COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA PANDEMIA
Carmen, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, es una hondureña de 38 años, sobreviviente de cinco años de violencia física y psicológica por parte del padre de su hijo. Al huir en junio de este año, Carmen se vio forzada a dejar atrás a su hijo para escapar del abuso. Ella acudió a la policía y al juzgado, pero debido al COVID-19, el acceso a las instalaciones era restringido y el funcionamiento de muchos servicios fue interrumpido. Al miedo, humillación, tristeza y frustración se unió la impotencia y la renuncia. Las respuestas tradicionales se enfrentaban a un contexto sin precedentes.
Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de acuerdo con encuestas nacionales de seis países de la región, entre el 60% y el 76% de las mujeres (alrededor de dos de cada tres) ha sido víctima de violencia por razones de género. Además, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física, psicológica o sexual por parte de su pareja. En cada caso está presente el riesgo de la violencia letal: el feminicidio o femicidio.
Aún más, la región ha registrado cifras alarmantes en el incremento de violencia de género durante la pandemia: en Chile las llamadas realizadas por mujeres a la línea telefónica de orientación sobre violencia intrafamiliar aumentaron un 70%, tan solo en el primer fin de semana de cuarentena: en México se ha registrado un aumento del 60% en las denuncias de violencia sexual basada en género durante la pandemia, y en Colombia la línea de apoyo a las víctimas recibió 91% más llamadas que hace un año. Esto responde, en parte, a factores de riesgo como el confinamiento, las restricciones de movilidad y el aislamiento. Pero también a la limitada capacidad de respuesta del sector público y privado durante la emergencia.
La violencia de género es un problema complejo y multifacético que, en el contexto actual, requiere más que nunca de una respuesta contundente, coordinada y marcada por la innovación. Para evitar que la historia se repita.
El caso de Micaela García es trágicamente conocido. El 1 de abril de 2017, la estudiante de educación física de 21 años volvía a su casa luego de bailar con amigos en un “boliche” en Gualeguay, Argentina. Pero Micaela nunca llegó a casa. Fue violada, degollada y arrojada junto a una ruta, entre los pastizales. Su asesino debía haber estado preso por la violación de dos jóvenes, pero un juez le otorgó libertad condicional. El sistema de prevención y protección que debía protegerla falló.
De acuerdo con datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en 2019 hubo 252 víctimas directas de femicidio y 16 víctimas de femicidio vinculado. A nivel regional, el país más grande, Brasil, registró el mayor número de femicidios: 1.133. Sin embargo, El Salvador tuvo, con mucho, la peor tasa: más de 1.000 muertes por cada 100.000 mujeres.
La lucha contra este flagelo requiere la sincronización de esfuerzos entre sectores y áreas de acción para producir respuestas articuladas.
“Tenemos por delante el desafío de diseñar y ejecutar iniciativas desde los diferentes espacios de acción. La atención de este tema requiere, además, promover alianzas y sinergias que sumen voluntades y experiencias de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el ámbito académico y las organizaciones no gubernamentales”, afirma Caridad Araujo, jefa de la división de género y diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Iniciativas coordinadas entre diferentes sectores y niveles de gobierno deben ser parte integral del plan de ataque para acabar de una vez por todas con la violencia de género que afecta a millones de mujeres. No solo porque es lo correcto, sino necesario para el crecimiento y el desarrollo sostenible de la región”.
En el caso argentino, la respuesta al asesinato de Micaela García fue la Ley Micaela, que estableció, entre otras medidas, la capacitación obligatoria en violencia de género para todos los funcionarios públicos en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Argentina.
Construyendo sobre esta plataforma de coordinación y colaboración, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina desarrolla el Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género, junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad, y con asistencia técnica del BID. Para abordar la problemática de femicidios, travesticidios y transfemicidios, este programa busca establecer lineamientos y respuestas comunes entre instancias, evitar intervenciones revictimizantes, promover la colaboración y articulación entre todos los organismos y niveles del Estado y la gestión integrada de la información.
En un momento en que la violencia sexual y basada en género persiste y crece en la región, erradicarla requiere accionar cuanto antes estas estrategias multisectoriales, colaborativas e innovadoras.
ADAPTACIÓN, INNOVACIÓN Y APOYO
La incertidumbre con frecuencia abre camino a la innovación. Esto ha sido particularmente evidente durante la crisis generada por la pandemia, donde los sistemas y servicios de asistencia social han sido puestos a prueba cono nunca. ¿Qué ocurre cuando una víctima está aislada y en cuarentena con su agresor? ¿Dónde y cómo busca ayuda cuando las instancias presenciales ya no están? ¿Cómo pueden los organismos públicos proveer apoyo a las víctimas en circunstancias nuevas y contextos desafiantes? Es necesario mejorar y adaptar las respuestas a través del uso de la tecnología, la puesta en práctica de nuevos enfoques de trabajo y la generación de conocimiento basado en evidencia.
Fue este tipo de iniciativas las que, en Honduras, permitieron que Carmen accediera al apoyo que su situación exigía. De pronto, encendió el televisor y vio un anuncio de televisión dirigido a mujeres como ella, que la impulsaba a buscar ayuda, la orientaba hacia los canales disponibles y le ofrecía una visión diferente sobre cómo enfrentar la situación. La ayuda llegó a través del contacto telefónico con la línea de atención 911. Carmen recibió orientación social, psicológica y legal, y el 11 de agosto logró recuperar la custodia de su hijo.
El comercial de TV que vio Carmen forma parte de una campaña de concientización liderada por el Instituto Nacional de la Mujer de Honduras, el programa Ciudad Mujer, el BID, y el Behavioural Insights Team, una organización que genera y aplica ciencias de comportamiento para informar políticas y mejorar los servicios públicos.
“Es una campaña con una base científica que llama a la acción a través de cambios de comportamientos de conducta y que invita a la mujer a que busque apoyo para salir de una situación de violencia”, explica Rosa de Lourdes Paz, delegada presidencial del Programa Ciudad Mujer de Honduras.
La campaña abordó los principales sesgos que frenan a las víctimas de violencia de género a la hora de buscar ayuda: el miedo a la incertidumbre, la identificación errónea de la violencia, los sesgos y la falta de planes de seguridad.
En Honduras, casi un 23% de las mujeres ha sufrido violencia de pareja, pero menos del 20% busca ayuda en las instituciones.
Ana Aminta Madrid, ministra de la Mujer de Honduras valora la diferencia que ha marcado este esfuerzo de comunicación. “En nuestro país, históricamente la violencia contra las mujeres se había naturalizado y normalizado. Esta campaña nos ha permitido reconocer tres puntos. Primero, que cualquier mujer puede vivir una situación de violencia, que no se trata de casos aislados, condicionados o específicos. Segundo, que las mujeres que pasan por las experiencias sienten temor, vergüenza y culpa, y eso es normal. Y tercero, que la violencia que viven no es su destino. Pueden pedir apoyo y su autodeterminación al respecto tiene valor y valía”.
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