La Jornada
21 de julio de 2013
Alerta Abel Barrera sobre embestida de políticos y de partidos
Retoma el Estado la militarización para controlar la inconformidad: Tlachinollan
Sergio Ocampo Arista
Correponsal
Tlapa, Gro., 20 de julio. Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, advirtió sobre el riesgo de que el Estado mexicano esté utilizando el Ejército y la Marina para contener los movimientos sociales, principalmente en Guerrero.
Entrevistado al concluir el foro Guerrero, epicentro de las luchas de resistencia, realizado con motivo del 19 aniversario de ese organismo, dijo que el Estado mexicano está retomando la estrategia de control social, por medio de la militarización de los territorios.
Está usando tanto a las fuerzas especiales de la Policía Federal, como sucedió con el magisterio, aquí en la entidad, y como al Ejército en distintas regiones y territorios para contener la organización comunitaria. Esa situación es peligrosa, porque puede provocar mayor polarización social, subrayó.
Asimismo, expuso que las autoridades no están entrando en un proceso de diálogo y discusión de proyectos de modelo de desarrollo que permitan a los pueblos expresarse y, sobre todo, respetar sus decisiones.
Desarme de autodefensas
Afirmó que el Ejército funge como actor que está desarmando a las policías comunitarias y amedrenta a las organizaciones sociales y campesinas, como sucede con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), donde ordena vigilar a sus miembros durante sus asambleas, y está tejiendo una red de grupos castrenses a lo largo del territorio comunitario para impedir el libre tránsito de los policías comunitarios”.
Sostuvo que desde las altas esferas se ha ordenado no permitir que las policías comunitarias ejerzan su facultad de procurar justicia y garantizar seguridad. Hay uso excesivo de la fuerza, del Ejército y la Marina para cuestiones más de contención social, y eso nos acerca peligrosamente a una situación de mayor polarización.
Al hacer un balance por los 19 años del centro Tlachinollan, Abel Barrera expresó que en términos de la visión de la lucha por los derechos humanos desde los pueblos es que hay mayor consistencia en los movimientos de resistencia que impulsan organizaciones de pueblos indígenas y campesinos de Guerrero.
Indicó que los protagonistas de estas luchas son las comunidades: ahora los actores colectivos de base están emergiendo como sujetos que cuestionan las políticas que aplican los partidos y las élites en el Pacto por México.
Planteó que se busca un cambio desde las propias comunidades y núcleos agrarios, donde la gente encontró instrumentos de resistencia, y sobre todo de exigencia para que se respeten sus derechos.
Sin embargo, destacó: existe una embestida con mayor fuerza, un cierre de filas de la clase política y de las élites partidistas, expresadas en el Pacto por México, para hacer una serie de reformas que buscan desmantelar las conquistas históricas que se lograron en la Revolución Mexicana, sobre todo en el tema de los derechos territoriales.
En su oportunidad, la coordinadora de la Policía Ciudadana y Popular (PCP) de Telamacatzingo, municipio de Olinalá, Citlali Pérez Vázquez, denunció que la Procuraduría de Guerrero giró 40 órdenes de aprehensión contra integrantes de esta organización comunitaria
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La Jornada
21 de julio de 2013
La administración estatal espera informe de Gobernación para actuar en la Costa Grande
La violencia en Tierra Caliente, por alianza del gobierno con el hampa para explotar minas
Sergio Ocampo y Héctor Briseño
Corresponsales
Tlapa, Gro. 20 de julio. Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, dijo que los casos de personas desplazadas por la violencia en San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán son por culpa del gobierno, que se alió con los grupos de la delincuencia organizada para explotar los yacimientos de oro y uranio descubiertos en esa zona de la Tierra Caliente.
Olivares dijo lo anterior durante su participación en el foro Guerrero, epicentro de las luchas de resistencia, realizado en el municipio de Tlapa con motivo del 19 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Desde el martes pasado, al menos mil 300 personas –entre ellos 217 niños– abandonaron sus viviendas en siete poblados de los municipios de San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, luego de que –aseguraron– recibieron amenazas de muerte de miembros del crimen organizado.
Al respecto, Olivares expuso: Para nosotros, lo que pasa en San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán es prueba clara de que el crimen organizado está controlando un territorio más amplio aquí en Guerrero.
Aseguró que al gobierno “ya no lo toman en cuenta en las comunidades; no solo está perdiendo autoridad como gobierno, sino también capacidad para resolver las necesidades, como hacer justicia.
Sabemos que en otros municipios, como Petatlán, en la Costa Grande, e incluso en Chilpancingo, la capital, las autoridades han reconocido que hay personas desplazadas, recalcó.
Las autoridades son inoperantes en estos momentos; estamos hablando de los tres niveles de gobierno, porque no sólo a la administración federal le compete atender esta situación; el Estado mexicano como tal debe garantizar la seguridad física de los ciudadanos, concluyó.
En tanto, en Acapulco, el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, explicó que la administración guerrerense se encuentra en espera de un informe detallado de autoridades de Gobernación sobre la situación de violencia que priva en la región de Costa Grande, para determinar un plan de acción a seguir en cuanto a las estrategias de seguridad que se tomarán en la zona.
La noche del viernes surgieron versiones de que que hombres armados balearon viviendas en poblaciones de la sierra del municipio de Tecpan de Galeana, El Porvenir Viejo, La Sombra, Bajos de Balsamar y La Sierrita.
En los hechos violentos habría resultado herido el ciudadano Ignacio Salto Villa, y el defensor ecologista José Armando Arreola habría sido secuestrado. Sin embargo, hasta ahora no ha sido confirmado, indicó Martínez Garnelo.
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