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sábado, 10 de octubre de 2026

Wixárikas en Jalisco rechazan “por ahora” consulta del INPI

 Wixárikas en Jalisco rechazan “por ahora” consulta del INPI

Argumentan que no se les explicó el contenido de la iniciativa en su lengua

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▲ Las comunidades wixárikas solicitaron información mediante mecanismos institucionales.Foto Presidencia
 
Periódico La Jornada
Sábado 10 de octubre de 2026, p. 6

Las comunidades wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y su Anexo Tuxpan, Santa Catarina Cuexcomatitlan y San Andrés Cohamiata, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, acordaron no participar por el momento en la consulta sobre la propuesta de iniciativa de Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, organizada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación.

Su determinación, señalaron, es resultado de la falta “más mínima” de información sobre el contenido de la propuesta, su naturaleza y posibles impactos.

“En ningún momento nos ha sido explicada en la lengua wixárika, con pertinencia cultural y con todos los elementos necesarios para su entendimiento de modo que nos resulte comprensible”, aseguraron.

En junio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la convocatoria para someter a diálogo y consulta a las 16 mil 728 comunidades de los 69 pueblos indígenas y el afroamericano la iniciativa de ley, con el fin de que ésta se presente a la Cámara de Diputados el 12 de octubre próximo, en el marco del Día de la Nacional Pluricultural.

De acuerdo con el INPI, la propuesta plantea reconocer a estos pueblos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio para que puedan ejercer su libre determinación, autonomía y participen en la vida pública nacional. Sin embargo, algunos la han criticado, como el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

En un oficio dirigido al titular del INPI, Adelfo Regino, firmado por las autoridades de las comunidades wixárika, entre ellos Maurilio Ramírez Aguilar, coordinador general de consejo regional, indicaron que a fin de que sus asambleas de comuneros –órganos supremos de decisión– puedan emitir una opinión y hacer observaciones a la iniciativa de ley, es necesario generar mecanismos institucionales para que sean informados adecuadamente sobre la propuesta.

Una vez cumplido ese punto, que se consulte a las comunidades el proyecto, de acuerdo con los lineamientos y principios establecidos en la Constitución respecto al derecho de todas las personas en México a gozar de las garantías fundamentales reconocidas en la Carta Magna y en los tratados internacionales del Estado mexicano, así como garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar mediante consultas de buena fe.

De igual manera, pidieron que se realice en respeto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.


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