Maestros, desapariciones e impunida

  Maestros, desapariciones e impunidad ALBERTO COLIN HUIZAR* La Secretaría de Gobernación anunció 10 medidas interinstitucionales para supuestamente reforzar la Estrategia Nacional de Búsqueda. Estas acciones pretenden consolidar una política más articulada en materia de desaparición de personas, fortaleciendo los sistemas de registro, investigación e identificación humana, así como la ampliación de las capacidades operativas del Estado. Se sugiere incorporar acciones preventivas y espacios de interlocución con colectivos de familiares, con el propósito de coordinar tareas de búsqueda y mejorar la respuesta institucional ante el problema de las desapariciones, que ha alcanzado a nivel nacional al menos a 136 mil personas. Sin embargo, estas 10 acciones no representan nuevos aspectos en el limitado aparato burocrático de atención del problema. La Red Lupa, organismo que ha dado seguimiento al quehacer estatal en materia de búsqueda de personas, apunta que estos elementos ya están considerados en el Protocolo de la Alerta Nacional de Búsqueda publicado a inicios de 2026. Las declaraciones de la Secretaría de Gobernación carecen de un documento fiable donde estos elementos se incorporen a la ley o indique de qué forma, quiénes son los responsables y cómo se van a ejecutar. Parecería que se trata de discursos que buscan producir un terreno mediático donde el Estado enuncia acciones que después no esclarece, por ejemplo, señala que ha encontrado a 16 mil personas, pero no aporta evidencia de tales afirmaciones ni informa las condiciones de estas localizaciones. Estas prácticas estatales son cuestionadas por distintas colectividades de víctimas, centros de derechos humanos y organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que han alertado sobre la existencia de un patrón de impunidad en la búsqueda de personas en México, la tardía identificación de los más de 70 mil restos humanos en poder de las dependencias de gobierno y la llamada aquiescencia de agentes estatales caracterizando las desapariciones como crímenes de lesa humanidad. Una de las 10 acciones propuestas es la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a través de un llamado “grupo técnico” integrado por “expertos” en distintas disciplinas. La opacidad que ha caracterizado al RNPDNO y su metodología de trabajo han hecho dudar a las familias sobre estas iniciativas, las cuales pueden ser utilizadas para disminuir las cifras de la tragedia, como denunciaron las familias de La Glorieta de los Desaparecidos. La importancia del RNPDNO para evaluar la cantidad de personas en dicha condición se minimiza, al no generar conocimiento específico sobre qué sectores de la sociedad han sido víctimas de desaparición, cuáles son sus perfiles y profesiones, pues los procesos de recopilación de datos son ineficientes y muchas veces incorrectos. Para quienes nos interesamos en el ámbito de la educación, es evidente que la desaparición repercute en los miembros de las comunidades escolares, pero no contamos con un diagnóstico de cómo esto nos afecta. Para subsanar este vacío de información oficial, realizamos una investigación sobre las desapariciones de los trabajadores de la educación como un problema aún invisibilizado. Nos preguntamos cuántos docentes han desaparecido en México para aproximarnos al fenómeno y comprender los efectos de este tipo de violencia en el magisterio de educación básica. Dada la ausencia de datos, nuestra metodología consistió en el monitoreo sistemático de información de prensa en medios digitales. Organizamos cada nota para verificar el contexto del episodio, los actores involucrados, registrar el nombre de las víctimas y el nivel educativo en que laboran para tener un registro detallado de las personas señaladas. El universo de información agrupó 177 notas periodísticas, con 203 profesores víctimas de violencia criminal. Los casos responden a 150 varones y 53 mujeres, en un rango de edad entre 20 y 77 años. Los hallazgos revelan de forma preliminar 33 maestros desaparecidos, 27 privados de la libertad, quienes fueron encontrados con vida días después del incidente, y 143 docentes asesinados. La expansión territorial de estos eventos alcanza a 29 estados de la república mexicana y se acota a un registro temporal de 2009 a 2026. Es viable suponer que estos datos que recopilamos son incluso menores de los realmente existentes. Si consideramos aquellos casos denunciados, pero en los cuales las fiscalías no registran la ocupación de la víctima y sumamos los casos no denunciados por los familiares, ya sea por el miedo a las represalias de los grupos delincuenciales o por la desconfianza ante autoridades corruptas en las diferentes instancias estatales, seguramente la cifra es mucho mayor, lo que habla de los desafíos del trabajo de enseñanza en contextos atravesados por violencias y por la susceptibilidad de ser desaparecido. Es necesario construir más conocimiento cualitativo para conocer a las víctimas más allá de los números. * Departamento de Invest