El anuncio del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, de la creación de una Guardia Nacional, fue rechazado por quienes esperaban una desmilitarización de México durante su Gobierno. Sputnik conversó con José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
El presidente electo publicó el miércoles 14 de noviembre su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y causó revuelo. "El plan no es un plan, porque no tiene objetivo, metas, indicadores de resultados ni de proceso. Es un documento que explica un posible plan de seguridad o desarrollo social con aspectos de seguridad", dijo a Sputnik José Guevara, director ejecutivo de la CMDPDH.
Sin embargo, el punto crítico fue el anuncio de que se creará una Guardia Nacional con 50.000 efectivos que estarán al mando de la secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, el mando civil quedará supeditado al militar.
"Las señales positivas de lo que se podría traducir en la política de la nueva Administración en materia de corrupción e impunidad y graves violaciones a derechos humanos, no pueden brillar si le encomienda la totalidad de la seguridad a las Fuerzas Armadas", dijo Guevara.
El documento explica que se constituirá la Guardia Nacional "con el propósito de apoyar el fin de la seguridad pública", que será "una fuerza adicional a las Fuerzas Armadas ya existentes y se integrará a la secretaría de la Defensa Nacional", según puede leerse en el documento.
Según explicó Guevara, esta propuesta "da un paso más allá en la militarización de lo que nunca se atrevieron a dar Felipe Calderón [2006-2012], ni Enrique Peña Nieto [2012-2018]". Tanto Calderón como Peña han sido promotores de la estrategia militar y de ataque frontal contra el crimen organizado. Parte del encanto de AMLO durante la campaña electoral consistió en que anunció que mandaría a los militares de vuelta a los cuarteles.
"Se trata de un secuestro por parte de las Fuerzas Armadas a la viabilidad de la cuarta transformación [lema de campaña de AMLO] imponiendo su visión y agenda de someter a la autoridad civil y veo a un presidente que todavía no asume funciones pero que les ha entregado el poder para que sigan haciendo las tareas impropias que actualmente hacen", afirmó Guevara.
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La decisión se basó en dos argumentos: que el Congreso no tiene facultades para legislar en temas de seguridad pública, y que se legalizaba la participación de las Fuerzas Armadas en esta esfera, algo que la Constitución mexicana prohíbe expresamente, salvo en momento excepcionales.
Este debate sobre el rol de los militares no es, para Guevara, un asunto exclusivamente del ámbito constitucional: "Para las organizaciones de la sociedad civil se trata de los eventos en que militares han torturado, asesinado y desaparecido a miles de personas", dijo. "Han allanado cientos de hogares, violado mujeres, maltratado niños y eso es lo que no podemos seguir permitiendo", agregó.
"No porque el presidente 'bueno' declare que estas cosas ya no se van a cometer, tenemos las garantías y controles suficientes para que las Fuerzas Armadas no sigan cometiendo estas prácticas. Lo hicieron en los 70, en los 90 y lo han hecho de manera exacerbada a partir del 2006", cuando se declaró formalmente la guerra al narcotráfico en México.
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Esto implicaría una reforma a la Constitución mexicana para poder poner en marcha la permanencia de los militares en la seguridad pública. "Es una absoluta decepción", dijo Guevara, ante la perspectiva de que el Gobierno que prometió acabar con la militarización del país proponga ahora una modificación constitucional para que su presencia se haga permanente y se supedite el resto de las fuerzas policiales al mando castrense.
"Esta es la traición más grande que he podido ver de las promesas de transformación que ha hecho AMLO y le está escupiendo en el rostro a miles de víctimas que confiaron en él y depositaron su voto en él para que estableciera una política de seguridad distinta a las administraciones anteriores", concluyó.
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