OPINIÓN: Justicia y derechos humanos, las 'tareas incumplidas' de Peña
El presidente de México debe ofrecer un nuevo rostro ante las víctimas de la violencia y distribuir mejor los recursos
Por Jaqueline Sáenz, Diego de la Mora y Juan Carlos Lavín
Miércoles, 27 de noviembre de 2013 a las 09:46
Miércoles, 27 de noviembre de 2013 a las 09:46
El presidente de México Enrique Peña Nieto durante el Segundo Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad + Policías, en octubre pasado (Getty Images/Archivo).
Lo más importante
- La administración de Peña Nieto arrastra algunos pendientes como en derechos humanos y procuración de justicia
- El presidente logró algunas reformas, pero no han sido suficientes
- La promesa de regular la publicidad oficial parece haber quedado en letra muerta
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Nota del editor: Los autores colaboran en el Centro de Análisis e Investigación, Fundar. Sigue la cuenta de Twitter @FundarMexico.
(CNNMéxico) — La administración del presidente Enrique Peña Nieto arrastra pendientes en materia de procuración de justicia, respeto a derechos humanos e implementación eficiente de recursos, según lo visto en su primer año al frente del gobierno federal.
1. PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A pesar de que la Ley General de Víctimas está vigente desde enero de 2013, su implementación ha sido lenta; no fue posible contar con avances sustanciales en su estructura y órgano rector —que sería la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas—, y en consecuencia no hubo previsión de recursos adecuados para su funcionamiento en 2014.
Mientras, la expedición de un Código de Procedimientos Penales Único, que en principio debería facilitar la implementación del nuevo sistema de justicia penal, no ha sido aprobado. A la par, el tiempo para que los juicios orales tengan plena vigencia se agota —el plazo culmina el 18 de junio de 2016—.
De igual manera, continúa siendo un pendiente el límite al uso de la jurisdicción castrense como un medio de control civil sobre el Ejército, necesario en un país que se dice democrático.
Mientras, recientemente, en el marco del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, México fue examinado por la comunidad internacional y fueron emitidas más de 100 recomendaciones en diversos temas y problemáticas.
Además, hace poco ganó un lugar en el Consejo de Derechos Humanos encargado de realizar dicho examen, por lo que debería ser congruente aceptar aquellas recomendaciones indispensables para el avance en la materia. Esto implica un compromiso no solo en el discurso, sino con acciones precisas y cambios estructurales, más allá de acciones legislativas y la creación de programas que no atienden los problemas de raíz.
En la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) resaltó la falta de participación efectiva de grupos sociales, pueblos y comunidades indígenas, tal y como lo señala la Ley de Planeación.
2. PRESUPUESTO
Este año se han discutido y aprobado reformas muy relevantes para las finanzas públicas.
La reforma hacendaria logró ajustar una serie de impuestos para hacerlos más progresivos (ISR a personas físicas con ingresos superiores a 60,000 pesos y la transformación de la consolidación fiscal, por ejemplo); introducir otros que recaudan desde actividades lucrativas que no estaban gravadas (como las operaciones en bolsa o la extracción minera); generar impuestos para productos que propician problemas de salud y que generan elevados costos para el Estado (como las bebidas azucaradas y la comida chatarra); y no gravó alimentos, medicinas, vivienda y colegiaturas escolares.
Sin embargo, privilegió el tema recaudatorio sin proponer grandes cambios a la gestión del presupuesto ni la profundización de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Una reforma que apunta en la dirección correcta es la que ha implementado mecanismos de armonización y homologación contable entre estados, municipios y la federación, aunque se prevén dificultades para su implementación.
El presupuesto destinado a dicho fin (55 millones de pesos) considera la capacitación, la innovación tecnológica, el equipamiento y la adopción de criterios contables en alrededor de 8 mil dependencias y entidades de la administración pública, 2,440 municipios, 16 delegaciones y 32 entidades federativas.
En materia de deuda pública local, se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma a la Constitución para establecer controles efectivos en la materia ante la insostenibilidad y los riesgos para las finanzas públicas de una deuda que, en julio de 2013, ascendía a más de 443 mil millones de pesos.
Nos parece que la reforma, que está pendiente de aprobarse en el Senado, no es suficiente, pues permite acciones que podrían afectar al erario público (como es el rescate de los estados altamente endeudados por parte de la Secretaría de Hacienda, la posibilidad de endeudarse para reestructurar la propia deuda o no garantizar el destino productivo del financiamiento).
En cuanto al uso de los recursos públicos para temas específicos, observamos una tendencia pronunciada en la reducción del presupuesto para aquellos programas que buscan beneficiar a las y los migrantes y sus familias.
Dicho presupuesto pasó de 7 mil millones en 2012, a 3.7 mil millones en 2013 (una reducción de 39% en términos reales). La propuesta para 2014 mantiene esta inercia negativa. Esto significa que el presupuesto no responde ni a los objetivos planteados por el Ejecutivo en el PND ni al principio de progresividad y no regresividad en términos de derechos humanos.
Por su parte, el presupuesto para salud parece insuficiente para la población: aunque en junio de 2013 el Seguro Popular tenía registrados 53.2 millones de beneficiarios (según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012), cerca de 30 millones de mexicanos siguen sin contar con protección en salud.
La centralización y concentración del poder y de las decisiones también parece una tendencia del gobierno actual.
Esto puede observarse tanto en las modificaciones al diseño institucional (por ejemplo, la reincorporación de las tareas de seguridad en la Secretaría de Gobernación o el intento de llevar las de función pública a la SHCP), como en procesos como la negociación presupuestaria en el Congreso de la Unión en la que la presencia de la Subsecretaría de Egresos fue la constante.
Y finalmente, uno de los temas más controvertidos: la publicidad oficial. A casi un año del gobierno de Enrique Peña Nieto, su promesa de regular la publicidad oficial plasmada en el Pacto por México parece haber quedado en letra muerta.
A pesar del cambio de administración, el monto asignado a publicidad oficial para 2014 es similar a lo presupuestado en los últimos tres años y alcanza un monto total de 2,116.02 millones de pesos, lo que equivale a la mitad del recorte en gasto para cultura previsto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2014.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Jaqueline Sáenz, Diego de la Mora y Juan Carlos Lavín.
(CNNMéxico) — La administración del presidente Enrique Peña Nieto arrastra pendientes en materia de procuración de justicia, respeto a derechos humanos e implementación eficiente de recursos, según lo visto en su primer año al frente del gobierno federal.
1. PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A pesar de que la Ley General de Víctimas está vigente desde enero de 2013, su implementación ha sido lenta; no fue posible contar con avances sustanciales en su estructura y órgano rector —que sería la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas—, y en consecuencia no hubo previsión de recursos adecuados para su funcionamiento en 2014.
Mientras, la expedición de un Código de Procedimientos Penales Único, que en principio debería facilitar la implementación del nuevo sistema de justicia penal, no ha sido aprobado. A la par, el tiempo para que los juicios orales tengan plena vigencia se agota —el plazo culmina el 18 de junio de 2016—.
De igual manera, continúa siendo un pendiente el límite al uso de la jurisdicción castrense como un medio de control civil sobre el Ejército, necesario en un país que se dice democrático.
Mientras, recientemente, en el marco del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, México fue examinado por la comunidad internacional y fueron emitidas más de 100 recomendaciones en diversos temas y problemáticas.
Además, hace poco ganó un lugar en el Consejo de Derechos Humanos encargado de realizar dicho examen, por lo que debería ser congruente aceptar aquellas recomendaciones indispensables para el avance en la materia. Esto implica un compromiso no solo en el discurso, sino con acciones precisas y cambios estructurales, más allá de acciones legislativas y la creación de programas que no atienden los problemas de raíz.
En la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) resaltó la falta de participación efectiva de grupos sociales, pueblos y comunidades indígenas, tal y como lo señala la Ley de Planeación.
2. PRESUPUESTO
Este año se han discutido y aprobado reformas muy relevantes para las finanzas públicas.
La reforma hacendaria logró ajustar una serie de impuestos para hacerlos más progresivos (ISR a personas físicas con ingresos superiores a 60,000 pesos y la transformación de la consolidación fiscal, por ejemplo); introducir otros que recaudan desde actividades lucrativas que no estaban gravadas (como las operaciones en bolsa o la extracción minera); generar impuestos para productos que propician problemas de salud y que generan elevados costos para el Estado (como las bebidas azucaradas y la comida chatarra); y no gravó alimentos, medicinas, vivienda y colegiaturas escolares.
Sin embargo, privilegió el tema recaudatorio sin proponer grandes cambios a la gestión del presupuesto ni la profundización de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Una reforma que apunta en la dirección correcta es la que ha implementado mecanismos de armonización y homologación contable entre estados, municipios y la federación, aunque se prevén dificultades para su implementación.
El presupuesto destinado a dicho fin (55 millones de pesos) considera la capacitación, la innovación tecnológica, el equipamiento y la adopción de criterios contables en alrededor de 8 mil dependencias y entidades de la administración pública, 2,440 municipios, 16 delegaciones y 32 entidades federativas.
En materia de deuda pública local, se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma a la Constitución para establecer controles efectivos en la materia ante la insostenibilidad y los riesgos para las finanzas públicas de una deuda que, en julio de 2013, ascendía a más de 443 mil millones de pesos.
Nos parece que la reforma, que está pendiente de aprobarse en el Senado, no es suficiente, pues permite acciones que podrían afectar al erario público (como es el rescate de los estados altamente endeudados por parte de la Secretaría de Hacienda, la posibilidad de endeudarse para reestructurar la propia deuda o no garantizar el destino productivo del financiamiento).
En cuanto al uso de los recursos públicos para temas específicos, observamos una tendencia pronunciada en la reducción del presupuesto para aquellos programas que buscan beneficiar a las y los migrantes y sus familias.
Dicho presupuesto pasó de 7 mil millones en 2012, a 3.7 mil millones en 2013 (una reducción de 39% en términos reales). La propuesta para 2014 mantiene esta inercia negativa. Esto significa que el presupuesto no responde ni a los objetivos planteados por el Ejecutivo en el PND ni al principio de progresividad y no regresividad en términos de derechos humanos.
Por su parte, el presupuesto para salud parece insuficiente para la población: aunque en junio de 2013 el Seguro Popular tenía registrados 53.2 millones de beneficiarios (según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012), cerca de 30 millones de mexicanos siguen sin contar con protección en salud.
La centralización y concentración del poder y de las decisiones también parece una tendencia del gobierno actual.
Esto puede observarse tanto en las modificaciones al diseño institucional (por ejemplo, la reincorporación de las tareas de seguridad en la Secretaría de Gobernación o el intento de llevar las de función pública a la SHCP), como en procesos como la negociación presupuestaria en el Congreso de la Unión en la que la presencia de la Subsecretaría de Egresos fue la constante.
Y finalmente, uno de los temas más controvertidos: la publicidad oficial. A casi un año del gobierno de Enrique Peña Nieto, su promesa de regular la publicidad oficial plasmada en el Pacto por México parece haber quedado en letra muerta.
A pesar del cambio de administración, el monto asignado a publicidad oficial para 2014 es similar a lo presupuestado en los últimos tres años y alcanza un monto total de 2,116.02 millones de pesos, lo que equivale a la mitad del recorte en gasto para cultura previsto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2014.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Jaqueline Sáenz, Diego de la Mora y Juan Carlos Lavín.
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