Amenaza de CNDH con sancionar a su personal por informe sobre migrantes va contra leyes internacionales
La amenaza que hizo pública ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de investigar y sancionar a su personal tras la publicación de Animal Político de documentos internos con testimonios de secuestros masivos de migrantes en México, va contra las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ayer jueves, la CNDH emitió un comunicado advirtiendo que dio parte a autoridades competentes, sin precisar cuáles, para que se inicie una investigación de su personal con el fin de averiguar cómo obtuvo este medio los documentos que revelan presuntas violaciones graves de derechos humanos en contra de migrantes.
Sin embargo, esta amenaza del organismo autónomo de derechos humanos en México colisiona con lo establecido por la ONU en septiembre de 2015, cuando el entonces relator especial sobre la protección al derecho de la libertad de expresión, David Kaye, emitió un informe sobre la protección de derechos humanos de personas informantes.
En este documento, que puedes checar aquí, en su artículo 64 establece claramente que “revelar violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario nunca debería dar lugar a la aplicación de sanciones de ninguna índole”.
Incluso, en este mismo artículo del informe de la ONU, que es el mismo Estado -en este caso México- el que debe proporcionar “los mecanismos de vigilancia institucionales y externos” para ofrecer “canales de protección eficaces a quienes denuncien irregularidades”.
Es decir, según lo establecido por la ONU, lejos de sancionar a funcionarios que revelen irregularidades, como casos de violaciones de derechos humanos, el Estado mexicano debe protegerlos y no perseguirlos. Ya que, de hacerlo, se estaría consolidando “una cultura de silencio, secreto, y miedo dentro y fuera de las instituciones” gubernamentales.
Expertos en derecho internacional consultados por este medio explicaron que estas disposiciones de la ONU, si bien no son estrictamente obligatorias para México, si constituyen una recomendación para que el país cumpla con la firma de tratados internacionales a los que está adscrito en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
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Por ello, en otro informe publicado de manera conjunta por la ONU y la CIDH en 2018, los relatores especiales de derechos humanos publicaron entre sus recomendaciones la necesidad de que México adopte leyes concretas y un marco legal para proteger a las fuentes periodísticas y a las personas alertadoras que denuncian irregularidades en los gobiernos. Cosa que, hasta el momento, no ha sucedido.
“Ahora mismo no existe un marco jurídico de ley en México, aunque ya se está trabajando”, señaló en entrevista Priscila Ruíz, de la organización Artículo 19.
“No obstante -precisó la abogada-, México sí es parte de tratados internacionales en materia de derechos humanos y de libertad de expresión, en los que se señala que debe haber confidencialidad, anonimato, y protección integral de personas alertadoras de casos de corrupción y violaciones a derechos humanos”.
En el caso concreto de la investigación revelada por Animal Político, la abogada detalló que “al tratarse de un tema de interés público, que visibiliza además presuntas violaciones graves a derechos humanos de migrantes”, las fuentes “deben ser protegidas y en ningún momento perseguidas, ni criminalizadas” por la CNDH.
“La Comisión no puede caer en la criminalización, ni exponer públicamente a las personas que visibilizaron esta situación de violaciones graves en contra de migrantes. Porque, al exponerlas, esas personas podrían sufrir riesgos a su integridad física y emocional, y la responsabilidad sería de la CNDH”, advirtió la abogada.
Cultura del ocultamiento
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, organización civil defensora de la libertad de expresión, dijo también en entrevista que están trabajando junto a otras organizaciones civiles, como Fundar y Poder, y con la Secretaría de la Función Pública, para elaborar un proyecto de ley que otorgue un marco de protección a las personas alertadoras que están al interior de la Administración Pública Federal, y que parte de esa discusión es, precisamente, incluir a los órganos autónomos, como la CNDH.
Pero, mientras ese proyecto se concreta, Maldonado dijo estar “muy preocupado” con la respuesta pública de la CNDH a la revelación de testimonios de migrantes.
“Nos preocupa que la CNDH, con manifestaciones públicas como la de ayer, busca amedrentar a quienes están alertando sobre posibles violaciones graves a derechos humanos, siendo, además, que hay un marco internacional para proteger este tipo de filtraciones que revelan posibles casos de corrupción y de violaciones graves a derechos humanos”, apuntó.
“Parece que la CNDH tiene invertidas sus prioridades -añadió Maldonado-. Porque, en lugar de dar pie a una recomendación o informe especial sobre la situación de agresiones sistemáticas que siguen sufriendo las personas migrantes a su paso por nuestro país, están más preocupados en profundizar en la cultura del ocultamiento y la secrecía que tanto daño ha hecho a México”.
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