México. Comuneros llevarán caso de masacre de Arantepacua a Corte Penal Internacional
Desinformemonos_Resumen Latinoamericano 7 de abril 2026.
A nueve años de la masacre de Arantepacua, en Michoacán, comuneros y el asesor jurídico Enrique Guerrero anunciaron que buscarán que el caso llegue a la Corte Penal Internacional y que se sancione al exgobernador estatal Silvano Aureoles Conejo y al exsecretario de Seguridad Pública Bernardo Corona, acusados de ser los autores intelectuales de la represión que dejó cuatro personas muertas, más de 10 golpeadas y 15 detenidas, y cuatro víctimas de tortura.
Más de 400 comuneros de Arantepacua, del municipio de Nahuatzen, protestaron este lunes frente a la Fiscalía General de Michoacán como parte de las acciones para exigir justicia por la masacre, perpetrada el 5 de abril de 2017 por elementos de la policía municipal. Durante la jornada, los comuneros recordaron que las fuerzas de seguridad del gobierno estatal y federal también entraron a las viviendas y maltrataron a mujeres y personas mayores.
La comunidad aseguró que no permitirá que el caso quede en la impunidad y que mantendrá su lucha “hasta que Silvano Aureoles Conejo y todos sus cómplices sean condenados por el poder Judicial”, entre los que se encuentra el anterior fiscal, Adrián López Solís.
“Nuestra comunidad no permitirá ningún acto de corrupción que derive en la libertad de los responsables de la masacre que sufrimos, nos mantendremos atentos hasta que existan sentencias firmes contra todos los autores materiales e intelectuales”, agregó la comunidad a través del Consejo Comunal Indígena de Arantepacua y su Comisión de Justicia para las víctimas de la masacre.
Recordaron que además del exgobernador y su secretario de Seguridad, deben ser sancionados los 14 policías que ya cuentan con órdenes de aprehensión por los delitos de abuso de autoridad, homicidio calificado y tortura.
Finalmente, el asesor jurídico de los comuneros explicó que la represión y masacre del 2017 podrían considerarse delitos dentro del marco del Estatuto de Roma, por lo que serían competencia de la Corte Penal Internacional
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