MPJD presenta seguimiento a situación de emergencia de los pueblos indígenas

MPJD presenta seguimiento a situación de emergencia de los pueblos indígenas en los casos del profesor Alberto Patishtán, la CRAC-Policia Comunitaria y Wirikuta
MPJD presenta seguimiento a situación de emergencia de los pueblos indígenas en los casos del profesor Alberto Patishtán, la CRAC-Policia Comunitaria y Wirikuta
México D.F., 10 de noviembre de 2011 (MPJD).- “Nuestros Abuelos y Abuelas lucharon por esta tierra y la trabajaron. El Gobierno mandó a sus soldados y pensaron que íbamos perder el valor para seguir adelante, pero nos organizamos mucho y defendemos lo que nos pertenece” Palabras de mujeres indígenas en el “Encuentro de Mujeres en resistencia para defender nuestra madre tierra”

Los pueblos indígenas de México reivindican desde hace años su espacio y su papel en los procesos sociales y políticos de nuestra nación, pese a que han sido históricamente marginados por una postura colonizante, desde los distintos espacios del poder, sean estos de “derechas” o “izquierdas” y por tanto sus procesos de desarrollo como pueblos se han visto truncados.
Hoy México se encuentra en una situación de Emergencia nacional, la población vive en una constante zozobra originada por una la violencia, impulsada por los distintos poderes que administran este país. Esta violencia ha generado más de 50 mil muertos, más de 10 mil desplazados y miles de desaparecidos y, por consecuencia, convirtió en víctimas a un número mayor de personas que tenían algún tipo de vínculo con ellos. Tras nuestro paso por el norte y sur del país hemos constatado que esta violencia de estado ha acrecentado las condiciones de marginación de las comunidades indígenas. El Estado Mexicano en un juego perverso ha implementado una política “dura” dirigida originariamente a la “guerra” contra el Narcotráfico y la delincuencia organizada, pero esta estrategia le ha permitido al gobierno actuar con total impunidad restringiendo aún más los derechos civiles y políticos de las comunidades indígenas del país.

Ante la situación actual las comunidades indígenas de la nación Mexicana se encuentran en una situación extremo compleja, debido entre otras razones por los planes y proyectos de los gobiernos federal, estatal y municipal que responden a una política de exclusión, marginación y pobreza que fomentan el despojo de sus territorios, para favorecer intereses ajenos a quienes ancestralmente los habitan y administran bajo usos y costumbres heredados de la cultura mesoamericana, amenazando con ello los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Reconocemos en estas acciones una forma de victimización distinta que se suman al clima de guerra en el que nos ha sumido la política gubernamental. Es por ello que el movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) hace suyas las demandas de los pueblos indígenas de todo el país a ejercer su derecho a las autonomías y administración de sus territorios. Es parte de las acciones del MPJD impulsar a las comunidades indígenas a tomar su lugar como sujetos de la transformación social en respuesta a la violencia estructural orquestada desde el Estado.

Reconocemos en el sentido comunitario, el grado de organización y la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas un ejemplo a seguir frente a la ruptura del tejido social y la desarticulación que prevalece en una sociedad marcada más por la búsqueda del poder y el dinero que por los valores de la vida y la dignidad humana. Exigimos el cese inmediato del hostigamiento en contra de los pueblos originarios, de su cultura, de sus formas tradicionales de relación con la tierra y de su lucha por la autonomía. Por consiguiente, exigimos el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés

Reafirmamos lo dicho en la carta que enviamos a las comunidades indígenas de Chiapas el 8 de octubre pasado: dentro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), participan como miembros fundamentales del mismo, distintos pueblos indígenas con la esperanza de que construyamos juntos “un mundo donde quepan muchos mundos”, por lo tanto cualquier agresión a las comunidades indígenas de todo el país, la consideramos una agresión a nuestro Movimiento.

A continuación hacemos del conocimiento público algunos de los casos que nuestros hermanos indígenas han hecho llegar al MPJD.

•Caso Profesor Alberto Pathistán Gómez
El martes 8 de Noviembre del presente año, una comisión de familiares y organizaciones sociales realizó una visita a Alberto Pathistán Gómez al ceferezo 8 norponiente, ubicado en el ejido La Chupa Rosa municipio de Guasave, Sinaloa; esta comisión llegó a las ocho de la mañana a Culiacán. Dicha comisión estaba conformada por María Gabriela Pathistán Ruíz -hija de Alberto-, Sacario Hernández Hernández -parte del pueblo creyente de San Cristóbal de las Casas- y Cecilia Santiago Vera -del movimiento de solidaridad por la libertad de Alberto y de presos políticos en Chiapas-.

A las 11:30 de la mañana, después de dos horas de viaje, llegó la comisión al ceferezo 8 norponiente siendo atendidos por una trabajadora social, la cual recibe la documentación necesaria de Gaby Pathistán, para realizar la visita con un pase provisional. A la 2:00 de la tarde aproximadamente Gaby ingresa, después de una minuciosa revisión y sale a las 2:40. Alberto le comenta que continúo su ayuno hasta el día 31 de octubre, también comenta afligido que, dentro del penal de alta seguridad, le fue sustituido su tratamiento contra el glaucoma por unas gotas contra el enrojecimiento de los ojos, lo cual no solo es insuficiente sino que agrava su enfermedad. Se constató que por el delito que se la acusa, su encierro es de 23 horas al día en una celda individual y sólo tiene una hora para salir de su celda, estirar sus pies tomar un poco de aire. A pesar de su delicado estado de salud, se encuentra fuerte y animado al enterarse de la solidaridad de todos los compañeros atentos a su caso. Envía saludos y agradecimientos a todas y todos aquellos que siguen su proceso y están luchando por liberarlo.

El movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) como lo ha manifestado ya con anterioridad, exige la inmediata e incondicional libertad de nuestro compañero Alberto Pathistán Gómez, indígena Tzotzil, ya que es acusado injustamente por los delitos de Homicidio, Lesiones, Asalto, Portación de Armas de fuego, entre otros, delitos que no cometió por los cuales fue sentenciado a 60 años de prisión. Su único delito es ser adherente a “La Otra campaña” y a La Sexta Declaración de la Selva Lacandona” siendo en realidad un preso político. Su traslado al penal de alta seguridad 8 norponiente en Guasave, Sinaloa, no es más que una represalia de castigo al profesor Pathistan, a su la familia y a los compañeros de la huelga de hambre, que con esta acción exigían la libertad de los indígenas encarcelados en los penales de San Cristóbal de las Casas, Cintalapa y Motozintla.

Las condiciones materiales de su confinamiento en este reclusorio de alta seguridad y el alejamiento de sus compañeros presos en Chiapas, de su familia, de sus abogados, de las organizaciones civiles y de derechos humanos que trabajan por su libertad ponen en riesgo no sólo su salud y seguridad sino su vida misma.

Hacemos responsables a los gobiernos distintos órdenes de gobierno: Federal, Estatal –tanto de Chiapas como de Sinaloa- y municipal -de Guasave y San Cristóbal de las Casas- de cualquier incidente que ponga en riesgo la integridad física y psicológica del Profesor Pathistán; así mismo, exigimos una atención médica inmediata y un trato justo y humanitario, ya que este caso evidencia, no tan sólo la falta de justicia, sino que pone de manifiesto que al día de hoy los ceferesos no cumplen los objetivos con los que fueron creados, al no haber una sola política que intente la readaptación social de los presos que ahí se confinan sino que violan sus derechos humanos fundamentales.

La comisión mañana dará una conferencia de prensa de prensa a las 12: 00 hrs. en CENCOS para dar mayor información sobre la situación del profesor Pathistan y mantendrá encuentros con distintos colectivos y organizaciones de derechos humanos y de la iglesia para realizar acciones que deriven en su inmediata liberación.

•Caso sobre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC)
El pasado 14 de octubre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) cumplió 16 añosde la construcción de un ejercicio ejemplar de justicia comunitaria. Desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad hemos celebrado este esfuerzo he insistido en la necesidad de reflexionar sobre procesos como estos que demuestran que otra estrategia de seguridad es posible para este país.

Reiteramos que el modelo de la Policía Comunitaria está inspirado en las formas de gobierno indígena, donde el tema de la justicia forma parte del núcleo básico para garantizar una gobernabilidad comunitaria; teniendo el respaldo y la guía del sostén de los sabios de la comunidad para aplicar la justicia con rectitud. Se pide sabiduría para saber ejercer el poder como un servicio y ser un instrumento eficaz que en la mesa de justicia sepa actuar con imparcialidad, transparencia, respeto y rectitud. La justica para los Me’ Phaa la expresan como ri nanbaanu ikhíí, rí mitsan que significa “buscar el equilibrio o el arreglo entre las partes; buscar lo cierto, lo verdadero, lo bonito”

La Policía Comunitaria es el único recurso, con que cuentan las comunidades de la montaña de Guerrero, para constituir un sistema de seguridad para que estas no tengan que padecer los abusos y las extorsiones de los agentes del Estado. A pesar de que las mismas autoridades han constatado las bondades, la legitimidad y los resultados de este sistema, en la práctica los desacreditan, los discriminan y criminalizan. No existe respeto a sus derechos como pueblos, ni reconocen que tienen la fuerza y la capacidad para combatir de raíz las causas de la inseguridad con métodos muy diferentes a los que usa el gobierno.

La Policía Comunitaria es una contribución eficaz que ayuda al gobierno –pero sobre todo a su comunidad- a desmantelar las redes del narcotráfico que encadenan y esclavizan a la población pobre y excluida de la Montaña. La existencia de la Coordinadora Regional de autoridades Comunitaria (CRAC) implícitamente cuestiona a las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico, quienes por sus nulos resultados actualmente carecen de autoridad moral y credibilidad ante diversos sectores de la sociedad mexicana; cargando a cuestas temas como el aumento en el presupuesto para la lucha contra el narcotráfico y la seguridad nacional; armamento y equipo artillado para el ejército así como las corporaciones policíacas que coadyuvan; todo esto sin lograr revertir –o al menos reducir- los índices de criminalidad y de alta incidencia en la siembra y tráfico de enervantes en la Montaña.

Desde la región más pobre –y sin ningún tipo de apoyo, respeto y mucho menos presupuesto gubernamental- la CRAC ha demostrado a las autoridades federales y a la sociedad en general, que la impartición de justicia es real en el día a día; basta como muestra lo sucedido el pasado 5 de noviembre cuando las autoridades comunitarias convocaron a una asamblea regional para poner en consideración el caso de 5 personas detenidas y acusadas por delitos contra la salud. En dicha audiencia se hizo la presentación pública de quienes fueron detenidos en flagrancia para ventilar su situación legal y dar oportunidad para que puedan manifestar su sentir y su verdad. En lugar de intermediarios (como regularmente son los representantes legales o abogados particulares), este sistema opta para sean sus propios familiares quienes los representen ante las autoridades comunitarias. Lo que se busca en una primera instancia es que la asamblea conozca a los acusados y de esta manera se pueda recuperar la práctica consuetudinaria, conocida como vergüenza pública. Se trata de que la población identifique a las personas que están dentro de su jurisdicción y que están siendo procesadas por algún delito. En este encuentro público la asamblea conoce el vivir de las personas que están acusadas: su realidad socioeconómica, su contexto socio cultural, se da una idea del nivel de peligrosidad y su nivel de responsabilidad en los hechos cometidos. Esta acción ejemplar es una muestra clara de lo que es capaz la Policía Comunitaria: de detener un cargamento de 600 kilos de marihuana, de incinerarla públicamente y de demostrar que esto se hace con transparencia y con el respaldo de los pueblos. Conforme avancen las investigaciones, las autoridades de la CRAC sabrán aplicar sabiamente la justicia comunitaria a las 5 personas que son víctimas de un sistema económico que los orilla a involucrarse en actividades ilícitas.

Sirva este ejemplo para dejar de manifiesto que la estrategia militarista que el gobierno federal enarbola como estrategia de Estado es equivocada y que al perseguir y criminalizar a la Policía Comunitaria se pierde la oportunidad de aprender de la capacidad de organización que nuestros pueblos poseen.

Lastimoso es que los mecanismos intrínsecos en la vida de nuestros pueblos originarios se hayan tenido que tomar como un recurso desesperado de sobrevivencia ante la incapacidad y el olvido en que las instituciones encargadas de brindar seguridad pública tienen a nuestros hermanos indígenas; pero más lastimoso es que el Estado deje de lado la experiencia y el saber que pueden aportar nuestros hermanos indígenas en materia de seguridad teniendo, entre otras, la experiencia de la policía comunitaria y la CRAC de Guerrero.

Exigimos al gobierno federal, estatal y municipal el cese de cualquier manifestación de hostigamiento, desacreditación y persecución a los compañeros de la Policía Comunitaria y la CRAC de Guerrero así como el retiro inmediato de los elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal del territorio donde opera la Policía Comunitaria invitándolos a observar una conducta de respeto a los derechos de los pueblos originarios reconociendo su fuerza y su capacidad.

•Caso Wirikuta
Wirikuta no se vende se ama y se defiende

A más de un año de que el Pueblo Wixárika se movilizara en contra del intento de desaparecer uno de los lugares sagrados más importantes de la humanidad y fundamental para la existencia del planeta y del mismo pueblo Wixárika, el desierto sagrado de San Luis Potosí: Wirikuta Tamatsima Waha’a .

Con la representación y la voz colectiva de sus asambleas comunitarias, que es portada por sus autoridades tradicionales y agrarias, por sus jicareros y sus ancianos, que son en sus propias palabras “la punta de la flecha en la defensa de este lugar sagrado”, se presentaron y exigieron al Gobierno Federal, detuviera la violencia cometida contra este lugar sagrado y en consecuencia contra el pueblo Wixárika.

En vista de que la respuesta del gobierno ante el reclamo ha sido dar más concesiones y permisos a las grandes empresas mineras y agroindustriales para devastar todo el territorio sagrado, a costa de la pobreza extrema en las comunidades del desierto y acosta del asesinato de la cultura Wixárika y al equilibrio universal del cosmos y que el Estado mexicano ha hecho caso omiso a sus obligaciones en materia de derechos indígenas, a los que se comprometió en convenios y tratados internacionales traicionando a su palabra empeñada en el pacto de Hauxa Manakáfirmado en el 2008, entre el ejecutivo nacional y los gobernadores de cuatro estados de la república. Hoy, a más de un año que la palabra de nuestros abuelos, se ha convertido en una exigencia histórica, a un mes del 2º dialogo con el Ejecutivo federal donde se prometió dar solución a este problema, exigimos a todos los niveles de gobierno la suspensión y salida inmediata de todos y cada uno los proyectos que están destruyendo el desierto sagrado de Wirikuta, así como un cese total al hostigamiento de todos aquellos que lo defienden.

Nota: El Movimiento también acompaña los casos de la comunidades de Santa María Ostula y Cherán que no se incluyen en este resumen de seguimiento.

Atentamente Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

Responder a:
Responder a Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
Responder a Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad Enviar