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CIUDAD DE MÉXICO — El presidente de México tiene prisa. Pero en su impaciencia, Andrés Manuel López Obrador ha infringido la constitución de manera reiterada.
Sus acciones, al igual que sus mensajes y posicionamientos en las conferencias de prensa matutinas, las Mañaneras, exceden sus facultades constitucionales, vulneran las competencias de otras autoridades y violan derechos humanos. El orden constitucional es garantía de un buen gobierno. Y algunas de las declaraciones y acciones de AMLO en los primeros seis meses en el poder, sin embargo, ponen en riesgo la funcionalidad tanto de su presidencia como de las instituciones.
Quienes votamos por AMLO hicimos nuestro su lema “Por el bien de México, primero los pobres”. Confiamos en su promesa de que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Nos sedujo su oferta de un crecimiento económico del cuatro por ciento anual y coincidimos en que el combate a la corrupción y la seguridad pública tendrían que ser prioridades de su gobierno.
Como candidato, su oferta de conciliación nacional, de un México en paz y sin divisiones por razones ideológicas o de clase social, fue acogida por sus simpatizantes con el signo de #AMLOVE. En su propuesta de enfrentar la violencia con “abrazos, y no balazos”, no solo se esperaba el cambio de rumbo de una guerra sangrienta contra el narcotráfico, sino que la metáfora se extendiese a sus opositores, quienes tendrían su respeto y a los que nunca vería como enemigos, como lo prometió en el cierre de su campaña.
El triunfo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por AMLO, fue arrollador. Además de los 30 millones de votos, equivalentes al 53 por ciento del electorado, que lo elevaron a la presidencia, alcanzó la mayoría en el congreso federal con 258 diputaciones y 59 senadurías, cinco gubernaturas estatales y el control en 19 de los 32 congresos locales. Esta fuerza ha permitido que AMLO impulse reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional con mandos civil y militar, y ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos el robo de hidrocarburos, la corrupción y los delitos electorales.
Desmontar la corrupción de gobiernos anteriores, velar por el bien público y gobernar con justicia para el “pueblo bueno” son justificaciones válidas para efectos políticos y sociales, sobre todo por la premura en dar resultados antes de que concluya su primer año de gobierno. Pero este pragmatismo apresurado, llevado al extremo, arriesga la estabilidad del sistema constitucional de México, pues quebranta los principios fundamentales de legalidad y división de poderes. De prolongarse en los seis años de su presidencia, el daño será estructural y la reconstrucción institucional, ardua y prolongada.
La ausencia de balances y contrapesos de su gobierno lo ha empoderado para legislar y derogar de facto disposiciones constitucionales y legales de manera unilateral, sin respetar el procedimiento legislativo establecido en la constitución. A través de un memorándum, AMLO canceló la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, mientras entraba en vigor su propuesta para reformar el artículo 3.º de la constitución, modificación que se materializó el 15 de mayo.
Tras el retraso del congreso en aprobar su Ley de Austeridad Republicana para la reducción de sueldos de funcionarios, del gasto corriente y de la propaganda oficial, y la eliminación de las pensiones de expresidentes, en otro memorándum ordenó la implementación de trece medidas radicales para un gobierno austero.
Otras decisiones de AMLO se han implementado también con memorandos. En uno de ellos ordenó la compra directa en Estados Unidos, sin licitación pública, de quinientos camiones cisterna para paliar el desabasto de combustible, ciertamente urgente, resultante del robo de hidrocarburos en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). En otro documento similar inhabilitó, sin juicio previo, a tres empresas distribuidoras de medicamentos del sector de salud pública por haberse beneficiado de contratos millonarios en la administración de Peña Nieto.
La experiencia nacional e internacional demuestra que apartarse de las reglas constitucionales deriva en violaciones de derechos humanos. En su derecho de réplica, invocado con frecuencia en las Mañaneras, AMLO descalifica a sus detractores. Así ha sucedido con el periódico Reforma, al que caracteriza como prensa conservadora, protectora de intereses neoliberales y encubridora de la corrupción del pasado. Las repercusiones son serias: Juan Pardinas, el director editorial, ha recibido amenazas de muerte en redes sociales.
AMLO, como presidente, está obligado a respetar los derechos humanos. No puede arrogarse el derecho de réplica propio de los ciudadanos respecto de las notas publicadas o los comentarios de sus detractores. En un esquema de transparencia y rendición de cuentas, que como autoridad está obligado a cumplir, puede aclarar datos y precisar conceptos, pero no adjetivar a sus contrarios como corruptos, vendidos y conservadores retrógrados, y menos agraviarlos o intimidarlos. Por eso fue una coacción a la libertad de expresión la advertencia a los reporteros presentes en una conferencia matutina, a quienes dijo: “Ustedes no solo son buenos periodistas, sino prudentes […] y si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede”.
Una muestra adicional de disfuncionalidad constitucional es el ataque frontal a otros órganos del Estado. Durante años, AMLO ha arremetido contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a cuyos integrantes ha acusado de actuar bajo consigna y de gozar de sueldos privilegiados. La llegada de Arturo Zaldívar como presidente de la SCJN, con capacidad de interlocución con el Ejecutivo federal, ha atenuado las tensiones entre ambos. Una muestra de ello ha sido la decisión voluntaria de los ministros de reducir sus propios sueldos.
Otro flanco de ataque de AMLO ha sido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al que ha acusado de encubrir la corrupción en Odebrecht y la condonación de adeudos fiscales de grandes contribuyentes. En sus palabras: “Cuesta mil millones de pesos mantener ese organismo […]. La corrupción creció como nunca, a la par de que se creó”. El INAI ha desmentido ambos señalamientos y recuerda que en diversas ocasiones ordenó a la Fiscalía General de la República y al Servicio de Administración Tributaria hacer pública la información respectiva.
El respeto institucional es una condición del Estado de derecho. Si el presidente considera que el funcionamiento del INAI es insatisfactorio, las opciones son promover una reforma constitucional para hacerle ajustes, o bien, impugnar sus resoluciones ante los tribunales federales.
El pragmatismo de AMLO no puede instituirse como modelo rector de su gobierno: el orden constitucional es garantía de seguridad jurídica. La aprobación popular es importante —sobre todo porque el mandato disruptivo en las urnas fue claro—, pero lo es todavía más que el presidente actúe en el marco de sus facultades y en respeto de los derechos humanos. Su “aspiración legítima de pasar a la historia como un buen presidente” implica el respeto a la Constitución de México. Actuar en sentido contrario garantizará el desgobierno de su gobierno.
