Honduras. Garífunas denuncian por crímenes de lesa humanidad a presidente Asfura
Por Marcia Perdomo. Criterio.hn_Resumen Latinoamericano 14 de septiembre 2026.
Mientras el Estado incumple sentencias de la Corte IDH que protegen territorios garífunas, sus liderazgos denuncian penalmente a funcionarios por una persecución que, sostienen, responde a motivos étnicos y culturales, entre otros.
Liderazgos garífunas, con acompañamiento de pueblos indígenas y campesinos, presentaron una denuncia penal por crímenes de lesa humanidad por la persecución contra sus colectivos por motivos étnicos, culturales y otros, a los funcionarios que participen en actos de criminalización y desalojos ejecutados en el marco de la implementación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial (107-2026).
Entre los señalados están los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), presidido por el mandatario Nasry Asfura, e integrado por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano; el presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo; el Fiscal General del Ministerio Público, Pablo Emilio Reyes Theodore; el titular de la Secretaría de Seguridad, Gerzón Onan Velásquez Aguilera; y el titular de la Secretaría de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard. Asimismo, fiscales y otros funcionarios que participen en la criminalización y desalojos ejecutados en el marco del Decreto 107-2026.
Miriam Miranda, lideresa garífuna y coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), tras interponer la denuncia manifestó: “No somos delincuentes, no somos terroristas. Ellos son terroristas, ellos son criminales, ellos son asesinos. ¿Por qué son los que buscan a nuestro pueblo? ¿Por qué los persiguen? ¿Por qué están siempre dispuestos a reprimir al pueblo? ¿Saben por qué, compañeros y compañeras? Porque tienen miedo del pueblo. Tienen miedo de que este pueblo un día los va a llamar al orden”.
La alocución es en referencia a la criminalización que se realizó contra cinco personas defensoras de la tierra y el territorio en la comunidad garífuna de San Juan en Tela, caribe hondureño, quienes fueron acusados bajo el delito de usurpación tras un violento desalojo ejecutado al amparo de la cuestionada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
San Juan es una de cuatro comunidades garífunas beneficiadas con fallos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), encontró al Estado de Honduras responsable por vulnerar el derecho a la propiedad colectiva. Pese a este antecedente y a que el Estado aún no realiza el correspondiente saneamiento territorial, el pasado 6 de julio realizó el desalojo violento en la comunidad.
Miranda, quién junto a liderazgos del pueblo garífuna ha acampado por un mes frente a la Corte Suprema de Justicia exigiendo el cumplimiento de las sentencias y el cese de la criminalización contra los defensores, recordó que contrario a quienes solo piensan en reprimir a la población, ellos sí creen en el Estado de Derecho, en la democracia y que “la ley debe prevalecer sobre la barbarie”.
La reconocida lideresa señaló que pese a la campaña difundida mediante la cual han querido posicionar ante la opinión pública que el pueblo garífuna no dialoga, buscan orillarles a la violencia que desde el gobierno se ejerce. “No van a lograr su objetivo. Nosotros somos civilizados y civilizadas. […] Ellos quieren vernos como animales. Ellos quieren vernos como que, nosotros queremos o estamos buscando violencia”, afirmó Miranda en las gradas del Ministerio Público.
Ayer, miércoles 9 de septiembre, la Alianza Campesina, Indígena, Garífuna y Popular de Honduras, leyó un pronunciamiento frente al Instituto Nacional Agrario (INA), exigiendo el cese de los desalojos y la destitución del director de dicha institución, Javier Talavera. La lectura del documento se realizó en un ambiente de tensión por las amenazas de desalojo por parte de la Policía.
El Código Penal de Honduras castiga el crimen de lesa humanidad con penas de treinta años a prisión a perpetuidad, pérdida de la nacionalidad e inhabilitación absoluta por el mismo periodo. El artículo 139 establece que este crimen se configura cuando alguno de los actos enumerados en la norma es cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entre esas conductas se incluye la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos reconocidos como inaceptables por el Derecho Internacional.
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