El país de un solo hombre
La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser espacio de deliberación de grandes juristas para salvaguardar derechos, no para ser instrumento del poder político.
11 de Febrero de 2019
Por Fernando Belaunzarán*
En democracia, los ciudadanos distribuyen el poder mediante el voto. Cuando la victoria es holgada se entiende que el Ejecutivo tenga mayor margen de maniobra para establecer su programa de gobierno. Pero eso es una cosa y otra hacerse de más poder mediante el control de instituciones diseñadas como contrapeso o que cuentan con autonomía que se vuelve ilusoria.
El presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 53% de la votación, pero para diputados, la coalición que lo postuló tuvo 10 puntos menos, 43%, y en específico Morena el 37%. Sin embargo, dicho partido se hizo de más de la mitad de los legisladores en San Lázaro y con sus aliados rebasa el 60%, gracias al uso de “cachirules” postulados formalmente por otros partidos para darle la vuelta al tope constitucional de 8% de sobrerrepresentación y la suma del PVEM a las filas de la “4T”.
El Congreso está entregado a los deseos del Presidente, no sólo en la aprobación de leyes, sino también en el nombramiento de cargos, donde el Ejecutivo privilegia la cercanía política y personal en las ternas que envía, no obstante, que la independencia es requisito para que cumplan cabalmente con su responsabilidad institucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe ser espacio de deliberación de grandes juristas para salvaguardar derechos, no para ser instrumento del poder político. El reblandecimiento de la división de poderes hasta convertirse en ficción nos regresa al viejo régimen.
Es una lástima que el primer fiscal general de la República haya sido nombrado por el Senado mediante un proceso descaradamente simulado. No obstante, Alejandro Gertz Manero pidió el beneficio de la duda y aseguró que acreditaría su autonomía. Pero no abona a esa intención haber nombrado como fiscales, anticorrupción y de delitos electorales, a dos personas igualmente cercanas al Presidente que fueron anunciadas por éste en campaña para ocupar dichos cargos. La procuración de justicia seguirá subordinada al Ejecutivo, incumpliendo letra y espíritu de la Constitución.
En un país donde se ofrecen contratos por compensación a los inversionistas del NAIM, se entrega sin licitación el manejo bancario de millones de beneficiarios de programas sociales determinados en un censo sin reglas de operación que elaboraron militantes del nuevo partido en el poder, se modifica la NOM de seguridad de transporte de combustibles después de comprar sin concurso cientos de pipas que no cumplían con ella, se mantienen en la opacidad las investigaciones sobre Odebrecht desobedeciendo al Inai, tendremos como responsable de perseguir la corrupción a una amiga del Presidente y de perseguir los delitos electorales a un miembro de su partido; una fórmula de impunidad para los propios y de arbitrariedad para los ajenos que se incrementa al extender la prisión oficiosa.
Si en la justicia avanza de facto el control unipersonal, en la seguridad pública sucede lo mismo. Se plantea que la militarizada Guardia Nacional realice, incluso, investigaciones ministeriales y persiga delitos del fuero común, encimándose sobre las facultades de estados y municipios. Y en los medios de comunicación, el Presidente integró a los dueños de las televisoras en un consejo asesor y domina la agenda pública con sus conferencias mañaneras.
Estamos ante una inusitada concentración de poder que no da signos de saciarse. Si los poderes, órganos autónomos e instituciones se pliegan a la voluntad suprema del Ejecutivo, sacrificaremos la democracia en pos de una República Simulada.
*Integrante de la dirigencia
colegiada del PRD.
colegiada del PRD.
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