Las autodefensas avanzan en la toma de municipios en Michoacán
El Gobierno del Estado reacciona anunciando que no tolerará que los civiles controlen más ciudades
Autodefensas el pasado 26 de octubre antes de entrar en Apatzingán. El doctor José Manuel Mireles, de blanco, en el centro. / SAÚL RUIZ
El desafío de las autodefensas michoacanas ha escalado. Estos grupos de civiles levantados en armas para defender, según ellos, una seguridad que el Estado ha descuidado durante años, llevan varios meses tratando de “liberar de la extorsión del narcotráfico” a los pueblos de la región. Para ello desalojan a las policías municipales y ocupan las alcaldías. El sábado pasado tomaron el municipio de Tancítaro y planean, próximamente, ingresar al de Los Reyes. Ante ello, el Gobernador michoacano, Fausto Vallejo, ya ha anunciado que no permitirá que las guardias comunitarias sigan haciéndose con el control de los pueblos.
No eran más de las nueve de la mañana cuando el sábado pasado grupos de civiles armados de Tepalcatepec y Buenavista se adentraron en Tancítaro. El pueblo, de más de 6.700 habitantes, está situado en la zona occidental del Estado de Michoacán. Lo hicieron, según explicaba este martes un portavoz de las autodefensas, tras romper la tregua de dos semanas concedida al Ejecutivo de la entidad. Apenas el 26 de octubre, guardias comunitarias de hasta seis municipios habían llegado a la ciudad de Apatzingán, bastión del crimen organizado en la región. La intención de los civiles era “librar a los vecinos del acoso del cartel de los Caballeros Templarios”, una escisión de la Familia Michoacana aparecido en 2011. La intervención fue repelida mediante granadas en la plaza principal del pueblo, donde las autodefensas planeaban dar un mitin. Iban sin armas después de que el Ejército les quitase todas lo que llevaban encima. Habían pasado dos días de la vuelta a la gubernatura del Estado de Fausto Vallejo, líder del PRI ausente durante cinco meses por una enfermedad nunca identificada oficialmente. Las autodefensas creyeron entonces que su regreso podría suponer un cambio en la estrategia institucional contra el narcotráfico. Su sustituto y actual secretario de Gobierno, Jesús Reyna, “había sido incapaz de afrontar el problema debido a sus relaciones con el crimen organizado”, denunciaron, aunque sin pruebas, las guardias en julio. Precisamente, este mismo martes, el que fuera gobernador en funciones declaró públicamente que no habrá un municipio más tomado por las autodefensas. El motivo alegado fue que el Ejecutivo federal, que dirige Peña Nieto, tiene ya una estrategia para acabar con el crimen organizado.
“Nada ha cambiado desde el regreso de Fausto, por eso decidimos intervenir por nuestra cuenta en Tancítaro”, reconocía ayer el doctor José Manuel Mireles, uno de los líderes del movimiento de autodefensas en Michoacán. En entrevista telefónica, este hombre, 1,90 de estatura, médico de profesión en el municipio de Tepalcatepec, se reconocía “cansado”, aunque ni mucho menos rendido. Él es una de las personas más amenazadas por los Templarios desde que denunciara en junio que la gota que colmó el vaso en la región fueron los abusos contra las esposas e hijas del pueblo. Desde entonces ha tenido que cambiar de teléfono personal y dejar de atender a los medios durante algún tiempo. El sábado formaba parte del dispositivo que fue emboscado en la comunidad de El Pareo, a pocos kilómetros de la cabecera municipal de Tancítaro. Las imágenes difundidas en los medios se refieren a un tiroteo que duró alrededor de 15 minutos. A cuatro kilómetro, el Ejército aguardaba para desarmarlos antes de la entrada al poblado. Lo mismo que había sucedido en Apatzingán tres semanas antes. “Cámbiese la playera”, le dijo un militar en aquella ocasión ya por la noche, mientras las guardias, escoltadas por el Ejército y la Policía Federal aguardaban a que los agentes retirasen un trailer incendiado en mitad del camino en un área oscura y boscosa. “Póngase algo de color negro. Lleva usted todo el día de blanco y es fácilmente reconocible. En esta zona, cualquiera puede dispararle a distancia sin problema”, explicaba el militar de pie en la calle, al otro lado del vidrio del carro en el que viajaba el médico.
“El siguiente paso es el municipio de Los Reyes”, asegura Mireles. En la carretera que llega a esta localidad los Templarios dejaron a finales de septiembre tres cabezas. “Allí fueron los últimos secuestros y ejecuciones, esperamos a que la población se levante para ir a apoyarlos”. Fue así como procedieron el sábado en Tancítaro, donde con la colaboración de los vecinos lograron en unas horas tomar la plaza principal y la presidencia municipal. El alcalde -“es de los nuestros”, dice el doctor- aquel día no estaba y regresó el martes en medio de nuevos enfrentamientos en la comunidad de Zirímbaro que a falta de confirmación oficial, podrían haber dejado un muerto. “Hasta el momento, tenemos dos compañeros muy graves ingresados en un hospital privado y otros seis con heridas superficiales”.
El conflicto en Tierra Caliente, una región económica que abarca municipios de Guerrero y Michoacán donde la población vive fundamentalmente de la ganadería y del cultivo de frutas como el limón, se ha convertido en los últimos meses en un nuevo-viejo desafío para el Ejecutivo de Peña Nieto, heredero de un problema que estalló durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012) con la llamada guerra contra el narco. A principios de noviembre el Ejército se desplegó en el Puerto Lázaro Cárdenas, el primero del país en cuanto a volumen de carga general y punto de entrada y salida del Pacífico mexicano. Por su valor estratégico, desde 2006, los carteles de la droga–Familia Michoacana, primero, y Caballeros Templarios, después- habían tomado el control de la actividad en el área permitiendo el tráfico ilegal de sustancias, como la cocaína o los precursores químicos para la fabricación de metanfetaminas. La extorsión sobre todos los negocios del lugar salió a luz con la intervención militar.
Sin embargo, la recuperación de Lázaro Cárdenas no ha terminado con el problema de la inseguridad en la entidad. “Las autodefensas no vamos a parar hasta que el Estado de Michoacán esté libre de criminales, de cualquier cartel, pero hasta que esté libre", decía el sábado Mireles durante la toma de Tancítaro, que fue retransmitida a la audiencia en diferido.
“Qué bueno que se hizo [el despliegue militar en el puerto], pero con eso no basta. No se desmantela a los Templarios, solo se dificulta su actividad. Tampoco se soluciona el problema de las guardias comunitarias ni la crisis política que vive la entidad”, comentaba el investigador Alejandro Hope hace unos días. “Estamos ante un problema nuevo, un conflicto político militar”, aseguraba.
“Una Guerra”, prefería llamarlo Josefina, de 42 años, integrante de Mujeres apoyando al Movimiento de Tepalcatepec, levantado en armas el 24 de febrero. “Se vienen tiempos difíciles, vamos a tener que pasar días encerrados en casa”. En su opinión, la de muchos a quienes representa, el siguiente paso político es la independencia de todos los municipios organizados contra el narco, asociación en uno solo y establecimiento directo de relaciones con el Gobierno de la Federación.
Jaime Rivera Velázquez, politólogo y profesor de la Universidad Michoacana, considera que es difícil predecir el futuro. “Yo entiendo la formación de las autodefensas y el que se extiendan a otros pueblos. Es una reacción a la ausencia prolongada del Estado”. El profesor cree que en algún momento la intervención del Ejecutivo federal puede llegar a ser inevitable. “El Gobierno de Peña ha encontrado en las autodefensas un aliado incómodo, pero al fin y al cabo, aliado. Sin embargo, es muy difícil mantener este frágil equilibrio. En cualquier momento puede ocurrir un enfrentamiento de grandes dimensiones que sacuda al país y que obligue al Gobierno federal a una mayor intervención policiaca, militar y también política, que sustituya a los gobiernos municipales que son rehenes o cómplices del crimen organizado”. En este sentido, sí cree posible que la población acepte una relación directa con el Gobierno central.
En opinión de Rivera Velázquez, la ineficacia del Ejecutivo estatal van más allá de la seguridad: “Finanzas publicas saqueadas de forma impune, educación o degradación de poderes locales que han creado una situación exasperante”, asegura. El politólogo señala dudas acerca de la coordinación Federación-Estado en la lucha contra el narco. “Puede ser contraproducente”, y explica: “La seguridad pública de Michoacán y la Procuraduría (fiscalía) en años anteriores estuvieron pasivas e incluso coludidas con el crimen, por lo que hoy el Gobierno cuenta con agentes que pueden mantener estas relaciones”. Jaime Rivera reconoce que a veces se pregunta si Michoacán “está al borde de una guerra civil”. Él mismo se responde: “Hay algunos indicios de que la situación podría evolucionar hacia eso en algunas zonas, pero solo en algunas. En otras la población ya se ha acostumbrado a esta situación y la vive con normalidad. Aunque no lo sea”.
La panista, más conocida como Cocoa, relató que los legisladores desconocían antes del encuentro que sus interlocutores eran personas ligadas al crimen organizado, por lo que solo mantuvieron una reunión, aunque en entrevista radiofónica no quiso dar más detalles de la misma.
La excandidata ha dado a conocer el encuentro después de que los grupos de autodefensa por Michoacán hayan intentado reunirse con autoridades y legisladores. “Si el otro día recibimos a los Templarios en el Senado, no veo por qué no reunirnos con sus oponentes, que piden a gritos respeto por la vida. Por lo que veo en los vídeos, están en esa parte de tratar de rescatar y devolver a los ciudadanos sus ciudades limpias”, aseguró Luisa María Calderón.
Por su parte, el líder de la bancada priista en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, pidió a Calderón identificar a los presuntos Caballeros Templarios.
Según su versión, el 17 de octubre, una comisión de diez personas del grupo denominado “Por la Decencia y Paz de Apatzingán” ingresó en el recinto legislativo, y a decir de la hermana del expresidente, entre ellos habría integrantes del grupo criminal.
“Miren, yo le dije (al senador del PRI, Omar Fayad) yo te pido que no los recibamos, yo tengo la sensación de que los mandan los templarios. Uno de ellos se dirigió al senador Fayad y le dijo: es que desde que el presidente Calderón nos declaró la guerra. Yo voltee y dije ¡Ay Dios!”
No es la primera vez que la senadora se ve envuelta en una polémica por sus declaraciones. En el mes de octubre, aseguró que el Gobernador de Michoacán tenía vínculos con el crimen organizado. Ese mismo día, Fausto Vallejo emitió un comunicado negando las acusaciones en el que anunciaba una demanda contra la senadora por difamación.
No eran más de las nueve de la mañana cuando el sábado pasado grupos de civiles armados de Tepalcatepec y Buenavista se adentraron en Tancítaro. El pueblo, de más de 6.700 habitantes, está situado en la zona occidental del Estado de Michoacán. Lo hicieron, según explicaba este martes un portavoz de las autodefensas, tras romper la tregua de dos semanas concedida al Ejecutivo de la entidad. Apenas el 26 de octubre, guardias comunitarias de hasta seis municipios habían llegado a la ciudad de Apatzingán, bastión del crimen organizado en la región. La intención de los civiles era “librar a los vecinos del acoso del cartel de los Caballeros Templarios”, una escisión de la Familia Michoacana aparecido en 2011. La intervención fue repelida mediante granadas en la plaza principal del pueblo, donde las autodefensas planeaban dar un mitin. Iban sin armas después de que el Ejército les quitase todas lo que llevaban encima. Habían pasado dos días de la vuelta a la gubernatura del Estado de Fausto Vallejo, líder del PRI ausente durante cinco meses por una enfermedad nunca identificada oficialmente. Las autodefensas creyeron entonces que su regreso podría suponer un cambio en la estrategia institucional contra el narcotráfico. Su sustituto y actual secretario de Gobierno, Jesús Reyna, “había sido incapaz de afrontar el problema debido a sus relaciones con el crimen organizado”, denunciaron, aunque sin pruebas, las guardias en julio. Precisamente, este mismo martes, el que fuera gobernador en funciones declaró públicamente que no habrá un municipio más tomado por las autodefensas. El motivo alegado fue que el Ejecutivo federal, que dirige Peña Nieto, tiene ya una estrategia para acabar con el crimen organizado.
“Nada ha cambiado desde el regreso de Fausto, por eso decidimos intervenir por nuestra cuenta en Tancítaro”, reconocía ayer el doctor José Manuel Mireles, uno de los líderes del movimiento de autodefensas en Michoacán. En entrevista telefónica, este hombre, 1,90 de estatura, médico de profesión en el municipio de Tepalcatepec, se reconocía “cansado”, aunque ni mucho menos rendido. Él es una de las personas más amenazadas por los Templarios desde que denunciara en junio que la gota que colmó el vaso en la región fueron los abusos contra las esposas e hijas del pueblo. Desde entonces ha tenido que cambiar de teléfono personal y dejar de atender a los medios durante algún tiempo. El sábado formaba parte del dispositivo que fue emboscado en la comunidad de El Pareo, a pocos kilómetros de la cabecera municipal de Tancítaro. Las imágenes difundidas en los medios se refieren a un tiroteo que duró alrededor de 15 minutos. A cuatro kilómetro, el Ejército aguardaba para desarmarlos antes de la entrada al poblado. Lo mismo que había sucedido en Apatzingán tres semanas antes. “Cámbiese la playera”, le dijo un militar en aquella ocasión ya por la noche, mientras las guardias, escoltadas por el Ejército y la Policía Federal aguardaban a que los agentes retirasen un trailer incendiado en mitad del camino en un área oscura y boscosa. “Póngase algo de color negro. Lleva usted todo el día de blanco y es fácilmente reconocible. En esta zona, cualquiera puede dispararle a distancia sin problema”, explicaba el militar de pie en la calle, al otro lado del vidrio del carro en el que viajaba el médico.
Nada ha cambiado desde el regreso de Fausto, por eso decidimos intervenir por nuestra cuenta en Tancítaro
El conflicto en Tierra Caliente, una región económica que abarca municipios de Guerrero y Michoacán donde la población vive fundamentalmente de la ganadería y del cultivo de frutas como el limón, se ha convertido en los últimos meses en un nuevo-viejo desafío para el Ejecutivo de Peña Nieto, heredero de un problema que estalló durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012) con la llamada guerra contra el narco. A principios de noviembre el Ejército se desplegó en el Puerto Lázaro Cárdenas, el primero del país en cuanto a volumen de carga general y punto de entrada y salida del Pacífico mexicano. Por su valor estratégico, desde 2006, los carteles de la droga–Familia Michoacana, primero, y Caballeros Templarios, después- habían tomado el control de la actividad en el área permitiendo el tráfico ilegal de sustancias, como la cocaína o los precursores químicos para la fabricación de metanfetaminas. La extorsión sobre todos los negocios del lugar salió a luz con la intervención militar.
Sin embargo, la recuperación de Lázaro Cárdenas no ha terminado con el problema de la inseguridad en la entidad. “Las autodefensas no vamos a parar hasta que el Estado de Michoacán esté libre de criminales, de cualquier cartel, pero hasta que esté libre", decía el sábado Mireles durante la toma de Tancítaro, que fue retransmitida a la audiencia en diferido.
“Qué bueno que se hizo [el despliegue militar en el puerto], pero con eso no basta. No se desmantela a los Templarios, solo se dificulta su actividad. Tampoco se soluciona el problema de las guardias comunitarias ni la crisis política que vive la entidad”, comentaba el investigador Alejandro Hope hace unos días. “Estamos ante un problema nuevo, un conflicto político militar”, aseguraba.
“Una Guerra”, prefería llamarlo Josefina, de 42 años, integrante de Mujeres apoyando al Movimiento de Tepalcatepec, levantado en armas el 24 de febrero. “Se vienen tiempos difíciles, vamos a tener que pasar días encerrados en casa”. En su opinión, la de muchos a quienes representa, el siguiente paso político es la independencia de todos los municipios organizados contra el narco, asociación en uno solo y establecimiento directo de relaciones con el Gobierno de la Federación.
Jaime Rivera Velázquez, politólogo y profesor de la Universidad Michoacana, considera que es difícil predecir el futuro. “Yo entiendo la formación de las autodefensas y el que se extiendan a otros pueblos. Es una reacción a la ausencia prolongada del Estado”. El profesor cree que en algún momento la intervención del Ejecutivo federal puede llegar a ser inevitable. “El Gobierno de Peña ha encontrado en las autodefensas un aliado incómodo, pero al fin y al cabo, aliado. Sin embargo, es muy difícil mantener este frágil equilibrio. En cualquier momento puede ocurrir un enfrentamiento de grandes dimensiones que sacuda al país y que obligue al Gobierno federal a una mayor intervención policiaca, militar y también política, que sustituya a los gobiernos municipales que son rehenes o cómplices del crimen organizado”. En este sentido, sí cree posible que la población acepte una relación directa con el Gobierno central.
En opinión de Rivera Velázquez, la ineficacia del Ejecutivo estatal van más allá de la seguridad: “Finanzas publicas saqueadas de forma impune, educación o degradación de poderes locales que han creado una situación exasperante”, asegura. El politólogo señala dudas acerca de la coordinación Federación-Estado en la lucha contra el narco. “Puede ser contraproducente”, y explica: “La seguridad pública de Michoacán y la Procuraduría (fiscalía) en años anteriores estuvieron pasivas e incluso coludidas con el crimen, por lo que hoy el Gobierno cuenta con agentes que pueden mantener estas relaciones”. Jaime Rivera reconoce que a veces se pregunta si Michoacán “está al borde de una guerra civil”. Él mismo se responde: “Hay algunos indicios de que la situación podría evolucionar hacia eso en algunas zonas, pero solo en algunas. En otras la población ya se ha acostumbrado a esta situación y la vive con normalidad. Aunque no lo sea”.
Denuncian que los Templarios fueron recibidos en el Senado
P. CHOUZA
La senadora Luisa María Calderón, excandidata de la derecha al Gobierno de Michoacán y hermana del expresidente Felipe Calderón, ha asegurado este martes que representantes del cartel de Los Caballeros Templarios fueron recibidos en el Senado por la Comisión de Seguridad. La panista, más conocida como Cocoa, relató que los legisladores desconocían antes del encuentro que sus interlocutores eran personas ligadas al crimen organizado, por lo que solo mantuvieron una reunión, aunque en entrevista radiofónica no quiso dar más detalles de la misma.
La excandidata ha dado a conocer el encuentro después de que los grupos de autodefensa por Michoacán hayan intentado reunirse con autoridades y legisladores. “Si el otro día recibimos a los Templarios en el Senado, no veo por qué no reunirnos con sus oponentes, que piden a gritos respeto por la vida. Por lo que veo en los vídeos, están en esa parte de tratar de rescatar y devolver a los ciudadanos sus ciudades limpias”, aseguró Luisa María Calderón.
Por su parte, el líder de la bancada priista en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, pidió a Calderón identificar a los presuntos Caballeros Templarios.
Según su versión, el 17 de octubre, una comisión de diez personas del grupo denominado “Por la Decencia y Paz de Apatzingán” ingresó en el recinto legislativo, y a decir de la hermana del expresidente, entre ellos habría integrantes del grupo criminal.
“Miren, yo le dije (al senador del PRI, Omar Fayad) yo te pido que no los recibamos, yo tengo la sensación de que los mandan los templarios. Uno de ellos se dirigió al senador Fayad y le dijo: es que desde que el presidente Calderón nos declaró la guerra. Yo voltee y dije ¡Ay Dios!”
No es la primera vez que la senadora se ve envuelta en una polémica por sus declaraciones. En el mes de octubre, aseguró que el Gobernador de Michoacán tenía vínculos con el crimen organizado. Ese mismo día, Fausto Vallejo emitió un comunicado negando las acusaciones en el que anunciaba una demanda contra la senadora por difamación.
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