Hidalgo: la red “Zeta” de alto nivel
Ricardo Ravelo
Rafael Macedo de la Concha.
El documento, de 61 páginas, involucra al exprocurador Rafael Macedo de la Concha; al gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong; al precandidato priista a la gubernatura de esa entidad, Francisco Olvera Ruiz, así como a decenas de funcionarios y exfuncionarios estatales y federales, en la protección de Los Zetas y de su jefe, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, quien por cierto es hidalguense.
Proceso tiene una copia de la denuncia, que fue elaborada por el llamado Grupo Ciudadano Hidalguense. En la PGR pudo confirmarse que el signatario es Raúl Miguel Olvera Rodríguez y que el documento llegó a la SIEDO a través de un servicio de mensajería.
Desde dos días antes, el 9 de marzo, empleados de la SIEDO cuyos nombres se mantienen en reserva ya esperaban la denuncia. En cuanto la recibieron, la turnaron a la oficina de Irving Barrios Mójica, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR.
Además de señalar al gobernador Osorio Chong, la denuncia consigna presuntas relaciones con el narcotráfico, lavado de dinero y otras modalidades del crimen organizado, en contubernio con Los Zetas, del hermano del mandatario, Eduardo Osorio; del procurador estatal, José Alberto Rodríguez Calderón; del secretario de Agricultura, Manuel Sánchez, y del presidente municipal de Pachuca con licencia, José Francisco Olvera Ruiz, quien, según el documento, recibió más de 30 millones de pesos del narco en 2008 para su campaña por la alcaldía.
Olvera Ruiz es el favorito del gobernador Osorio Chong para sucederlo. Apenas el 30 de marzo solicitó licencia para separarse del cargo de presidente municipal y se registró como precandidato del PRI a la gubernatura el martes 6.
Después de analizar la denuncia, la SIEDO determinó que sí existen elementos constitutivos de delitos federales en contra de Osorio Chong, de Olvera Ruiz y de una veintena de funcionarios más, por lo que procedió a integrar formalmente la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDORPIFAM/185/2010. Los delitos: delincuencia organizada y lavado de dinero.
El documento establece que el objetivo de poner en manos del Ministerio Público Federal presuntos hechos constitutivos de delitos es que se investigue “la dicotomía poder político-narcotráfico en el estado de Hidalgo y que se conozca toda la información con la que contamos respecto a la situación de la narcopolítica”, y dice confiar en que, con los datos que se aportan, la PGR podrá complementar, sistematizar y contextualizar la información obtenida en indagatorias y le permitirá cerrar sus círculos de investigación.
El Grupo Ciudadano Hidalguense señala que el exprocurador Rafael Macedo y el líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano, “se identifican y (tejen) un acercamiento debido, entre otras razones, a que ambos son originarios del estado de Hidalgo”.
A partir de ese acercamiento –agrega el documento– comenzaron a moverse las piezas en varias entidades del país para proteger a Los Zetas. Se cita como ejemplo el hecho de que, cuando Alfonso Navarrete Prida (exprocurador de Justicia del Estado de México y actual diputado federal por el PRI) fue investigado en la PAR}} por la presunta venta de plazas en la PGR para favorecer al cártel de Juárez, el personaje clave para su exoneración fue Jorge Frías Vázquez, quien le dio una salida decorosa.
Frías Vázquez es actualmente secretario particular de José Alberto Rodríguez Calderón, procurador de Justicia de Hidalgo y presunto protector de Los Zetas en esa entidad, asienta la denuncia.
Y se añade otro dato: “Frías Vázquez cumple con una función toral en la protección institucional en el estado de Hidalgo a las actividades de narcotráfico que la organización criminal de Los Zetas desarrolla. El vínculo de Jorge Frías con este grupo delictivo se estableció en el estado de Guerrero cuando se desempeñaba como subdelegado de la PGR, bajo el mando del entonces delegado José Alberto Rodríguez Calderón”, el actual procurador de Hidalgo.
En la lista de policías que la denuncia señala al servicio del narcotráfico en Hidalgo resalta Raúl Batres, nombrado por la PGR delegado regional de la AFI en Hidalgo “a petición del cártel del Golfo”. El objetivo, según la denuncia, era claro: “proteger a Los Zetas”.
Batres y Miguel Osorio Chong coincidieron en el estado de Sinaloa en 2004: el primero era delegado de la PGR, el hoy mandatario era funcionario del IMSS. Quien los presentó fue Federico Vera, “hombre de confianza” de José Francisco Olvera Ruiz, el precandidato priísta a la gubernatura del estado.
Narra la denuncia: Raúl Batres se incorporó a la comandancia regional de Hidalgo en el mejor de los ambientes. Con José Francisco Olvera Ruiz en la secretaría General de Gobierno (cargo que desempeñó antes de ser alcalde de Pachuca), con José Alberto Rodríguez Calderón al frente de la Procuraduría General de Justicia Estatal, y con Marcos Manuel Souberville González como secretario de seguridad pública (ejecutado en 2009 presuntamente por el narcotráfico).
A través de Raúl Batres en la AFI “se establecieron los pactos con la organización criminal de Los Zetas y todo se concretó través de la interacción de estas dependencias”, dice la denuncia de hechos.
Otra pieza importante en la protección de Los Zetas en Hidalgo, según el documento, es el procurador de Justicia José Alberto Rodríguez Calderón, “nombramiento que le debe a Eduardo Osorio, hermano del gobernador”.
Rodríguez Calderón es señalado como “aliado del exprocurador Rafael Macedo”: fue delegado de la PGR en Guerrero en 2003, donde se relacionó con los hermanos Beltrán Leyva, en ese momento aliados del cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán. Desde entonces, según la denuncia, “cumple a cabalidad con la encomienda de proteger y apoyar a Los Zetas”. El documento añade: “Ahora lo haría, para beneplácito de El Lazca, desde la Procuraduría del estado de Hidalgo”.
Las ligas de funcionarios públicos con el crimen organizado ha estado marcada por la muerte entre paisanos hidalguenses en posiciones encontradas: unos como aliados del narco, otros como investigadores de la PGR.
Un ejemplo es el secuestro, tortura y asesinato del agente del Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO, Gustavo Flores Delgado, en mayo de 2005, en Acapulco, Guerrero, cuando investigaba al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, quienes controlaban la plaza.
Flores Delgado estaba bajo las órdenes de su paisano José Alberto Rodríguez Calderón, con quien “convino los términos de la operación en Acapulco”. Sin embargo, se habría enterado de que se pretendía favorecer al cártel del Golfo y su fuerte aliado en aquel tiempo, Los Zetas.
Un grupo secuestró a Gustavo Flores y lo torturó “brutalmente”. La denuncia que obra en poder de SIEDO narra lo que sucedió después:
El entonces subdelegado de la PGR en Guerrero, Jorge Frías, no consiguió la confianza de Los Zetas. En 2006 fue nombrado subdelegado de procedimientos Penales de la PGR en Tamaulipas, donde sufrió un atentado junto con Rocío Vega, agente del Ministerio Público Federal. Según el documento en poder de Proceso, Frías salvó la vida por intermediación de Rodríguez Calderón, pero ambos debieron pagar el precio:
Los Zetas han perdonado Frías Vázquez. Para que no hubiera duda de la incondicionalidad de Jorge Frías con la organización criminal Los Zetas, el jueves 22 de octubre de 2009, el procurador General de Justicia de Hidalgo, José Alberto Rodríguez Calderón, con la anuencia del gobernador Osorio Chong y de su hermano Eduardo, contando con el acuerdo de quien se cree será el nuevo gobernador del estado, José Francisco Olvera Ruiz, nombró como su secretario particular a Jorge Frías.
A la fecha, no ha habido queja del grupo delictivo Los Zetas respecto del ‘trabajo’ del nuevo secretario particular. El atentado que sufrió Jorge Frías fue un gran ejemplo para que Rodríguez Calderón corrigiera el camino jurando lealtad a un solo grupo delictivo, a Los Zetas. Y es que José Alberto Rodríguez había estado acostumbrado a pactar con unos y con otros. Así ocurrió, igualmente, durante su estancia como delegado de la PGR en el estado de Durango, situación que originó, como era de esperarse, en disputas entre diversos grupos dedicados al narcotráfico por el control de la plaza.
De esta forma se involucró con los capos del narcotráfico más importantes como Ignacio Nacho Coronel, del cártel de Juárez, que resultó beneficiado con la protección institucional que le brindaban Rodríguez Calderón y José Campos Murillo, exprocurador de justicia de Durango y exsubprocurador General de la República durante la gestión de Rafael Macedo de la Concha.
Los denunciantes establecen vínculos entre la política electoral y el narcotráfico, en los que nuevamente participa Rodríguez Calderón:
En su paso por Durango, Rodríguez Calderón entabló relación cercana y de amistad con otro personaje que sirve a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas pero desde la trinchera electoral: Hugo García Cornejo, quien curiosamente se ha desempeñado como vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en los estados priístas de Puebla, Durango, Hidalgo y Veracruz.
La realidad es que no fue casual que Rodríguez Calderón y él coincidieran en los estados de Durango e Hidalgo. José Alberto como delegado de la PGR y como procurador local, así como García Cornejo en el IFE, forman parte de un equipo político-criminal con el que Los Zetas se instalan en el estado de Hidalgo.
EL POSICIONAMIENTO
El control que ejercen Los Zetas en Hidalgo no ha mantenido a la entidad alejada de la violencia. Aunque con presunto apoyo oficial Los Zetas lograron sortear los embates del cártel de Sinaloa, su más fuerte competidor, dentro del gabinete de Osorio Chong habría surgido presuntos desarreglos financieros.
Ejemplo de ello es el asesinado, en 2009, de Marcos Souberville, secretario de Seguridad Pública del estado, poco después de una ola de crímenes y secuestros en el estado:
La presión social hizo que, en su momento, para justificar su inacción, el secretario de Seguridad Pública, Marcos Souberville, dispusiera la creación de un grupo especial antisecuestros que en realidad no resolvería pero que, en el terreno, haría perder el control directo de esa actividad a sus colegas funcionarios relacionados con el tema de seguridad y, lo más importante, los haría perder presencia ante Los Zetas para él posicionarse mejor ante la organización.
De inmediato Eduardo Osorio Chong, hermano del gobernador, acuerda con Francisco Olvera Ruiz, entonces secretario General de Gobierno, instruya a José Alberto Rodríguez Calderón para que se pongan las cosas en orden. Rodríguez Calderón les pide al director de la Policía Ministerial y al comandante antisecuestros, Jesús Garcés, El Garocho, la eliminación de Marcos Souberville.
Ambos planean la ejecución con la intervención de Los Zetas. El día de los hechos, Rafael, secretario particular de Souberville, informa telefónicamente a Esteban Reyes y a El Jarocho que ese día por la tarde su jefe iría solo a Huasca. Conforme al plan, Esteban y El Jarocho se comunican con El Cepillo (detenido en Tepic, Nayarit) y con otro grupo de Los Zetas, quienes harían el trabajo.
De toda la operación, de principio a fin, mantuvo informado a Eduardo Osorio, hermano del gobernador. Los Zetas arman el operativo pues era hora, además, de cobrar venganza contra Souberville por el “gane” de varios millones de dólares cuando en Atotonilco la policía detuvo a varios Zetas.
El comando fue dirigido por El Pahua. Lo acompañaron El Peluche, El Bien Peinado y El Gato. Se formó un convoy con una camioneta Chevrolet Tahoe y una Blazer blanca. Los tripulantes fueron El Cepillo y El Luis, comandantes de Los Zetas en Huejutla, Hidalgo, por acuerdo de Omar Zerón Flores, cercano colaborador y operador de Eugenio Imaz, alto funcionario del gobierno del estado y hombre de confianza del gobernador Miguel Osorio.
El comando se dirigió a las inmediaciones de Huasca de Ocampo, Hidalgo. A las 17:30 horas del miércoles 19 de septiembre de 2007, el secretario de Seguridad Pública, Marcos Souberville, fue ejecutado.
El funcionario iba acompañado, según la denuncia, por un sujeto llamado Marcos Covarrubias, quien sobrevivió al ataque “extrañamente”.(proceso)
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