Dos grupos de derechos humanos afirman que las sanciones del gobierno de Donald Trump impuestas contra la Corte Penal Internacional (CPI) por sus investigaciones sobre la guerra de Israel contra la franja han obstaculizado ilegalmente su capacidad de abogar por los palestinos. Las organizaciones sostienen en una demanda presentada ayer que se han visto obligadas a censurar su trabajo para evitar el escrutinio de la Casa Blanca, que en una orden ejecutiva del año pasado no sólo apuntó contra el tribunal penal con sede en La Haya, sino que además prohibió prestar o recibir servicios a o de entidades que hayan sido sancionadas. La demanda presentada por DAWN y Taxpayers Alliance Against Genocide ante un tribunal federal en Manhattan contra altos funcionarios del gobierno solicita una orden judicial que anule las restricciones a su labor y a su capacidad de interactuar con grupos palestinos de derechos humanos y otras partes sancionadas. “El gobierno de Trump está utilizando las sanciones económicas no sólo para castigar a los defensores de los derechos humanos, sino para vigilar las expresiones políticas de millones de estadunidenses”, afirmó Omar Shakir, director ejecutivo de DAWN, un grupo con sede en Estados Unidos que promueve la democracia y los derechos humanos en el mundo árabe fundado por el periodista de The Washington Post, Jamal Khashoggi, asesinado en 2018. “La administración Trump está violando derechos constitucionales de los ciudadanos estadunidenses para proteger a funcionarios de un gobierno extranjero que han cometido un genocidio”, indicó Shakir en un comunicado. La CPI, con sede en La Haya, investiga denuncias de crímenes de guerra en Gaza durante la guerra que comenzó después de que Hamas atacó a Israel el 7 de octubre de 2023. Un panel de jueces emitió órdenes de arresto en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant. Netanyahu ha calificado las órdenes de “absurdas”. Estados Unidos e Israel no figuran entre los miembros del tribunal, y ninguno de los dos países reconoce su autoridad. En respuesta a las órdenes de arresto, Trump emitió una orden ejecutiva el año pasado en la que acusó a la CPI de participar en “acciones ilegítimas e infundadas dirigidas contra Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel”. Durante el último año, Estados Unidos ha impuesto sanciones a grupos palestinos de derechos humanos, a una serie de jueces y empleados de la CPI –incluido el ex fiscal del tribunal– y a Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para Cisjordania y Gaza. Su familia presentó una demanda en febrero, al afirmar que las sanciones violaban la Primera Enmienda. El secretario de Estado Marco Rubio, quien figura entre los demandados, criticó al tribunal incluso esta misma semana y prometió que el gobierno de Trump “desmantelará la CPI ladrillo por ladrillo, si es necesario”. En este contexto, el activista estadunidense James Fergie Chambers, quien donó un millón de dólares en ayuda a Palestina, fue detenido en Ibiza, España, y el Departamento de Estado solicitó su extradición, lo que suscitó temores de una “creciente represión por parte de Trump”, informó The Guardian.
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