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Se presenta una demanda de amparo indirecto contra la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Población y la Ley en Materia de Desaparición Forzada, alegando que estas leyes imponen obligaciones que vulneran derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos personales. El demandante argumenta que la creación de la CURP biométrica y la Plataforma Única de Identidad generan un estado de vigilancia masiva y afectan la intimidad de los ciudadanos sin un control judicial adecuado. Se solicita la declaración de inconstitucionalidad de las normas reclamadas por su carácter autoaplicativo y el perjuicio real que causan desde su entrada en vigor.
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