Un crimen de Estado, como saben, es un acto criminal en el que participa alguna de las instituciones del Estado.
Si hacemos memoria, recordaremos que al entonces presidente Peña lo responsabilizó, un grupo “lopista”, de haber cometido un crimen de Estado, en el caso de los 43 de Ayotzinapa.
¿La razón?
Poca cosa, que que durante el periplo de levantamiento, traslado, desaparición, asesinato e incineración de los normalistas, participó una institución del Estado.
¡Y tenían razón quienes formularon el planteamiento!
¿Por qué?
Porque, en efecto, en el crimen de los 43 participó la policía de Iguala –policía del PRD, en un gobierno estatal del PRD–, que dio el “pitazo” a los Guerreros Unidos sobre la presencia de los normalistas en el territorio de la “pareja infernal” de los Abarca, en el estado de Guerrero.
¿Recuerdan que el municipio de Iguala y el estado de Guerrero eran gobernados por el PRD? ¿Recuerdan que a José Luis Abarca lo impuso contra la voluntad popular el jefe del PRD, de entonces, López Obrador?
Y vale el recuento memorioso porque hoy, malquerientes de Obrador, acusan al presidente populista de ser culpable de por lo menos dos crímenes de Estado.
¿Dos crímenes de Estado…?
En efecto, el dirigente nacional del PAN declaró y dejó en el ambiente la posibilidad de que la muerte de la gobernadora de Puebla y de su esposo habrían sido producto de un crimen de Estado.
Todos saben que la tragedia que costó la vida a Martha Erika Alonso, la gobernadora de Puebla, y el jefe de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle, no ha sido investigada por el gobierno de Obrador.
Bueno, pues precisamente por primera ocasión, Marko Cortés asumió su papel de jefe del PAN y exigió lo que debió haber reclamado hace por lo menos dos meses; una investigación a fondo, sin pretextos y por los mejores investigadores del mundo.
Sin embargo, lo ridículo del asunto –y por eso cuestionable–, es que legisladores, políticos, activistas y defensores mediáticos de AMLO reaccionaron con una violencia impensable, para el tamaño de la estupidez.
En efecto, sin pensar lo que decían, muchos los lopistas señalaron que si Marko Cortés no tiene pruebas para hablar de “un crimen de Estado”, lo mejor sería , “que se calle”. ¿No es de risa locos?
¿De risa loca…?
Claro, porque el jefe nacional del PAN no estaría exigiendo al gobierno de AMLO una investigación a fondo, si tuviese las pruebas de que la muerte de Martha Erika Alonso fue un crimen de Estado, si supiera quién ordenó y quién ejecutó el crimen de Estado –contra la gobernadora poblana y contra su esposo, el senador Rafael Moreno Valle–; si el jefe del PAN supiera lo que ocurrió, no estaría exigiendo una investigación.
Sin embargo, el señalamiento de “crimen de Estado” no se debe a que existan pruebas de que el Estado cometió tales crímenes. No, de lo que existen evidencias es que el Estado fue omiso en la investigación del crimen de Estado de la gobernadora de Puebla y de su esposo.
¿Y eso qué significa?
De nuevo elemental, que la omisión del Estado en tiempos de López Obrador es de tal manera comprometedora que puede ser vista como un crimen de Estado.
Es decir, que alguna institución del Estado fue omisa en torno a la tragedia que costó la vida a la gobernadora poblana y a su esposo.
Y sí, todo indica que fue un crimen de estado, igual que el de Samir Flores, del que nos ocuparemos en otro momento.
Se los dije.