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viernes, 27 de octubre de 2017

  • Stanley Michael Lynk habla en una conferencia de prensa en la sede de ONU en Nueva York, 26 de octubre de 2017.
Publicada: viernes, 27 de octubre de 2017 17:23
Un relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pide sanciones y presión al régimen israelí para frenar sus abusos contra los palestinos.
El relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados Palestinos, Stanley Michael Lynk, citó ayer jueves un informe que había realizado a principios de esta semana sobre la situación de los palestinos en los territorios ocupados por Israel y llamó a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre el régimen de Tel Aviv para que se retire de la ocupada Cisjordania.
En una conferencia de prensa en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), Lynk indicó que Israel “es muy dependiente del comercio con el mundo exterior” al responder a una pregunta sobre si las sanciones podrían afectar al régimen de ocupación.
Al mismo tiempo, señaló como vía efectiva susceptible de ofrecer “grandes resultados” que la Unión Europea (UE) y países de otros lugares del mundo no firmen acuerdos con Israel y pongan fin a su cooperación militar y económica con él.
“Si de repente hubiera un entendimiento de que Israel no va a obtener acuerdos comerciales preferenciales con la UE (…) Si, de repente, las muchas y múltiples formas de cooperación militar y económica, o la cooperación académica con Israel, hubieran llegado a su fin (…) Creo que comenzaría a verse un verdadero cambio en la actitud de los ciudadanos israelíes y en la actitud del régimen israelí”, enfatizó Lynk.
El relator especial de la ONU también criticó la situación de los palestinos en Gaza y recordó que la Franja, bloqueada por el régimen israelí desde 2007, todavía “permanece ocupada”.
En los últimos meses, el régimen de Tel Aviv ha intensificado sus actividades de construcción de asentamientos en los territorios palestinos ocupados en flagrante violación del derecho internacional y desafiando la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). La comunidad internacional considera “ilegales” estos asentamientos, además de denunciar la política expansionista de Israel.

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