Congreso Nacional Indígena, bordando luchas

 ara iniciar y clausurar la asamblea del Congreso Nacional Indígena (CNI), celebrada del 10 al 12 de octubre pasado, hablaron no sólo líderes históricos de los pueblos originarios de México, representantes de nuevas generaciones y de otros pueblos vecinos, como es el pueblo ixil de Guatemala, sino también familiares mestizos que buscan a sus hijos desaparecidos. Surge la pregunta: ¿Qué tiene que ver la lucha contra la desaparición forzada en centros urbanos como Xalapa, Veracruz, con las movilizaciones históricas en defensa del territorio, del agua y de las tierras comunales de los pueblos originarios? Pareciera que son luchas separadas, atravesadas por distintas expresiones de violencia. Mientras unos defienden la tierra y sus territorios contra el saqueo, otros buscan a sus seres queridos excavando debajo de la superficie de tierras despojadas. En una entrevista recién publicada en Desinformémonos, Francisco López Bárcenas, abogado e investigador ñu savi (mixteco) y uno de los integrantes fundadores del CNI en 1996, enfatizó que el Congreso es el principal espacio de encuentro y de resistencia colectiva creado por los propios pueblos indígenas. Su potencia transformadora reside en entrelazar diversas luchas al margen de las esferas del poder estatal. Eso le otorga al CNI una capacidad de reflexión política radical, capaz de innovar alianzas. Incluye provocar un diálogo colectivo respecto a cómo la crisis humanitaria de la desaparición forzada forma parte de la misma maquinaria que vacía de vida los bosques, los ríos, las selvas y las montañas a lo largo y ancho del país. Fabiola Pensado Barrera, madre de Argenis Yosimar, desaparecido hace más de una década en Xalapa, Veracruz, mostró un profundo compromiso de vincular luchas. Fue invitada por el CNI a integrar la mesa de apertura. Primero escuchó las palabras de bienvenida de Isabel Valencia Hernández, representante de la Comunidad Otomí Residente en la Ciudad de México, seguido por Marichuy Patricio Martínez, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, Carlos Beas Torres, coordinador de Ucizoni del Istmo, y familiares de Jesús Plácido Galindo, detenido bajo acusaciones falsificadas en julio de este año, en la Costa Chica de Guerrero. En su conjunto, ofrecieron un recuento de las luchas emprendidas a lo largo de tres décadas por la autonomía y la libre determinación de los pueblos originarios y contra los asesinatos y la criminalización de defensores del territorio. Cuando llegó su turno, Pensado Barrera reconoció que era la primera vez que asistía a un espacio de resistencia indígena. Confesó que desconocía sus trayectorias de lucha. Todos estos años, ella se ha dedicado exclusivamente a buscar a su hijo. Siguió escuchando con atención. En intervenciones posteriores hiló conexiones con la forma en que el Estado y las empresas transforman los territorios en fuentes de especulación con fines de lucro. Explicó: “A muchos de nuestros hijos los desaparecen como parte del reclutamiento forzado, es una mercantilización de sus cuerpos. El crimen organizado comercializa a las personas, saca ganancias comercializando con nuestros familiares”. Desde hace décadas, investigadores indígenas y de la diáspora africana han señalado cómo la noción misma de propiedad es la base fundacional de la explotación laboral y de la dominación racial y patriarcal. El capitalismo racial, argumenta Cedric Robinson, inicia en el momento en que personas del continente africano son convertidas en propiedad como parte de la esclavización. Glen Coulthard, del pueblo indígena Yellowknives Dene, describe cómo la transformación en propiedad de territorios indígenas sustenta estructuras coloniales en la actualidad. El origen y continuidad de la conquista convierte la vida misma en mercancía. Si bien este motor colonial y capitalista inicia mediante el genocidio contra pueblos indígenas y sobrevivientes de la esclavización africana, se extiende hacia otros sectores de la sociedad. Es por ello que las luchas de familiares por la justicia frente a la desaparición forzada se entretejen con las luchas por el común zapatista, contra la privatización del agua, contra los megaproyectos que llenan de muerte los territorios originarios y contra los despojos que provoca el crimen organizado en sus imbricaciones con el Estado mexicano. Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, plasmó esas afirmaciones y anhelos en un bordado que elaboró durante los días del evento. Sobre la tela, los hilos de colores llamativos formaron las frases de una carta que inicia: “Queridos hijos, queremos sus sonrisas de vuelta”. A un lado, el canto del pueblo otomí: Dante togui togui/ hin hambi tegue/ Ndahi togui togui/ hin hambi tegue (el río pasa, pasa/ nunca cesa/ el viento pasa, pasa/ nunca cesa). El bordado fue un presente elaborado amorosamente para los anfitriones de la asamblea de los 30 años del CNI, la Comunidad Otomí Residente en la Ciudad de México. El bordado es, a su vez, un enunciado y un compromiso colectivo.