El secretismo alrededor del plan de vacunación contra la COVID-19 en México
Médicos denuncian que no han recibido la vacuna a días de que termine la primera etapa de la estrategia de inmunización.
El primer lote de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus COVID-19 llega al Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México, el 23 de diciembre de 2020. México se convirtió así en la primera nación latinoamericana en recibir dosis de dicho laboratorio. Archivo ( Manuel Velásquez - Agencia Anadolu )México
Por: Alejandro Melgoza Rocha
La información relacionada con la estrategia nacional de vacunación en México ha sido reservada por el Gobierno mexicano bajo el argumento de “seguridad nacional”, sin que se conozcan detalles sobre cómo se están implementando hasta el momento las cinco etapas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los datos que no han sido revelados por el Gobierno mexicano, se encuentran las listas de los funcionarios públicos del sector salud que han sido vacunados y se encuentran en la línea de combate contra la COVID-19, de acuerdo con 15 oficios de instituciones de salud federales y estatales obtenidos por la Agencia Anadolu, vía la Ley de Transparencia.
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El personal de salud está contemplado en la primera de las cinco etapas para la aplicación de la vacuna y en ese orden, de acuerdo con el comunicado técnico de este lunes, se han vacunado 651.449 con la primera dosis y 456.217 con la segunda. Sin embargo, no se desglosan los padrones por región, unidad de salud y cargos del personal médico.
Por ello, la Agencia Anadolu solicitó el número y relaciones de funcionarios del sector salud que han recibido las dosis desde el 23 de diciembre del 2020, día en que comenzaron a arribar las vacunas. Sin embargo, no proporcionaron la información porque, según señaló el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), contiene documentos y archivos catalogados como “asunto estratégico de seguridad nacional por el Consejo de Seguridad Nacional”.
De acuerdo con la resolución, se trata de información que involucra instalaciones donde se efectúa la vacunación, personal, procesos operativos de resguardo, aprovechamiento de insumos, así como trámites administrativos y jurídicos. No obstante, no ofrece ningún argumento específico en cuanto a cómo afecta la seguridad nacional conocer el padrón de doctores vacunados.
Al respecto, el área de comunicación del Insabi fue consultada y señalaron que de esa información se encarga la Secretaría de Salud SSA –institución central en la política pública de salud del país-. Pero, en otro oficio, respondieron a la Agencia Anadolu que “no localizó ningún documento relacionado” a personal médico vacunado.
Esta problemática ya la ha denunciado en numerosas ocasiones desde su tribuna, y en artículos, la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano. “La falta de transparencia y opacidad han sido la constante en esta administración y el programa nacional de vacunación contra el COVID-19 no es la excepción”, explica López Rabadán en entrevista.
“A la fecha no sabemos con certeza cuántas vacunas se han adquirido y sus condiciones de contratación. Por lo que resulta alarmante la opacidad en el programa nacional de vacunación y un ejemplo es que hayan reservado la información como de seguridad nacional”, agregó la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), el grupo parlamentario que representa a la oposición en la Cámara alta.
Vacunas a cuentagotas
Frente a la reserva de información, la Agencia Anadolu solicitó la misma información a los hospitales regionales y federales del sector salud público en México, de los cuales solo cuatro entregaron información detallada de las vacunaciones.
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El caso del Hospital infantil de México Federico Gómez, localizado en Ciudad de México, señaló que han vacunado a 1.173 trabajadores, al tiempo que en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Ixtapaluca, ubicado en el Estado de México -entidad limítrofe con la capital-, se han registrado 852.
El HRAE del Bajío apuntó que “hasta el momento no ha recibido la vacuna del COVID-19, por lo que no se ha aplicado a ningún funcionario adscrito a nuestra unidad”. En el mismo sentido respondió el HRAE de Yucatán: "Nuestro instituto no ha recibido vacunas contra SARS-COV-2”.
Médicos del sureste entrevistados por la Agencia Anadolu, y quienes pidieron reservar su identidad por temor a represalias, indicaron por un lado que no han recibido la vacuna y, por otro, que no les han colocado la segunda dosis.
“En teoría se iban a vacunar primero los que estuvimos trabajando durante la pandemia. Pero no fue así. Hubo muchas inconformidades. Hasta hoy hay mucho personal médico que no se ha vacunado. Por ejemplo, las enfermeras de la quimioterapia”, narra un doctor del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
De acuerdo con fotos proporcionadas por el Movimiento Nacional de Salud, en ese mismo estado, cuya frontera es Centroamérica, se colgó el pasado 16 de febrero una pancarta a las afueras del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de San Cristóbal de las Casas, que reza:
“En este centro de trabajo, que cuenta con una plantilla de personal de 408, solo han sido vacunados 35 trabajadores […]. Miente señor presidente, miente Sr. Gobernador, miente secretario de Salud, cuando afirma que el 100% de los trabajadores de salud están vacunados”.
No son los únicos. Desde diciembre pasado hasta la fecha, se han registrado protestas del personal médico en Ciudad de México, Yucatán, Campeche, entre otros –sin contar al sector privado que ya ha demandado lo mismo-, por no recibir la vacuna, pues al menos hasta enero pasado, se contabilizaron oficialmente 2.470 defunciones de personal médico.
En cuanto a los hospitales generales “Manuel Gea González” y “Eduardo Liceaga”, ambos en Ciudad de México, y el HRAE de Ciudad Victoria, en el noreste del país, señalaron que no cuentan con la información o que es inexistente. Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y el HRAE de Oaxaca, extendieron el plazo para responder a la solicitud de información realizada.
Finalmente, al igual que el Insabi, el Hospital Juárez de México -también capitalino- reservó la información por cinco años.
“Al presidente habría que recordarle que todos los actos de Gobierno deben contar con el principio de máxima publicidad, sin embargo, desde que fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, ha mostrado su rechazo a la transparencia, es por ello que ahora pretenden eliminar al Instituto Nacional de Acceso a la Información”, apunta la senadora López Rabadán.
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