No al registro biometrico en celulares, es inconstitucional

 ALONSO URRUTIA
Y EMIR OLIVARES
Ante los episodios de violencia re-
gistrados en diferentes escuelas,
la presidenta Claudia Sheinbaum
advirtió que deben establecerse
“medidas tajantes para evitar que
situaciones como éstas se propa-
guen por medio de redes sociales”.
Señaló que no es posible que en
las plataformas puedan circular
mensajes que incitan al odio, la vio-
lencia, al acoso e incluso al abuso
sexual, sin que se haga nada.
“Han sido cuatro (ataques) que
nos han tocado a nosotros, y por
eso es muy importante que tome-
mos medidas. No creo que nadie
esté en contra. No creo que nadie
piense que es libertad estar pro-
moviendo violencias de todo tipo
o abusos sexuales en las redes. Eso
no. Debemos poner un límite. Y es
un asunto de toda la sociedad, no
sólo de la Presidenta. Las madres
y padres de familia van a estar de
acuerdo con nosotros, incluso los
jóvenes. Tiene que haber límite a
la propagación de actitudes violen-
tas”, subrayó.
En la mañanera de ayer, la manda-
taria comentó que desde la parte gu-
bernamental no sólo se va a actuar
mediante el programa El ABC de las
emociones, para atender problemas
de salud mental, sino que por medio
de la Secretaría de Educación Públi-
ca se emprenderán otras acciones.
“En la instrumentación de esta po-
lítica, naturalmente que se buscará
el respaldo de los maestros y del sin-
dicato magisterial, pero la definición
de las medidas tendrá que provenir
de la autoridad.
Igual que ocurrió de manera uná-
nime con la decisión de restringir
el uso de teléfonos celulares en los
planteles de primaria y secundaria,
confió en la adopción de medidas
por consenso que permitan preve-
nir actos de violencia en las escuelas
y que puedan adoptarse medidas
consensuadas entre las autoridades
educativas.
“Debe ser una decisión colecti-
va, pero no podemos permitir este
mecanismo de comunicación que
genera prácticas violentas hacia las
personas o de difusión de abusos y
acosos”, apuntó.
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LA JORNADA
Martes 6 de octubre de 2026 POLÍTICA
“Expertos en telecomunicaciones”,
jueces que verán el registro celular
IVÁN EVAIR SALDAÑA
La Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) definió ayer qué
jueces deberán resolver los más de
mil amparos promovidos contra los
lineamientos para la identificación
de celulares, que desde diciembre
de 2025 hicieron obligatorio el re-
gistro de todos los números de mó-
viles en México mediante la vincu-
lación con la CURP de sus titulares.
Por seis votos contra tres, el
máximo tribunal fijó como crite-
rio obligatorio que estos asuntos
corresponden a los juzgados de
distrito en materia administrativa
especializados en competencia eco-
nómica, radiodifusión y telecomuni-
caciones, con sede en la Ciudad de
México y de jurisdicción nacional.
La jurisprudencia deriva del
proyecto de la ministra Yasmín Es-
quivel Mossa, que propuso resolver
una contradicción surgida porque
distintos tribunales habían llegado
a conclusiones opuestas: mientras
unos enviaron estos amparos indi-
rectos a juzgados especializados en
telecomunicaciones, otros determi-
naron que debían conocerlos juz-
gados administrativos ordinarios
de la capital del país, Guanajuato y
estado de México.
Planteó que los amparos indirec-
tos requieren análisis técnico espe-
cializado en telecomunicaciones,
incluida la constitucionalidad del
sistema de identificación y trata-
miento de datos.
“De la lectura de la normatividad
respectiva se observa que se en-
cuentra dentro del ámbito de las te-
lecomunicaciones y que, además, es
emitida por una autoridad vinculada
con ello, por lo que es válido concluir
que lo que realmente se pretende di-
lucidar sí exige un análisis técnico
especializado en tal expertis, vincu-
lado con la prestación del servicio de
telefonía móvil que implicaría dilu-
cidar la validez constitucional de un
sistema de identificación poblacio-
nal, el tratamiento de datos respec-
to del registro de líneas telefónicas
móviles y también las obligaciones
de los prestadores de servicio y las
consecuencias de su aplicación a la
luz de una norma específica a escala
constitucional”, dijo.
En contra de la propuesta votaron
las ministras María Estela Ríos Gon-
zález, Lenia Batres Guadarrama y su
par Arístides Guerrero García. Ríos
consideró que los amparos deben re-
solverlos juzgados administrativos
ordinarios, pues los lineamientos in-
volucran identificación de usuarios
y protección de datos personales, no
aspectos técnicos especializados en
telecomunicaciones. Advirtió ade-
más que concentrar los asuntos en
juzgados especializados podría afec-
tar el acceso a una justicia pronta y
expedita