Cuando rindió protesta como presidente de los mexicanos, ante el Congreso de la Unión, el mandatario, López Obrador, formuló el mayor juramento que obliga a todo jefe de Estado.
Como saben, por mandato constitucional y ante el pleno del Congreso de la Unión, el presidente electo juró: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”.
¿Qué quiere decir el protocolo anterior? ¿Cómo debe entenderlo el ciudadano de a pie, sobre todo ante la violencia e ingobernabilidad crecientes?L
respuesta a las interrogantes anterior es elemental.
El presidente López Obrador, la jefa de gobierno de Ciudad de México o los gobernadores –cada uno en su esfera de competencia–, están obligados a combatir la violencia, el crimen y el vandalismo, en respuesta a obligaciones fundamentales; la de depositarios del mandato ciudadano, por un lado, y de ejecutivos o ejecutores de las obligaciones que marca la Constitución federal, las constituciones estatales y las leyes que de todas ellas emanan.
En pocas palabras, cuando el presidente Obrador dice que combatirá la violencia con una Cartilla Moral, cuando su gobierno no hace nada contra el vandalismo en Ciudad de México y cuando la jefe de gobierno cierra los ojos al caos y la violencia desatados en la capital del país, tanto el presidente como su protegida, la señora Sheinbaum están incumpliendo la Constitución y las leyes que les obligan a la defensa de la vida y los bienes de los ciudadanos, además del castiga a los infractores.
Pero además, el presidente Obrador y la señora Sheinbaum olvidan que la mexicana es una democracia representativa, que el presidenta y la jefa de gobierno –igual que los gobernadores y los legisladores, locales y federales–, son los mandatarios de los ciudadanos que, casualmente, son los mandantes.
Es decir, que en la mexicana, igual que en todas las democracias representativas, los mandantes son los ciudadanos y los empleados de esos ciudadanos son los mandatarios; el primer mandatario, que es el presidente Obrador y la jefa de gobierno, que es la señora Claudia Sheinbaum.
Dicho de otro modo, resulta que al votar por un aspirante presidencial, por un jefe de gobierno, un gobernador o un legislador, los ciudadanos los mandatan a cumplir la responsabilidad del encargo; sea de presidente, sea de jefa de gobierno.
De esa manera, si el presidente Obrador o la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no desempeñan el cargo como lo ordena la Constitución y las leyes; si niegan la protección de los ciudadanos, de la propiedad privada y la integridad de las personas, están faltando al papel de mandatarios y traicionan a los mandantes.
Y entonces, si no cumplen, la Nación les demanda cumplir o retirarse del cargo.
Como ya se dijo, al protestar como presidente y como jefa de gobierno, respectivamente, el líder del Congreso les preguntó si estaban dispuestos a respetar la Constitución y sus leyes y, al final del protocolo, el propio líder del Congreso les advirtió “¡Si así no lo hiciere, que la Nación se los demande!”.
Y la Nación, por si no saben el señor Obrador y la señora Sheinbaum, son los ciudadanos.
¿Cuántos ciudadanos mexicanos reclaman que el presidente y la jefa de gobierno hagan su trabajo para contener y reducir la violencia? ¿Existirá un ciudadano mexicano que no quiera seguridad, paz, tranquilidad y fin de la violencia, además de los criminales?
Y es que en todo el país el crimen y la violencia están fuera de control. Según el reporte diario de @ContrapesoC en los primeros 305 días de gestión AMLO se han registrado poco más de 29 mil muertes violentas; cien muertes diarias en promedio.
Asu vez, Según el Semáforo de Delitos de Alto Impacto, durante la gestión de Sheinbaum en Ciudad de México, el secuestro se disparó 550 %, mientras que la extorción aumentó 127 %, el robo a negocio 62%, homicidios 48%, robo a vehículos 46% y narcomenudeo 31%; delitos relacionados con el crimen organizado, en tanto que la violación se disparó 454%.
En pocas palabras, ni López Obrador ni Claudia Sheinbaum cumplen el juramento de protesta ante el Congreso.
