México: Madres pasan 10 de Mayo huyendo de la escalada de violencia de “Los Ardillos”
Por Sergio Ocampo. La Jornada_Resuemn Latinoamericano 11 de mayo 2026
Después de cinco días de ataques a balazos y con explosivos lanzados con drones, del grupo narcoparamilitar “Los Ardillos”, contra tres poblados del municipio de Chilapa, donde se han visto obligadas a desplazarse al menos 800 personas, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), afirmó: “Este 10 de mayo, Día de las Madres, no hay nada que celebrar; mientras en las ciudades los políticos hacen discursos y entregan flores, nosotras, las mujeres indígenas nahuas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, pasamos la noche huyendo, cargando a nuestros hijos e hijas para escapar de la balacera y los ataques”.
En un comunicado, la agrupación narró que “anoche, muchas de nuestras compañeras tuvieron que dormir escondidas en el monte por el temor de ser encontradas por Los Ardillos; esta es la realidad que vivimos las madres indígenas de Guerrero”.
“La presidenta Claudia Sheinbaum dice, “llegamos las mujeres”, pero ¿de qué sirven sus discursos, cuando nuestros niños y niñas lloran de miedo por los drones?; ¿de qué sirve hablar de “transformación”, mientras seguimos enterrando y buscando a nuestros hijos e hijas desaparecidos?» reclamó.
El CIPOG-EZ recordó: “tenemos 76 compañeros, y compañeras asesinadas; y 25 desaparecidos en nuestros pueblos . Estos son nuestros hijos, hijas, esposos, hermanos y hermanas; ahora más de mil familias estamos desplazadas; y no somos solo nosotras; somos miles de madres, a través del país las que buscamos y enterramos a nuestros hijos y que vivimos esta realidad”.
El mundo, subrayó, “está viendo cómo realmente tratan a nuestras madres indígenas; creen que porque vivimos lejos de la ciudad, porque vivimos en la montaña, nuestras vidas no valen; esa es la verdadera cara de este gobierno y también de todos los gobiernos anteriores: desprecio y muerte para nuestros pueblos indígenas”.
“No queremos más palabras vacías: queremos justicia para nuestras madres y nuestros pueblos; queremos regresar a nuestras casas y comunidades; queremos encontrar a nuestros hijos; queremos sembrar nuestra tierra y vivir una vida digna”, demandó.
Responsabilizó al Estado Mexicano “por todo lo que suceda en nuestros pueblos; sus manos están manchadas de sangre por pactar con los criminales y entregar nuestros pueblos y nuestras vidas; Claudia Sheinbaum, no queremos tu Mundial; queremos que detengan está guerra contra nuestros pueblos, y que nuestros hijos e hijas puedan vivir en paz. Eso es honrar a las madres”.
Jesús Plácido Valerio, líder del CIPOG-EZ denunció el sábado que “con
la complacencia de los tres niveles de gobierno”, el grupo
delincuencial «Los Ardillos», atacó los poblados de Xicotlán, Tula y
Acahuetlán; “lo peor de todo, es que continúan las ofensivas armadas con
drones”
Desde el año 2015, Los Ardillos incursionaron en los
municipios de Chilapa de Alvarez, Zitlala, José Joaquín de Herrera,
ubicados en la Montaña Baja de Guerrero, lo que dejó una estela de
cientos de crímenes, incluidos de militantes de los diversos partidos,
secuestros, extorsiones y el desplazamiento forzado de pobladores.
Apenas este sábado, al menos 800 familias indígenas fueron desplazadas fueron desplazadas por la violencia, sin que las autoridades de los 3 niveles de gobierno, hayan intervenido para detener esta situación. Los Ardillos mantienen una disputa con el CIPOG-EZ y con la Coordinadora Regional de la Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores(CRAC-PF).
Condenan ataques
Organizaciones nacionales e internacionales condenaron los ataques armados y el desplazamiento forzado contra las comunidades nahuas del municipio de Chilapa de Álvarez y exigieron al Estado Mexicano frenar esta embestida que inició el pasado miércoles, “atribuible a grupos de la delincuencia organizada que operan bajo esquemas tácticos de carácter paramilitar”.
En una carta firmada por decenas de agrupaciones, entre ellas el Consejo Nacional Indígenas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, expusieron que de acuerdo con testimonios comunitarios y de los habitantes, los ataques son ejecutados con armas de grueso calibre, drones utilizados para vigilancia y lanzamiento de artefactos explosivos.
Alertaron que esta situación ha “generado terror, desplazamiento forzado y un grave riesgo para la vida e integridad de niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores y autoridades tradicionales indígenas.
Lo anterior, agregaron, a pesar de que desde 2021 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite medidas cautelares a favor de los habitantes de los poblados de Tula y Xicotlán, así como del CIPOG-EZ, el gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelin Salgado, son omisos en darles continuidad.
Puntualizaron que con estos hechos de violencia, se acredita “La falta de actuación de las autoridades responsables de prevenir y proteger ante riesgos evidentes; la negativa injustificada de otorgar medidas de protección a ciudadanos en situación de riesgo; la posible complicidad o tolerancia de funcionarios públicos frente a los hechos de violencia y la ausencia de investigaciones que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”.
Por ello, exigieron al gobierno federal “reconocer la grave crisis de violaciones a los derechos humanos por los que atraviesan las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ en Guerrero y que el gobierno del estado se empeña en ocultar; la identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales, incluyendo a funcionarios públicos que hayan incurrido en omisión o complicidad”.
También demandaron “revisar la actuación y responsabilidad del Ejército Mexicano que solo presenció los ataques, el desplazamiento y la entrada del grupo delincuencial a las comunidades sin hacer nada para detener a los atacantes; la implementación urgente de medidas de protección efectivas para defensores de derechos humanos y localidades en riesgo.
Asimismo, pidieron “atender de forma urgente el tema de las 800 familias desplazadas de Tula, Xicotlán y Acahuetán; la inmediata detención y desarticulación de Los Ardillos, que ahora se vinculan a otros grupos criminales y recrudecen la violencia”. “El silencio institucional y la impunidad no pueden seguir siendo la respuesta del Estado”, concluyeron.
En un video difundido en redes sociales, se observa a un un grupo de personas, en su mayoría mujeres y niños, refugiadas en una iglesia. Un jugareño, que se identifica como comisario municipal del poblado de Alcozacán, pide apoyo inmediato de los tres niveles de gobierno.
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