Aunque persiste la polémica sobre si la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe durar dos o cuatro años, debido a una contradicción entre artículos de la Constitución, el sitio oficial del máximo tribunal ya perfila los próximos relevos y prevé que en 2027 la presidencia recaiga en la ministra Lenia Batres Guadarrama. En el apartado de información estadística judicial del sitio web, la Unidad de Transparencia de la SCJN publicó los periodos que durarán en el cargo los actuales ministros del pleno y los tiempos de sus presidencias, acorde al artículo 94 de la Constitución que fue modificado mediante la reforma judicial del 15 de septiembre de 2024. Dicha norma establece que “la presidencia de la Corte se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”. La Unidad de Transparencia prevé que la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz concluya en 2027; le seguirían Lenia Batres (2027-2029), Yasmín Esquivel Mossa (2029-2031) y Loretta Ortiz Ahlf (2031-2033), lo que supone periodos de dos años en la actual conformación del pleno. “Cabe aclarar que la información puede variar con las actualizaciones que se realicen”, destaca el sitio. El artículo 94 fue redactado en esos términos en la última reforma judicial, promulgada el 2 de junio e impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la modificación no corrigió la contradicción –conocida como antinomia– que mantiene con el artículo 97 de la propia Constitución, el cual establece presidencias de la Corte de cuatro años, elegidas por el pleno. “Cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser relecto para el periodo inmediato posterior”, señala el artículo vigente. El mes pasado, en entrevistas con La Jornada, Esquivel Mossa sostuvo que la contradicción entre los artículos constitucionales deberá ser resuelta por el Poder Legislativo o, en su caso, por la Suprema Corte. Por su parte, Ortiz Ahlf consideró que corresponde al Congreso revisar y, de ser
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