CRISIS AMBIENTAL Y OPACIDAD DE LA 4T

 méxico parece obstinado en ignorar las alertas evidentes de una
profunda crisis ambiental. Ni las graves sequías en la totalidad del
territorio nacional ni los imponentes huracanes en las costas del
Pacífico ni las inundaciones severas en el sureste del país han sido sufi-
cientes para que la responsabilidad socioambiental ocupe el lugar priori-
tario en la agenda gubernamental. El derrame de crudo en el Golfo de
México aparece como una nueva evidencia de tal desinterés.
La alerta se encendió desde marzo con el avistamiento de grandes
manchas oscuras en las costas de Tabasco y el sur de Veracruz, reporta-
das por pescadores y ambientalistas. Se trata de una afectación de más
de 600 kilómetros de costa, amenazando prácticamente a la totalidad de
las costas mexicanas del Golfo de México.
Por su extensión litoral, el impacto del derrame se acerca al sucedido
en 2010 por la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, como un
ecocidio de alta magnitud, pues atenta contra los ecosistemas más vul-
nerables: los arrecifes y manglares.
El corredor arrecifal del Golfo de México, así como las lagunas
costeras, estuarios y manglares del golfo, son zonas clave para la sos-
tenibilidad económica y alimentaria de las comunidades pesqueras, pero
también para los ingresos por turismo en fechas de alta demanda. Nos
encontramos, además, en temporada de desove de tortugas marinas
como la tortuga lora, especie que únicamente anida en el Golfo
de México, altamente vulnerable a este tipo de contaminantes.
Debemos sumar el control de marejadas que tanto
manglares como arrecifes proveen a las poblaciones costeras
frente a fenómenos extremos como huracanes.
A la gravedad de la catástrofe ambiental se añade la omisión
y opacidad con que el gobierno federal y los gobiernos locales
han reaccionado. La narrativa oficial se ha empeñado en mini-
mizar irresponsablemente la gravedad de los hechos, in-
sistiendo en repetidas ocasiones en que se trata de una situ-
ación bajo control, que las playas se encuentran limpias, que
se han desplegado brigadas de limpieza y que el derrame no
representa una amenaza seria para el ecosistema.
Hoy sabemos que, presuntamente, un buque petrolero irreg-
ular, así como dos “emanaciones naturales”, fueron las cau-
santes del derrame cerca de Campeche, desde febrero, y las
autoridades supieron desde entonces, aunque lo informaron
hasta que se alzaron las primeras denuncias en marzo.
Esta opacidad y omisión del gobierno se da en un contexto
de políticas regresivas aplicadas por la 4T en términos de
transparencia, rendición de cuentas y libertad de expresión; la
narrativa gubernamental ha apostado nuevamente por encubrir
responsabilidades, como ocurrió con el descarrilamiento del
Tren Interoceánico o la explosión en la refinería Dos Bocas.
Una vez más es la sociedad civil organizada, las comuni-
dades pesqueras, la prensa y colectivos de ciencia ciudadana
los que han visibilizado los impactos y magnitud de esta crisis,
informado a la sociedad y exigido al gobierno la protección del
medio ambiente, la contención del der-
rame y la prevención de un problema
de salud pública.
La actual política energética del
país, centrada en la explotación de hi-
drocarburos en el Golfo de México, ex-
ige la exploración y explotación en
aguas profundas, donde la dificultad
técnica incrementa considerable-
mente el riesgo de este tipo de der-
rames. Mientras sigamos apostando
por los combustibles fósiles y re-
tardando la transición hacia energías
de menor impacto ambiental, se-
guiremos exponiendo la integridad de
nuestros ecosistemas.
El derrame demuestra la urgencia
de cambiar el enfoque en la política
energética, y exhibe la falta de serie-
dad con la que los gobiernos asumen
su responsabilidad con el cuidado de
la casa común. Ante tal indolencia, la
sociedad civil no puede menos que
reforzar su actitud crítica y exigir con
firmeza una estrategia de transición
energética que nos permita proteger
de mejor manera nuestras costas, y
revisar a profundidad nuestros pa-
trones de consumo para desincentivar
la explotación de hidrocarburos