Mi casa no es tu casa
Según datos del Inegi, 51% de los jóvenes mexicanos (la generación Millennial) ocupados gana alrededor de ocho mil pesos al mes y menos de 5% percibe más de 13 mil pesos mensuales. Debido a la restricción en la cantidad de suelo disponible en la CDMX, en menos de 10 años el precio promedio de un departamento nuevo pasará de un millón de pesos a 3.5 millones. Leíste bien, si tú tienes la fortuna de contar con un empleo en estos tiempos, y tu lugar de trabajo es en el área urbana de la Ciudad de México, necesitarías más de tres millones de pesos para adquirir una vivienda. Lamento decirlo, pero es muy probable que tú que estás leyendo esto no puedas acceder a comprar una casa y te veas obligado a rentar.
En mi caso, la mayor parte de mi vida he rentado, y la verdad es que 99% de los arrendadores en esta ciudad son unos abusivos. Si tú te encuentras en una situación similar a la mía, esto te parecerá muy común:
“Voy a necesitar 12 meses por adelantado, tres fiadores con bien inmueble en la ciudad (no aceptamos del estado), cinco estudios socioeconómicos (que vas a pagar tú) y este seguro de renta de 20 mil pesos. Ah sí, y todo eso me lo voy a terminar quedando yo.”
La semana pasada, las diputadas Valentina Batres y Martha Ávila, de Morena presentaron el proyecto hoy conocido como Ley Anti Propiedad Privada, que propone realizar cambios y adhesiones al Código Civil, para evitar que las personas sean desalojadas de las viviendas que rentan. Con el argumento de que “todo ciudadano mexicano tiene derecho a una vivienda digna”, el proyecto propone que en tiempos de emergencia y en situaciones excepcionales las personas que no puedan pagar la renta puedan negociar o llegar a un arreglo. Las diputadas también sugieren que las personas no puedan ser desalojadas al no cumplir con el pago de la renta acordada en caso de que no exista contrato escrito.
El sector inmobiliario capitalino teme que le vaya a pasar lo que al señor Barriga, que por ser demasiado buena onda terminó perdonándole 14 meses de renta a don Ramón y calificó la propuesta como una aberración intelectual y jurídica que fomenta la invasión de vivienda. Salvador Sacal, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios denunció que detrás del documento están organizaciones como el Movimiento Urbano Popular y la Red de Desalojos de la Ciudad de México.
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El martes hablé de esto en mi cuenta de Twitter y casi en automático recibí miles de respuestas, muchas de ellas acusándome de ser comunista y otras diciéndome que si no me gustan los abusos de los arrendatarios de la CDMX, que me regrese a mi rancho. Por suerte yo puedo volar a “mi rancho”, Mazatlán, a visitar a mi familia cada fin de semana, pero la mayoría de los trabajadores de mi generación no tienen tanta suerte. Como yo, millones de jóvenes se ven obligados a emigrar cada año a la capital en busca de oportunidades que, debido al centralismo en el país, no tienen en sus ciudades de origen. ¿O apoco creían que dejamos a nuestras familias, pueblos, playas y comidas para venir a comer tortas de insectos y respirar smog?
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