias del Concejo Indígena y Popular de Gurrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en la Montaña Baja de Guerrero.
«El gobierno del estado y el gobierno municipal no protegen a su población, protegen a un cartel criminal. Mientras tanto, el ejército mexicano y la Guardia Nacional, de la mano de Francisco Rodríguez (subsecretario de Desarrollo Político y Social), dicen que no pueden acceder a las comunidades violentadas porque pobladores de Chilapa no se los permiten, sin embargo, no es cierto que se trate de pobladores, se trata de Los Ardillos; y no es cierto que no puedan pasar, no quieren hacerlo», aseguró el CNI.
Los pueblos acusaron que la finalidad de la inacción por parte de las autoridades es «dar tiempo» a que Los Ardillos desarticulen la Policía Comunitaria para así tomar el control territorial de las comunidades del CIPOG-EZ.
Como resultado de los ataques, al menos cinco personas han sido asesinadas, entre ellas Abraham Jiménez Chautla, originario de Alcozacán, y José Guadalupe Ahuejote Xanteco y Victor Ahuejote Arribeño, ambos de Xicotlán.
El CNI responsabilizó de la violencia a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, al gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, al ejército mexicano, a la Guardia Nacional y al gobierno municipal de Chilapa, y exigió la intervención inmediata de las autoridades para inhibir los ataques de Los Ardillos, desarticular a dicho cártel y proteger a las comunidades del CIPOG-EZ.
Finalmente, el Congreso demandó la presentación con vida de las personas desaparecidas, castigo a los responsables materiales e intelectuales de la violencia contra las comunidades del CIPOG-EZ, y el respeto a la autonomía y organización de los pueblos originarios
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