Durante años el oficialismo negó cualquier señalamiento sobre la infiltración del crimen organizado en la política mexicana. Desacreditaron investigaciones, atacaron periodistas y minimizaron cada vínculo incómodo entre personajes del poder y grupos criminales. Hoy, la propuesta de Claudia Sheinbaum para revisar candidaturas ligadas al narcotráfico termina reconociendo una realidad que llevan años intentando ocultar. Si ahora quieren crear mecanismos para detectar candidatos vinculados al crimen, es porque el problema ya se salió de control.
El caso más grave explotó en Sinaloa. Funcionarios cercanos a Rubén Rocha Moya han sido señalados en Estados Unidos por sus vínculos con Los Chapitos, mientras el exgobernador desaparece del escenario público en medio del escándalo. Pero no es el único caso. Ahí están los señalamientos contra Américo Villarreal en Tamaulipas, la violencia política en Michoacán, el escándalo internacional de Marina del Pilar en Baja California y las investigaciones sobre huachicol y corrupción ligadas al poder político.
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