Pandemia, feminicidios y desapariciones en el Estado de México
Desde hace 16 años, el Dr. Manuel Ramírez y su familia buscan a su hija Mónica. El 14 de diciembre del 2004, salió a las 11 de la mañana de su casa en Ecatepec, Estado de México, en dirección a la UNAM, donde estudiaba el último semestre de la carrera de Psicología. Tenía que recoger unas calificaciones y dejar un trabajo que debía ser entregado en equipo. A las seis de la tarde, Adela Alvarado, la mamá de Mónica, recibió una llamada de la compañera que esperaba a su hija porque Mónica no había llegado. Esa noche la buscaron en el trayecto que ella hacía a la universidad, visitaron hospitales y delegaciones. Pero nunca la encontraron.
La familia de Mónica alega que funcionarios públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México estuvieron involucrados en los hechos y que la investigación de la desaparición de su hija por parte de las autoridades está repleta de deficiencias e irregularidades. La llegada de la pandemia de COVID-19 no hizo más que empeorar una situación que ya era inaguantable.
En Chimalhuacán, también en el Estado de México, la familia de Diana Velázquez Florencio, víctima de feminicidio el 2 de julio del 2017, ha sufrido el abandono de las autoridades en el esclarecimiento del asesinato de su hija. Desde el primer momento que la policía acudió al lugar donde encontraron a Diana aquella madrugada, las irregularidades y las negligencias por parte de las personas servidoras públicas que se han ocupado de la investigación han sido constantes. La desesperación y, sobre todo, la indignación llegó a tal punto que la familia organizó un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México el mes de julio del pasado año. En plena pandemia resistieron más de seis semanas acampando en la plaza principal de la capital mexicana, a las puertas del Palacio Nacional. Solo así lograron que su caso avanzara.
Plantón de familias víctima de feminicidio en el Zócalo, julio de 2020. Foto: Marta Martí Barrachina.
Las familias Ramírez Alvarado y Velázquez Florencio son dos de los testimonios que Amnistía Internacional México recogió para una investigación sobre las deficiencias cometidas por los servicios de procuración de justicia en la investigación penal durante la pandemia de COVID-19 en el Estado de México. Esta entidad federativa presenta la menor calidad comunitaria del país, es la segunda con una mayor percepción de inseguridad pública y, en los últimos años, algunos de sus municipios han sido protagonistas de una serie de brutales feminicidios -algunos precedidos de desaparición- que los han llevado a ser comparados con los emblemáticos asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez. En 2019, se reportaron 300 desapariciones de mujeres en el Estado de México, esto supone el 55.8% de las desapariciones. Entre ellas, el 5.3% siguen en calidad de desaparecidas o no localizadas y el 94.7% fueron localizadas (el 98.2% con vida y el 1.8% sin vida). En ese mismo año se reportaron también 318 homicidios dolosos de mujeres y 122 feminicidios, esto supone una tasa 3.6 y de 1.36 por cada 100,000 mujeres.
Ante la llegada de la pandemia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México adoptó varias medidas. A pesar de ello, Amnistía Internacional identificó tres problemáticas en los servicios de procuración de justicia durante el periodo comprendido entre marzo y junio del 2020 que, aunque no son nuevas, provocaron deficiencias en la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres (como los feminicidios y las desapariciones) y agravaron el impacto de la contingencia sanitaria tanto en las mujeres víctimas de violencia como en las personas operadoras de justicia.
La primera problemática identificada consiste en que la carga de trabajo de los servicios de procuración de justicia se incrementó durante la pandemia hasta niveles insostenibles. Por ejemplo, una persona agente del Ministerio Público manifestó que en su oficina, especializada en delitos de violencia familiar, sexual y de género, formada por solo dos agentes, estaban recibiendo alrededor de 200 personas al día, lo que significa un aumento con respecto a los días anteriores a la pandemia.
Este aumento en la carga de trabajo tuvo distintas causas:
a) la cantidad de mujeres que solicitaron algún tipo de apoyo o intervención por violencia de género en el ámbito familiar aumentó durante los primeros meses de la contingencia sanitaria;
b) en las Fiscalías algunos trámites requieren que la persona servidora pública esté presente en las oficinas, de manera que la reducción de la cantidad del personal que trabajaba de forma presencial conllevó que se acumularan algunas tareas; y
c) la Fiscalía del Estado de México sufrió numerosas bajas de personal porque muchas personas enfermaron de COVID-19.
La segunda problemática identificada tiene que ver con una insuficiente digitalización y el acceso desigual a la tecnología. Ante la necesidad de reducir la cantidad de personal presente en las Fiscalías, se potenció la denuncia en línea. No obstante, en los delitos graves (como la desaparición, el feminicidio o la violación) es obligatorio ratificar presencialmente la denuncia. Al respecto, se identificaron algunos problemas, como el hecho de que algunas mujeres encontraron las oficinas colapsadas y no pudieron ratificar su denuncia. Además, no todas las personas tienen acceso a las tecnologías de la información necesarias, pues recordemos, por ejemplo, que en México solo 6 de cada 10 personas tienen acceso a internet, lo cual tiene una mayor afectación en las personas más vulnerables a la violencia, como son las mujeres de escasos recursos y que viven en zonas rurales o indígenas. Una de las personas que entrevistamos, agente del Ministerio Público, manifestó:
“Lamentablemente, en la mayoría de los casos muchas personas no tenían teléfonos inteligentes o no tenían dinero para tener datos… Esto era frecuente. Además, algunos tenían que trabajar y no nos podían atender o la zona en la que viven no tenía buena conexión, faltaba infraestructura”.
La tercera problemática identificada está relacionada con la descoordinación entre instituciones. Hubo instituciones de los servicios de procuración de justicia y del gobierno estatal que cerraron durante los primeros meses de la contingencia sanitaria, mientras que otras suspendieron algunas actuaciones, lo que tuvo un impacto en aquellas con las que deben coordinarse para atender e investigar ciertos delitos. En otras ocasiones, el cierre o suspensión de actividades no fue programado sino que hubo unidades que se vieron en la obligación de cerrar temporalmente debido al contagio por COVID-19 de sus integrantes, conllevando, por ejemplo, la necesidad de derivar la atención a las víctimas a las sedes de otros municipios. Algunas profesionales manifestaron que en estos casos la coordinación intrainstitucional no fue apropiada y provocó que algunas víctimas no pudieran interponer una denuncia.
Las tres problemáticas señaladas en el informe de Amnistía Internacional (esto es, la mayor sobrecarga de trabajo, la insuficiente digitalización y el acceso desigual a las tecnologías, y la descoordinación entre instituciones) causaron tres graves deficiencias en los servicios de procuración de Justicia del Estado de México:
1. Algunas mujeres no pudieron interponer su denuncia. De acuerdo con el testimonio de la abogada penalista feminista Gabriela Amores, de las 20 denuncias que levantó en la entidad federativa durante los tres primeros meses de la contingencia sanitaria, “como mucho fueron cinco las que tuvieron una respuesta”.
2. Algunas investigaciones penales quedaron totalmente paralizadas. El Dr. Manuel Ramírez, quien forma parte de la Red Eslabones por los Derechos Humanos desde septiembre del 2012, afirmó que ninguno de los casos de media y larga data que acompaña la colectiva tuvo avances, incluido el de su hija Mónica.
3. Se perdieron evidencias. La falta de peritos, por ejemplo, provocó que en algunos casos en los que las mujeres fueron víctimas de agresión sexual no se realizaron las periciales pertinentes.
Todas estas deficiencias inciden directamente en la probabilidad de que estos casos queden impunes e impiden cumplir con el debido proceso, constituyendo una violación del derecho de las víctimas a acceder a justicia, verdad y reparación.
Las problemáticas y deficiencias señaladas por Amnistía Internacional no son cuestiones nuevas surgidas a raíz de la pandemia de COVID-19, sino que son fallas estructurales del sistema de procuración de justicia mexiquense. Lo evidencian la experiencia de centenares de familias como la Ramírez Alvarado y Velázquez Florencio, quienes esperan que se haga justicia desde hace muchos años.
Por eso, el Dr. Manuel Ramírez reclama que la falta de avance en los casos de violencia contra las mujeres es anterior a la llegada de la COVID-19 y que “la pandemia les cayó como anillo al dedo (a las autoridades). Nos decían ‘Por COVID, no hicimos esto, no hicimos lo otro’”. La pandemia se ha convertido así en la excusa perfecta de algunos servidores públicos para justificar muchas de las deficiencias que contienen las investigaciones penales de desapariciones y feminicidios en México.
La situación identificada en el Estado de México no es única en el país. El principal hallazgo del informe de Amnistía Internacional es que los problemas destacados durante la pandemia se deben especialmente a fallas estructurales (escasez de personal, sobresaturación, insuficiente digitalización), y existen estudios que muestran que estas mismas fallas se encuentran en mayor o menor medida en el resto de entidades federativas. Esto indica que el impacto de la pandemia observado en el Estado de México puede haber sido muy similar o incluso más intenso en otras entidades federativas, pues los problemas del sistema de procuración de justicia son compartidos en todo el territorio mexicano.
Amnistía Internacional trabaja para que las autoridades tomen medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos. ¡Ayúdanos firmando nuestra petición al Fiscal General de Justicia del Estado de México!
* Marta Martí Barrachina (@marta_martib) es investigadora en Amnistía Internacional México.
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