A Morena le incomoda el periodismo serio
En 1972, Bob Woodward y Carl Berstein indagaron el caso de espionaje realizado por empleados de la Casa Blanca en el comité del Partido Demócrata, instalado en el edificio Watergate en la capital de los Estados Unidos. Lo publicado en el Washington Post, provocó un escándalo que llevó al Presidente Richard Nixon a la renuncia, la investigación cimbró al mundo provocando el fin de un mandato marcado por las mentiras y la animadversión hacia el periodismo objetivo e independiente. El formidable trabajo de Bernstein y Woodward realizado hace 48 años sigue siendo un referente en las Universidades que imparten la carrera.
La publicación de diversos materiales documentales y videograbados, verificados con testimonios han detonado denuncias que exhiben abusos e interrogan al poder. En el escenario mexicano, sin periodismo de investigación serio no habríamos conocido los detalles de la emboscada en el vado de Aguas Blancas, Guerrero que costó la gubernatura a Rubén Figueroa Alcocer en 1995. Tampoco sabríamos de la participación de grupos paramilitares afines al PRI en la matanza de Acteal en Chiapas, ocurrida en 1997 o en el presente no tendríamos referencias claras del caso Odebrecht y sus implicaciones en diversos países de latinoamérica, y si no, basta con preguntar a Emilio Lozoya Austin.
Es inimaginable una sana vida democrática sin periodismo imparcial, sin medios comprometidos con la búsqueda de noticias que reflejen la realidad con balance, objetividad y sin temor a las represalias.
Recientemente un diputado local de Morena en la Ciudad de México de nombre Eleazar Rubio Aldarán presentó una iniciativa que intenta con perversidad, reinventar los conceptos y objetivos del oficio. Plantea que los periodistas no realicemos investigaciones y nos limitemos a informar sobre los “hallazgos” que provengan de las autoridades ministeriales en casos judicializados. Su barbaridad no se queda ahí, además ha solicitado revivir el tipo penal de difamación en el código penal de la capital (derogado en 2006) que fue usado sistemáticamente para acotar la libertad de expresión.
Para la obtusa perspectiva de Rubio Aldarán que ha ganado con vergüenza notoriedad en los últimos días, la iniciativa de su autoría intenta controlar una función esencial del periodismo. Para este legislador, no estamos para indagar y cuestionar, sino para reproducir los boletines oficiales sobre las diligencias y “novedades” que las autoridades decidan comunicar en un proceso judicial. Si no fuera real, lo interpretaríamos como un chiste de muy mal gusto, producto de la ociosidad legislativa de un ocurrente.
La ideota se desmorona ante el más elemental análisis sobre los avanzados criterios de protección a la libertad de expresión y el derecho a la información que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia. La propuesta de una ley mordaza exhibe la intención para acotar el trabajo de quienes revisamos el proceder de los actores públicos y sus responsabilidades, un legítimo deber social del periodismo.
Sería recomendable que Morena revisara la coherencia y pertinencia de las iniciativas que presentan sus diputados y se pronuncien con claridad sobre el tema, para establecer si es una estrategia generalizada o simplemente es el afán de notoriedad de un oportunista. Entendiendo el costo político para su partido, Claudia Sheinbaum ya se deslindó, expresando que no está de acuerdo con la propuesta.
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EDICTOS Los medios y los periodistas seguimos siendo el blanco de los afanes inquisidores del régimen. Se ha creado un sistema paralelo que pretende ajusticiar a los detractores de la llamada 4T y a los que conviene perseguir en el adelanto de las precampañas. Toda recriminación que implique la presunta comisión de un ilícito debe tener cauces institucionales para evitar sentencias públicas que hacen recordar a Tomás de Torquemada. Las palabras del Presidente no están por encima de la ley, que debe aplicarse con las formalidades del procedimiento que establece la Constitución. Una reflexión que no será parte de los autoelogios con motivo del Segundo Informe de Gobierno y las declaraciones de las muy identificadas hordas promotoras de distractores, en medio de una tragedia humanitaria que ha cobrado la vida de casi 64 mil personas en 6 meses de pandemia mal manejada.
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