Apabullante burocracia en la UNAM

 Una vez entregada para publicarse mi anterior columna (28/9/26), había dado por concluido el asunto de los exámenes de control, las trampas acusadas y mi observación sobre la importancia desmedida que suele darse al papeleo en detrimento de lo educativo, y todo ello vinculado con el estanquillo de los llamados servicios escolares de la UNAM. Pero sucedieron dos cosas que cambiaron mi parecer. Al día siguiente, la profesora Amparo Ruiz del Castillo, apreciada amiga y colega, a quien dedico este artículo, escribió unas palabras que agradezco: “Por cierto, cabalmente aplicable al personal docente y demás personas que trabajan en esa mole cada vez más anquilosada”. En efecto, nadie se salva de lo que ahí sucede, y eso también lo debe considerar el lector. Además, pocos días antes, quedé asombrado por una nota de La Jornada (22/9/26), gracias a la que me enteré de que la rectoría, ni tarda ni perezosa, el 21 de septiembre en la Gaceta UNAM, al margen del estudiantado y el profesorado, emitió un acuerdo para transformar, entre las instancias de la secretaría general de la universidad, la Dirección General de la Administración Escolar, convertida ahora en Coordinación de Administración y Servicios Escolares. De repente, me trasladé al pasado. Recordé la parte inferior derecha en la portada del ejemplar del semanario Proceso del lunes 10 de noviembre de 1980, en la que aparece el enunciado con el que da inicio el presente texto, mismas palabras que fueron tomadas del segundo apartado del capítulo III, “La ilusión de la democracia universitaria”, de mi querido libro El autoritarismo en el gobierno de la UNAM, publicado por primera vez en 1982. En aquel entonces me parecía grave la ausencia de democracia en la UNAM, así como el enorme y apabullante aparato burocrático propiciado por el rector Guillermo Soberón. Pero nunca imaginé llegar a las dimensiones de la burocracia universitaria actual, sostenida con lo digital, incluso con la inteligencia artificial. En el acuerdo aludido, de siete páginas de la gaceta, aparece –no podría pasar desapercibida– la figura de la “persona titular de la rectoría”, mencionada cuando menos en ocho ocasiones, para que nadie dude quién manda en la UNAM. Tampoco deja de estar presente en el documento el señalamiento de la “persona titular de la secretaría y la normatividad universitaria” (supongo que en alusión a la secretaría general), que también es mencionada cuando menos ocho veces, ente designado por la persona titular de la rectoría. En el acuerdo, por último, no podría tampoco estar ausente un señalamiento a la “persona titular de la Oficina de la Abogacía General”, también nombrada por la persona titular de la rectoría. Todo perfectamente jerarquizado y controlado. Por otro lado, y es otra de las novedades del acuerdo, se instituye un “Comité Técnico Asesor de Evaluación” (antitrampas), presidido por la persona titular de la secretaría general e integrado por ocho expertos, uno de ellos en el campo de la “sicometría y evaluación educativa”. Falta agregar que la designación inicial de los primeros ocho expertos queda a cargo de la persona titular de la rectoría. Por añadidura, en la segunda y undécima funciones encomendadas a la Coordinación de Administración y Servicios Escolares se regresa al lenguaje añejo de los tiempos del rector Ignacio Chávez, en referencia a la “calidad sicométrica” y los “dictámenes sicométricos” para los procesos de selección del estudiantado; funciones en las que queda perfectamente insertado el naciente Comité Técnico Asesor de Evaluación. No está de más recordar que en 1962 el rector Chávez, padre de la selección universitaria, dejó escrito en su informe del primer año de trabajo (p. 10): “Las pruebas (de selección para ingreso) son múltiples (… ) la tercera es la prueba sicométrica, que informa de la capacidad intelectual, de la potencialidad del alumno, modo de asomarnos a su futuro” (pretendía convencer que aquello quedaba respaldado por la ciencia). La pregunta inmediata: ¿en qué estarán pensando para el control de los futuros exámenes de selección? Habrá que estar atentos a la orientación de las propuestas y decisiones del comité y la coordinación. Para completar, señalo algunos antecedentes sobre la nominación de la instancia universitaria de referencia: adquirió el nombre de Dirección General de Administración Escolar en 1987, cuando el rector Jorge Carpizo restructuró su mandato como consecuencia de la derrota que sufrió del Consejo Estudiantil Universitario (CEU). Antes, a partir de 1970-71, durante la gestión del rector Pablo González Casanova, se instituyó por primera vez una Coordinación de la Administración Escolar, y dicho rector escribió: “La Dirección General de Servicios Escolares (...) inició los trabajos de su reorganización para pasar de ser un órgano político-administrativo a un órgano técnico-administrativo” (Informe de labores mayo 1970-mayo 1971, p. 19). Coordinación que anteriormente se llamó Dirección General de Servicios Escolares, misma que en 1947, con menos pretensiones, se nominaba Dirección de Servicios Escolares, y así para atrás. Acerca de la democracia en la UNAM, frenada por la burocracia, cedo la palabra a Pablo González Casanova, quien, en momentos difíciles, asediado, expresó lo siguiente, aunque no tuvo tiempo de que su pensamiento se contagiara en la institución: “Por su parte, las autoridades universitarias deben precisar y proponer un programa mínimo para cambiar, incrementar y mejorar las organizaciones ejecutivas y representativas de todas y cada una de las escuelas, facultades e institutos, y de la universidad en su conjunto (…) comprometiéndose a terminar de una vez por todas con el antiguo sistema de autoridad personal, que se encuentra en profunda crisis, para convertirlo, junto con los profesores y estudiantes, en un nuevo sistema de autoridad institucional en el que la comunidad fije, con la mayor precisión posible, las reglas de conducta y haga de ellas normas de acción que eliminen el arbitrio personal de cualquier miembro de la comunidad universitaria, objetivo perfectamente factible si todos los miembros de la comunidad, que consideran valiosa la defensa de la institución, se proponen consolidar o implantar las formas de gobierno más adecuadas, aquellas que le permitan alcanzar sus fines esenciales, descentralizando las fuentes de decisión de una organización cada vez más grande y compleja, y democratizando la toma de decisiones en las distintas comunidades de trabajadores intelectuales –profesores y estudiantes–, a fin de permitir una administración cada vez más eficiente de la educación superior y de la investigación (…) Lo que necesitamos es restructurarnos descentralizando decisiones y disminuyendo al máximo el aparato administrativo” (“¿Qué debe hacer la UNAM y cómo puede hacerlo?”, en Gaceta UNAM, 20/9/1972). Coletilla: el control burocrático está en todos los renglones de la vida universitaria: finanzas, legislación, administración, información, publicaciones, docencia, investigación, difusión, etcétera. Y todo arropado en la autonomía universitaria. Urge poner al centro la educación liberadora en la UNAM, así como acotar el significado y alcances de los acuerdos expedidos por la rectoría. ¡Elevemos la mirada de la educación! *Profesor en la UNAM jimenezmyt@gmail.com