Musulmanes contra musulmanes: la guerra menos esperada
La fractura entre sunitas y chiitas atraviesa una competencia por el poder de la región
Cuando un misil hutí provoca muertos y heridos en un aeropuerto saudita, el conflicto deja de admitir las explicaciones cómodas que atribuyen todos los males de Oriente Medio a Israel. Allí no se enfrentan una sinagoga y una mezquita, ni una sociedad occidental y otra oriental. Allí se enfrentan intereses musulmanes que compiten por territorios, recursos, obediencias y capacidad de decisión.
La fractura entre sunitas y chiitas atraviesa esa competencia, pero su expresión actual se reconoce menos en las discusiones teológicas que en los aeropuertos amenazados, las armas de las milicias y las inversiones que necesitan seguridad para llegar.
El centro de esta disputa es el poder sobre el presente y, especialmente, sobre el futuro económico de la región, donde Arabia Saudita pretende transformar riqueza petrolera en influencia financiera, tecnológica y comercial y, el régimen iraní busca preservar su supervivencia, su autonomía estratégica y su capacidad de condicionar a los vecinos.
Para comprender el enfrentamiento hay que mirar qué necesita cada conducción para sostenerse. Una requiere convencer al mundo de que puede ofrecer estabilidad. La otra encuentra en su capacidad militar y en sus aliados regionales instrumentos para evitar que otros decidan sin contar con ella.
No se trata de comparar una economía perfecta con otra carente de recursos, donde Irán posee capital humano, industria, energía y posibilidades comerciales que exceden ampliamente su aparato militar y, las monarquías del Golfo, por su parte, mantienen estructuras políticas autoritarias y economías donde el Estado conserva una intervención determinante.
La diferencia relevante está en las prioridades de sus dirigencias: cuánto capital destinan a integrarse en los mercados y cuánto poder obtienen mediante la capacidad de bloquear, intimidar o intervenir, esa elección tiene consecuencias para millones de personas.
Opuestos entre los proyectos iraníes y sauditas
El proyecto saudita necesita turistas, empresarios, profesionales, vuelos regulares y contratos que puedan cumplirse. Cada uno de esos elementos depende de una promesa básica: mañana será posible trabajar sin que una escalada militar destruya lo construido.
Un aeropuerto atacado rompe esa promesa de manera inmediata, los muertos se lloran, los heridos se curan, los edificios se reparan. Pero recuperar la confianza exige otros tiempos, porque el costo de recibir un misil no termina en el lugar donde explota, continúa en la inversión postergada, el viaje cancelado y la prima de riesgo que encarece una operación.
Los Irán y los hutíes comprenden el valor político de esa vulnerabilidad, porque golpear infraestructura saudita permite trasladar la guerra fuera de Yemen y obligar a una potencia económicamente superior a responder en condiciones incómodas.
La asimetría es evidente. Quien busca atraer negocios debe proteger un sistema completo, y quien pretende interrumpirlos necesita encontrar una brecha. Desde esa perspectiva, el ataque funciona también como una imposición económica, y el mensaje implícito es, “La prosperidad del adversario quedará condicionada a sus decisiones sobre el conflicto”.
Para Irán, su relación con las organizaciones armadas regionales multiplica los espacios, desde los cuales puede ejercer influencia. Sin embargo, esos aliados tienen agendas propias y no corresponde suponer que cada operación responde a una orden directa de Teherán.
Lo decisivo es que sus intereses pueden converger y elevar el costo de cualquier estrategia dirigida a contener al régimen iraní. Esta red le proporciona capacidad de presión, pero también genera riesgos de escaladas que sus patrocinadores quizá no puedan administrar enteramente.
Yemen
Yemen muestra con crudeza cómo se combinan religión, administración y fuerza. Los Hutíes no pretenden solamente difundir una identidad chiita. También buscan conservar territorio, recaudar ingresos, controlar instituciones y determinar las condiciones de cualquier arreglo político, similar a Hammas en Gaza desde el 2007.
Su poder necesita los recursos, y su aparato militar ayuda a obtenerlos. La población queda atrapada entre las exigencias de una estructura que gobierna y las consecuencias de una estructura que combate. Ambas funciones pertenecen a una misma conducción, aunque sus costos recaigan sobre familias que no participan en sus decisiones.
La dimensión religiosa importa, porque convierte esa conducción en algo más que una autoridad administrativa. Al presentar el liderazgo como una obligación moral, que al negarlo puede interpretarse como una deslealtad que excede la política, esa identificación facilita movilizar seguidores y exigir sacrificios. También reduce el espacio para preguntar por salarios, servicios o responsabilidades.
El problema aparece cuando la legitimidad sagrada pretende reemplazar la rendición de cuentas. Entonces, una dirigencia puede pedir obediencia en nombre de una causa, que sus gobernados no tienen mecanismos efectivos para discutir.
Sunitas
Arabia Saudita, Turquía, Egipto y Pakistán pueden coordinar una condena o compartir preocupaciones sin renunciar a sus prioridades, porque en el campo sunita, la religión también proporciona prestigio y autoridad, conviviendo con proyectos nacionales que no siempre coinciden.
Ninguno se convierte por eso en una dependencia política de Riad, porque la competencia por representar intereses musulmanes incluye rivalidades entre dirigentes de la misma confesión, donde el liderazgo se negocia mediante protección, recursos y resultados y no se obtiene por compartir una identidad religiosa.
Esa realidad explica por qué la solidaridad islámica encuentra límites cuando aparecen las cuentas nacionales, porque un gobierno puede apoyar una causa en sus discursos y resistirse a pagar el precio económico de una confrontación prolongada. Puede condenar a un adversario y mantener abiertos canales diplomáticos con él. Puede considerar útil una relación que su propaganda evita celebrar. Como vemos, la política regional está llena de esas tensiones, porque gobernar exige administrar intereses concretos, mientras que movilizar seguidores suele requerir mensajes mucho más simples.
Israel
Israel ocupa un lugar particular en esta disputa, y para las dirigencias que necesitan un enemigo permanente. Al señalarlo les permite desplazar la discusión desde sus propios resultados hacia una causa externa. Pero esa explicación pierde fuerza cuando los proyectiles alcanzan ciudades musulmanas, cuando una milicia desafía a un gobierno musulmán o cuando los beneficios de una ruta comercial quedan sometidos a presión militar, porque Israel no decide esas rivalidades y, convertirlo en responsable universal oscurece las ambiciones de quienes buscan dominar a sus vecinos.
Reconocer el derecho de Israel a la seguridad exige examinar con precisión las responsabilidades de quienes lo amenazan. No hace falta atribuirle perfección ni suponer que toda decisión de su gobierno queda fuera de discusión. Basta observar que su desaparición del análisis no eliminaría la competencia entre Teherán y Riad, ni resolvería quién manda sobre las armas en Irak, esas disputas tienen objetivos propios y no dependen del conflicto palestino-israelí.
Para los gobiernos que privilegian desarrollo, comercio e innovación, Israel puede representar también un interlocutor útil. La cooperación tecnológica, la gestión del agua o la protección de infraestructura ofrecen terrenos donde los beneficios concretos pueden pesar más que las consignas.
Esto no borra desacuerdos ni garantiza acuerdos políticos, solo introduce una pregunta incómoda para quienes necesitan enemistades inmodificables, ¿Qué gana una sociedad manteniendo cerradas las posibilidades de cooperación, que podrían mejorar su seguridad, su productividad y su vida cotidiana?
Economía y seguridad
La competencia económica se vuelve especialmente intensa alrededor de las conexiones. Un puerto, un aeropuerto o un estrecho marítimo permiten cobrar, abastecer, exportar y vincular mercados. Quienes garantizan su funcionamiento obtienen ingresos y prestigio. Quienes amenazan con interrumpirlos puede obtener capacidad de negociación sin ofrecer un servicio equivalente.
Esta diferencia enfrenta dos formas de ejercer influencia, la misma que resulta necesaria por lo que se aporta, se vuelve inevitable por el daño que se puede causar, y ambas producen poder, pero distribuyen sus beneficios sociales de manera muy distinta.
Para una familia, estas disputas se traducen en problemas bastante menos abstractos. La inseguridad reduce oportunidades laborales, encarece productos y dificulta organizar el futuro. Para un pequeño empresario significa no saber si podrá recibir mercadería o cumplir un contrato. Para un joven profesional puede convertir la emigración en la alternativa más razonable.
La retórica de grandeza regional no paga esas pérdidas. Una sociedad puede ser convocada a celebrar victorias estratégicas mientras pierde las condiciones necesarias para desarrollar una existencia independiente.
Un presupuesto dedicado a sostener confrontaciones tiene un costo de oportunidad, porque ese dinero deja de estar disponible para infraestructura, educación o servicios, precisamente donde la legitimidad debería demostrar su utilidad cotidiana.
No hay dudas que las personas necesitan trabajar, emprender, circular y elegir, y la movilización permanente exige subordinación, controles y disposición al sacrificio. Cuanto más se prolonga la emergencia, más fácil resulta justificar restricciones y aplazar demandas.
No significa que toda defensa militar sea ilegítima, sino que una conducción debe explicar para qué utiliza el poder y cuándo devolverá espacio a la vida civil. La seguridad debería proteger la libertad, no convertirse en su sustituto.
Irak: entre sunitas y chiitas
Irak permite observar esta tensión dentro del propio universo chiita. La discusión sobre someter las armas al Estado o, enfrenta al gobierno con facciones que no comparten una misma disposición al desarme. Algunos grupos se han comprometido, pero otros rechazan entendimientos o mantienen reservas.
La pertenencia confesional no resuelve el conflicto porque lo disputado es la capacidad de actuar por cuenta propia. Entregar las armas implica perder una herramienta de negociación que puede condicionar al Ejecutivo y alterar la posición política de todo el país.
Allí el problema económico es inseparable, un inversor necesita saber qué autoridad garantiza sus contratos y quién responde cuando aparecen amenazas, porque si el Estado comparte de hecho la coerción con organizaciones autónomas, aumenta la incertidumbre sobre las reglas. También la población necesita saber quién decide una eventual entrada en guerra.
No debería quedar expuesta a represalias por operaciones sobre las cuales carece de control, y recuperar autoridad estatal puede ser indispensable, aunque esa autoridad deba someterse igualmente a límites legales y responsabilidad pública.
La rivalidad entre dirigentes sunitas y chiitas adquiere así una dimensión social que suele quedar relegada, pero la lucha por quién controla las oportunidades y el acceso a empleos, recursos públicos, protección y representación puede convertirse en instrumento de lealtad cuando las instituciones son débiles.
Una organización que se presenta como defensora de una comunidad, puede terminar monopolizando su voz. El ciudadano deja entonces de ser reconocido por sus derechos y pasa a depender de intermediarios que negocian en su nombre sin aceptar necesariamente su desacuerdo.
Confundir estabilidad con libertad
Tampoco conviene confundir estabilidad con libertad. Un gobierno puede proteger inversiones y al mismo tiempo restringir severamente la participación política. La modernización económica del Golfo no elimina esa contradicción. Sin embargo, la necesidad de atraer actividad productiva introduce exigencias prácticas, como seguridad jurídica, capacidad administrativa y previsibilidad. Por otro lado, una economía expuesta a decisiones militares enfrenta obstáculos diferentes. La comparación relevante no consiste en idealizar gobiernos, sino en preguntar qué incentivos acercan a las sociedades a una vida más próspera y menos subordinada. Y la diplomacia aparece precisamente porque ningún actor puede ignorar los costos.
Decisiones
Los contactos entre gobiernos del Golfo e Irán muestran que la rivalidad no impide buscar arreglos parciales, donde negociar puede reducir daños, asegurar intercambios o ganar tiempo, pero una pausa no equivale a resolver la competencia por el liderazgo regional.
El valor de cualquier entendimiento dependerá de su cumplimiento, con menos ataques, rutas más seguras y compromisos que puedan comprobarse. La confianza se construye con conductas, no con ceremonias.
El desenlace ya no depende de Washington, aunque a Trump le fastidie que lo ignoren, en realidad, la protección estadounidense forma parte de los cálculos regionales, pero no reemplaza las decisiones de cada capital.
Arabia Saudita debe definir qué riesgos aceptar, Irak debe definir qué autoridad ejercer, Irán debe definir qué relación quiere establecer con sus vecinos. Es por esto que atribuir todas las decisiones a potencias externas concede una inocencia política inmerecida a dirigentes que administran recursos, seleccionan aliados y ordenan operaciones. La autonomía también implica responsabilidad por las consecuencias de esas elecciones.
Lo que hoy enfrenta a estos poderes es el derecho a establecer las reglas regionales: ¿quién garantiza el comercio?, ¿quién conserva las armas?, ¿quién recibe inversiones? ¿quién puede impedir que los demás prosperen?
Las identidades sunitas y chiitas dan cohesión a algunos alineamientos, pero los beneficios se concentran en estructuras concretas de mando, donde los ciudadanos no reciben ni una parte de ese poder por compartir la religión de sus gobernantes. En cambio, con frecuencia reciben la factura de sus ambiciones, pagando los platos rotos.
Israel tiene razones para observar esa disputa con atención y defenderse de quienes convierten su hostilidad en capacidad militar. Pero el futuro del mundo musulmán no puede seguir explicándose exclusivamente a partir del Estado judío, sus dirigentes deben responder por las sociedades que gobiernan y por los conflictos que alimentan.
La pregunta decisiva es, qué ofrecen los gobiernos sunitas y chiitas a sus ciudadanos: ¿la posibilidad de construir una vida propia?, o ¿el sacrificio para conservar el poder ajeno? Allí se encuentra la disputa más profunda de esta guerra.
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