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¿Saben ustedes cuáles son los males mayores que tiene México? Pues son el capitalismo, el clero y el militarismo. De los primeros, los revolucionarios podemos librar a México, ¿pero quién lo librará de nosotros?
Álvaro Obregón1

 

Si algo destaca de los primeros dos años del presente gobierno ha sido el crecimiento de la influencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública nacional. El candidato que durante más de una década denunció la militarización de la seguridad pública se transformó, de la noche a la mañana, en el presidente que más ha empoderado a los militares y que más atribuciones del Estado les ha cedido.

El proceso de militarización viene de tiempo atrás. El Ejército y la Marina han estado involucrados en la lucha contra el crimen organizado hace décadas. Pero a partir de la fracasada guerra contra el narcotráfico, desatada por Felipe Calderón en 2007, alcanzó dimensiones inéditas. En los últimos dos años, sin embargo, la influencia y control del Ejército y la Marina se han expandido mucho más allá de la seguridad pública. Hoy, los militares ya no sólo patrullan las calles, sino que construyen aeropuertos, trenes y bancos, administran puertos y aduanas, entregan medicinas y reparten programas sociales. El próximo año, las secretarías de Defensa y Marina tendrán un presupuesto de casi 150 000 millones de pesos, un aumento de 18 % frente al 2020 y más que las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Fiscalía General de la República, Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana juntas.

La cada vez más evidente militarización de la vida pública del país se manifiesta de cuatro formas: la cesión casi absoluta de las labores de seguridad pública, un aumento de sus áreas de participación, un incremento sin precedente en los recursos que administra y una mayor participación de cuadros castrenses en múltiples responsabilidades de los tres órdenes de gobierno. Las crecientes responsabilidades militares reflejan una progresiva dependencia del Estado mexicano para realizar sus funciones básicas. Hacia adelante, esto no puede más que derivar en la erosión de las capacidades operativas de un gobierno ya muy debilitado. Más preocupante aún, representa una amenaza para nuestra democracia.

 

La Constitución ataja que “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.2 Sin embargo, el Ejército y la Marina participaron durante los últimos 18 años en labores de seguridad pública sin un claro sustento legal. Durante el gobierno de Peña Nieto, la Ley de Seguridad Interior pretendió otorgar este sustento, pero la Suprema Corte la declaró inválida. No fue sino hasta la reforma constitucional de la Guardia Nacional en 2019 que un artículo transitorio permitiría al gobierno “disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública” hasta por los próximos cinco años. La militarización de la seguridad pública se refleja en el mayor despliegue de elementos castrenses realizando labores sustantivas y en una Guardia Nacional subordinada operativamente.

El despliegue de Fuerzas Armadas en labores de seguridad ha tenido un sostenido incremento. De acuerdo con Reforma,3 45 000 elementos del ejército estaban desplegados en el territorio nacional en 2007. Para 2011, ese número había pasado a 52 690 y durante 2018 alcanzó los 54 980. Según una solicitud de información del 23 de octubre del 2020,4 a esa fecha estaban desplegados 63 295 elementos. Esto representa un incremento de 15 % en menos de dos años y 70 % más militares en el territorio para 2020 que en 2006.

La Guardia Nacional no es más que otro mecanismo para utilizar militares en las labores de seguridad pública. A pesar de que fue propuesta como un cuerpo de seguridad que sustituyera a la Policía Federal y suponía ser un cuerpo civil, el presidente López Obrador ha sostenido reiteradamente que la Guardia debe tener una relación estrecha con las Fuerzas Armadas.5 Más que una estrecha relación, es una clara subordinación. Tanto sus mandos como elementos provienen de las filas castrenses.

Ilustración: Víctor Solís

La influencia militar sobre este nuevo cuerpo era palpable desde el principio: por un lado, sus principales mandos eran militares en activo, como el comandante en jefe Luis Rodríguez Bucio y otros dos altos funcionarios: el general Inocente Prado López y el general Carlos Corral.6 Por el otro, los primeros elementos surgieron de la Policía Militar poco más de 35 000— y de la Policía Naval —casi 6 000— que ya estaban realizando tareas de seguridad pública. Además, entre 2019 y 2020, la Defensa y la Marina han reclutado 25 700 y 7500 nuevos elementos, respectivamente.

A pesar de esta evidente influencia, la Guardia mantenía un carácter civil en apariencia porque dependía operativamente de la restablecida Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSPC). Sin embargo, en octubre de 2020, diversos medios reportaron que la Sedena asumiría el control operativo de la Guardia Nacional7 por instrucción presidencial. Como parte de esta reestructuración operativa, las coordinaciones regionales de la Guardia estarán a cargo de los comandantes de región militar de la Defensa, incluidas aquéllas que estaban ocupadas por personal de la Semar.

Como lo han señalado Catalina Pérez Correa y otros autores, el entrenamiento y el armamento militar, aunados a la falta de controles y transparencia, incentivan el uso desproporcionado de la fuerza.8 De las 204 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh), entre 2007 y junio de 2017, por violaciones graves a los derechos humanos,9 148 involucraban a las Fuerzas Armadas, 113 al Ejército y 38 a la Marina. De éstas, 43 narran hechos de desaparición perpetrada por elementos militares con un total de 118 víctimas.10

 

Más allá de la seguridad pública, las Fuerzas Armadas han aumentado su injerencia en áreas del gobierno de las que históricamente no formaban parte. Ahora, tienen a su cargo nuevas responsabilidades administrativas, como el control de los puertos o participan en las obras de infraestructura más importantes de la gestión actual.

En octubre de 2020, el Congreso de la Unión autorizó nuevas atribuciones a la Marina, incluidas la administración y control de los puertos del país. Funciones que dependían antes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ahora están en manos de personal naval, quienes están en activo en la Armada. Entre los países de la OCDE, sólo en Chile además de en México la autoridad marítima depende de las Fuerzas Armadas. Este cambio llevó inclusive a la renuncia de Javier Jiménez Espriú como titular de la SCT.11

Las obras públicas son otro sector gubernamental que ha incrementado la participación militar en nuestro país. Una de las obras estratégicas del actual gobierno depende exclusivamente de las Fuerzas Armadas: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Asimismo, también tienen a su cargo dos tramos del Tren Maya y 2600 sucursales del Banco del Bienestar. El presidente ha justificado estos encargos al señalar la honestidad, rectitud y lealtad de las Fuerzas Armadas.

La construcción de obras civiles no es un campo nuevo para el Ejército: en su momento fue responsable de la construcción de la barda perimetral del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. El costo de la obra al final fue 1.9 veces lo presupuestado y asignó contratos por más de 10 millones de pesos a dos empresas fantasma.12 Las Fuerzas Armadas, como toda organización sin mecanismos claros de rendición de cuentas, tienden a cometer actos discrecionales que pueden terminar en actos de corrupción.

El incremento de la participación militar en funciones civiles ha sido justificado por las autoridades incluido el general secretario Sandoval por la misión definida en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos: “Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”. Sin embargo, la legalidad no es el único inconveniente de estos encargos. Al contar con recursos derivados de proveer de cada vez más servicios al gobierno, las Fuerzas Armadas tendrían una mayor autonomía financiera del presupuesto y, en consecuencia, el control civil sobre ellas se debilitaría.

Existe un inconveniente adicional de una mayor actividad castrense: la opacidad. Muchas han sido las denuncias sobre la poca información proporcionada por el ejército en sus actividades en el pasado y el excesivo uso del argumento de la seguridad nacional para no responder. No existen razones para pensar que en estas nuevas atribuciones sería diferente.

 

Amor que no se ve en el presupuesto no es amor, reza un refrán clásico de la política mexicana. Tal vez no sea amor, pero el presupuesto sí representa poder.

El gasto destinado a la Defensa ha reportado un importante incremento durante los últimos años. El aumento relativo más notable ha sucedido más recientemente. Entre 2017 y 2020 el presupuesto de la Sedena pasó del 0.30 % a 0.46 % del PIB: más del 50 % en apenas cuatro años.

Para 2021, la Sedena tiene un presupuesto aprobado de 112 557 millones de pesos, la Marina cuenta con 35 477 y la Guardia Nacional tiene 63 442. Los 183 705 millones de estas tres corporaciones en conjunto representan un monto similar al aprobado para la Secretaría de Bienestar (190 000) y mayor al de la Secretaría de Salud (145 414).

 

El incremento de las facultades que tienen las dependencias militares no es el único aspecto de su expansión en la vida civil del país. Los militares han sido designados en puestos que corresponden a autoridades civiles. La organización Causa en Común13 estima que, desde 2018 y hasta noviembre de 2020, había al menos 55 elementos militares ocupando cargos civiles en todos los órdenes de gobierno.

En las administraciones portuarias fueron designados al menos doce almirantes y vicealmirantes durante los últimos meses de 2020; diecisiete elementos son titulares de oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en diferentes entidades federativas. A esta lista hay que agregar al general Jens Pedro Lohmann Iturburu, director de Administración y Finanzas del ISSSTE y al general Audomaro Martínez Zapata, director general del Centro Nacional de Inteligencia. Causa en Común detectó al menos a veinticuatro marinos y militares que ocupan cargos en gobiernos estatales y municipales.

A este conteo habría que agregar al general en retiro Sergio Alberto Martínez, coordinador del Sistema Penitenciario Federal. Considerando los cargos del CNI, el sistema de centros federales y la Guardia Nacional en manos de elementos militares, la Secretaría de Seguridad poco tiene de Ciudadana y no es, en los hechos, la dependencia encargada de la seguridad pública. Esa responsabilidad está, para todo efecto práctico, en manos de la Sedena.

 

Los cuestionamientos sobre el involucramiento militar en la vida civil no pretenden descalificar al Ejército per se, sino reconocer que su lógica es muy diferente a la del gobierno civil. Existe una clara tensión entre las Fuerzas Armadas y el gobierno democrático:14 los principios democráticos de igualdad, pluralidad y división de poderes están contrapuestos con la lógica castrense de lealtad, disciplina y obediencia.

El protagonismo militar ha mermado los derechos fundamentales de la ciudadanía. La comisión de violaciones graves a los derechos humanos en los últimos años, la opacidad demostrada y los abusos presupuestales denunciados lo dejan de manifiesto. Además, las acciones militares son menos susceptibles de sujetarse a mecanismos de rendición de cuentas e implican una mayor concentración de facultades en un solo cuerpo federal, excluyendo la intervención de otros poderes federales o gobiernos locales.

La participación militar atrofia las capacidades desde el gobierno civil para operar responsabilidades que eran originalmente propias, y atrofia también las capacidades de las Fuerzas Armadas para concentrarse en su labor de defensa nacional. Sirva de ejemplo la interrupción del programa de construcción de patrullas oceánicas de largo alcance de Semar por asumir la responsabilidad de los puertos y aduanas.

Incrementar la intervención militar en la vida pública del país ha implicado socavar principios establecidos en nuestra Constitución.15 Si bien hasta ahora su participación ha sido planteada como provisional, lo cierto es que los costos para retirarlos se elevan con cada día que pasa y con cada nueva función que asumen.

Al régimen posrevolucionario le tomó más de dos décadas transferir el poder a un presidente civil: Miguel Alemán Valdés. ¿Cuántos años tomará revertir la creciente influencia de las Fuerzas Armadas en labores que no le corresponden? En este caso, como en tantos otros, revertir el daño ocasionado por este gobierno tomará lustros, si no es que décadas.

 

Jorge Andrés Castañeda Morales
Analista económico, académico y director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Ricardo Alvarado Andalón
Politólogo e integrante de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

1 Ibarrola, J. El Ejército y el poder, Editorial Océano, México, 2013.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma: 8 de mayo de 2020.

3 Jiménez, B. “Despliegan 31 % más militares”, Reforma, 6 de septiembre de 2020.

4 Secretaría de la Defensa Nacional, solicitud de información 0000700271620.

5 López Obrador, A. M. Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina, 14 de mayo de 2020.

6 Ángel, A. “Mandos militares controlan a la Guardia Nacional, confirma amparo de Mayor del Ejército”, Animal Político, 19 de octubre de 2020.

7 Muedano, M. “Ejército asumirá control de la seguridad en aeropuertos y carreteras”, La Silla Rota, 21 de octubre de 2020.

8 Pérez Correa, C. “El punto sin retorno en México: militarización o régimen civil”, The New York Times en Español, 5 de febrero de 2019.

9 La CNDH es el organismo responsable de determinar cuán graves son las violaciones a los derechos humanos. Para leer más sobre esta discusión, es recomendable Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), “¿Qué entiende la CNDH por ‘violaciones graves’?”, Animal Político, 7 de septiembre de 2015.

10 Juárez Armenta, A. L.; Amaya Lule, J. L., y Rouillé Saba, M. Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México (2006-2017), CMDPDH, 2018.

11 Jiménez Espriú, J. “Carta íntegra de la renuncia de Jiménez Espriú de la SCT”, El Universal, 23 de julio de 2020.

12 Aristegui Noticias. “Durante mando de Cienfuegos, Sedena encareció obras y utilizó empresas fantasma”, 18 de octubre de 2020.

13 Causa en Común. Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, 2020.

14 Ríos Figueroa, J. Democracia y militarismo en América Latina, FCE y CIDE, México, 2019.

15 Barreto, A. y Madrazo, A. “Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas: dos estudios de caso de las transformaciones de las comunidades políticas de las américas”, Isonomía, 43, 2015.